El 10 de diciembre de 2006, el Hospital Militar daba a conocer el último de los partes médicos respecto a la salud del dictador Augusto Pinochet Ugarte, hospitalizado hace días en el recinto.

El doctor Juan Ignacio Vergara, rodeado de medios de comunicación, informó desde uno de los peldaños del frontis del edificio que Pinochet, el exmilitar que había liderado el golpe de Estado que acabó con la vida del presidente Salvador Allende iniciando una dictadura que dejó más de tres mil desaparecidos y asesinados y otros miles de torturados y exiliados, había muerto a las dos y quince minutos de la tarde.

Un infarto agudo de miocardio se llevó al genocida, desatando uno de los fenómenos más recordados en la historia del país: el pueblo, sin ponerse de acuerdo, en un año en que no existían las redes sociales ni el Whatsapp, se volcó a las calles, reuniéndose todos en la Plaza Italia, epicentro neurálgico de la capital chilena, donde se festejan los triunfos de la selección de fútbol.

Esta vez, el triunfo era mayor, y de manera improvisada, Santiago se vistió de fiesta. 15 mil personas, según el medio Alterinfos se dieron cita para luego marchar hacia el palacio de Gobierno. En el exterior, los exiliados políticos también descorcharon la alegría.

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"Salimos a celebrar, en este carnaval, la muerte de Pinochet, en este carnaval, y nosotros estamos felices con eso, porque él nos cagó nuestra juventud. Desintegró familias, asesinó, degolló y hoy día se murió", dijo a la televisión chilena en ese momento una de las mujeres asistentes, en Plaza Italia.

Fue una alegría extraña, una alegría salada. El dictador estaba muerto, y con su muerte develaba también una dura realidad nacional: Pinochet nunca fue enjuiciado por sus crímenes y, es mas, se encargó de perpetuar las injusticias, heredándole al país el sistema político, económico y social que hoy, en 2017, sigue imperando: la Constitución de 1981.

¿Qué tanta democracia hay en Chile?

En 1980, plena dictadura pinochetista, se redactó una nueva carta constituyente. Estuvo a cargo de una comisión llamada Ortúzar, la que fue liderada por quien es considerado el ideólogo de la Carta Magna, el político de extremaderecha, Jaime Guzmán.

El objetivo en la elaboración del texto fue preservar y garantizar el futuro de las bases ideológicas de la dictadura una vez que esta llegara a su fin. A través de las leyes, entonces, instalar una nueva cultura económica y social que consolidara el modelo neoliberal y el Estado subsidiario, salpicando además parte del conservadurismo ideológico a temas como los derechos de género o los derechos indígenas.

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La desigualdad en Chile (refiriéndonos a la desigualdad económica y social) obtuvo, en 2015, el cuarto mayor índice de pobreza relativa a ingresos entre los 35 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), después de Israel, Estados Unidos y Turquía.

Esta es la herencia de Pinochet que actualmente rige a Chile:

EDUCACIÓN
Chile ostenta el sistema de educación más privatizado y segregado entre los 65 países que utilizan la prueba PISA, que mide los conocimientos de los estudiantes de países pertenecientes a la OCDE. Así lo señaló el informe elaborado por el Foro Chileno por el Derecho a la Educación en 2014.

En el país sureño, la educación pública y gratuita sólo está garantizada para los niveles básicos y secundarios. Estudiar en la universidad no es gratis, ni siquiera las universidades públicas y estatales garantizan ese derecho.

Hasta antes de la dictadura un joven chileno sí podía estudiar gratis. Fue en 1981 cuando Pinochet inició un proceso de completa transformación de la educación en Chile, pasando de ser un Estado benefactor a un Estado subsidiario.

Educación Universitaria: Transfirió fondos públicos, funciones financieras, administrativas y pedágogicas a entes autónomos privados, obligando a las instituciones estatales a políticas de autofinanciamiento, terminando con la educación gratuita.

El régimen cerró las sedes que tenía la Universidad de Chile -universidad estatal de mayor prestigio- en varias regiones (gobernaciones, estados, departamentos) del país. En su lugar, creó nuevas universidades con otros nombres y administraciones, que al no estar al alero de la principal casa de estudios, precarizaron su oferta, volviéndose hoy por hoy instituciones con bajos índices de calidad, en la que -en la mayoría de los casos- sus estudiantes egresan con muchas menos herramientas que los universitarios de la capital.

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Educación básica y secundaria: Además, la educación escolar pasó de ser administrada por el Estado, a depender de cada municipalidad (municipio), generando distintos niveles de calidad, según los niveles de riqueza que tenga tal o cual administración. No es lo mismo estudiar en un liceo público de una municipalidad rica que estudiar en un liceo de una municipalidad pobre. Es por eso que las familias chilenas prefieren matricular a sus hijos en colegios privados antes que en los públicos.

A parte, entregó el 87% de las escuelas públicas a privados, para transformarlas en establecimientos subvencionados (administrados por privados, con aportes del Estado), según indica el Observatorio Chileno de Políticas Educativas (OPECH).

SALUD
La creación de las Instituciones de Salud Previsional (Isapre), nacidas en 1981, al alero de la dictadura, abrió aun más la brecha entre salud pública y privada. Las Isapres, administradas por privados, financian las prestaciones en salud, a las que los chilenos pueden afiliarse pagando altas mensualidades.

La gran parte del pueblo chileno no tiene las condiciones de acceder a una Isapre, por lo tanto, se acoge a otro sistema creado por Pinochet en 1979, llamado Fondo Nacional de Salud (Fonasa) y que reemplazó al antiguo sistema de financiamiento de salud pública llamado Servicio Médico Nacional de Empleados (Sermena).

Fonasa recauda, administra y distribuye los dineros estatales destinados a salud en Chile. Sin embargo, la precariedad de los servicios públicos de salud y el sistema de atención que brinda Fonasa no alcanza para abrazar las necesidades básicas de un enfermo, sometiéndolo a atenderse mediante listas de espera, las que tardan meses -e incluso años- en brindar asistencia.

Es habitual, entonces, que las personas mueran aguardando atención. Para evitar esto, las familias deben costear sus propios tratamientos a través de los conocidos "bingos solidarios" u otras medidas para reunir fondos.

No es casual que exista, por ejemplo, la Teletón, un evento que se realiza una vez año en el país, en que la ciudadanía lleva a cabo una gran colecta nacional para costear el tratamiento de niños y jóvenes con capacidades diferentes, donando dinero a la institución del mismo nombre, que cubre estos tratamientos.

Este acto de solidaridad, pagado casi en su totalidad por el pueblo, se realiza porque el Estado no garantiza la salud de las personas que nacen con impedimentos físicos y motrices.

VIVIENDA
A partir del año 1973, la vivienda comenzó a concebirse como un bien que se adquiere con esfuerzo y ahorro, imponiendo -también en este ámbito- la economía de libre mercado. Estos postulados no sólo se expresaron a través de la adquisición de las mismas, sino también de su diseño y segmentación social.

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Las viviendas sociales, hasta antes de la llegada de Pinochet, eran gratuitas y tenían como principio nivelar socialmente a los más pobres, por tanto sus construcciones destacaban por ser sólidas, amplias y estar emplazadas en sectores urbanizados.

Con la nueva política habitacional de la dictadura, los materiales de construcción e infraestructura fueron llevados al mínimo para acaparar costos, y emplazadas en terrenos que no contaban con desarrollo urbano ni fácil accesibilidad.

Esto, empuja a las familias más pobres que logran pagar el costo de esta casa, a vivir hacinadas en espacios pequeños y de baja calidad de materiales, los que han presentado problemas estructurales para sortear casos de emergencias como lluvias intensas o incendios. Al estar en las periferias, además, potencian la delincuencia y el abandono social.

Recién en el año 2000, a una década del fin de la dictadura, se implementó una política de integración, comenzando a construirse hospitales, colegios, parques y polos comerciales en torno a estas viviendas que, hasta el día de hoy, siguen construyéndose lejos del centro de la ciudad.

TRANSPORTE 
Chile tiene uno de los transportes públicos más caros de la región (En Chile, el pasaje del metro equivale a un 1.13 dólares; En Brasil, 0.99 dólares; En Colombia, 0.67 dólares; y en Argentina, 0.43 dólares).

Esto, porque si bien son "públicos", la administración depende de privados, haciendo que costear un pasaje cueste mucho dinero: Pagar solamente un viaje de ida y vuelta al día, para una persona, durante un mes, equivale al 5% del salario mínimo.

DÉRECHOS DE GÉNERO
En 1989, Pinochet estableció el aborto voluntario como un delito, acabando con el derecho a la interrupción del embarazo. Sólo este año, el 21 de agosto, se despenalizó el aborto en tres causales, posibilitando que una mujer pueda abortar en caso de haber sido violada, en caso de un embarazo que ponga en riesgo su vida o en caso de llevar en su vientre un feto inviable.

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Estas medidas sí eran permitidas por el Estado chileno desde 1931 hasta 1989. Pero el legado de Pinochet estableció que una niña, joven o mujer embarazada producto de una violación, incluso por parte de un pariente, estaba obligada por el Estado a parir.

Si una mujer interrumpía su embarazo, se iba presa. Muchas mujeres murieron durante los 28 años de prohibición al aborto. Otras, que llegaban a los hospitales con hemorragias vaginales, evidenciando un aborto en malas condiciones, eran delatadas por el personal médico, siendo detenidas y juzgadas por la ley, debiendo pagar con cárcel.

PENSIONES
Fue en 1980 cuando Pinochet acabó con el antiguo sistema público y solidario y creó las AFP, (Administración de Fondo de Pensiones), un sistema privado que agrupa a diversas empresas que prestan el servicio y que son costeadas en un 100% por los trabajadores. Los privados son quienes deciden cómo y en qué porcentajes ese dinero será entregado al adulto mayor.

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Las AFP son la única opción del chileno para jubilarse, sometiéndose al rigor del mercado y recibiendo pensiones mediocres, las que -muchas veces- no llegan ni a la mitad del sueldo mínimo actual.

INDÍGENAS
Nunca como en el Gobierno de Salvador Allende, los indígenas habían tenido tantos derechos. Fue durante el mandato del socialista que parte de los terrenos demandados por las comunidades, fueron devueltos en la profundización de la Reforma Agraria impulsada por el anterior presidente, Eduardo Frei Montalva.

Pero en 1978, la dictadura dictó una ley que dio fin a las categorías de terreno impulsadas por Allende de “tierras indígenas”, traspasando los derechos de las hectáreas recuperadas a dominios privados.

Hoy, los mapuche que mantienen la lucha por sus tierras son reprimidos y perseguidos, siendo juzgados bajo la Ley Antiterrorista, creada por Pinochet en 1984, la que dictamina que los delitos considerados de esta índole merecen procedimientos y condenas más duras, como prisión preventiva -cárcel mientras se desarrolla el juicio, sin haberse declarado la culpabilidad o no- y el uso de testigos protegidos en los procesos judiciales.

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Dicha ley, ha sido utilizada para criminalizar a la nación mapuche desde el año 2001. Para el abogado de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, Jorge Contesse, esta "es una ley hecha bajo la lógica de la guerra fría y pese a sus modificaciones lo sigue siendo (...) no se condice con su realidad actual y todavía no alcanza estándares internacionales”.

¿Por qué permanece la Constitución de Pinochet?

Luego de presiones internacionales, el dictador se sometió en 1988 a un plebiscito: Sí, para continuar bajo su mandato; y No, para llamar a elecciones presidenciales. El No ganó con un 55,99 por ciento. De esta manera, se pactó el retorno a la democracia entre Pinochet y partidos políticos liderados por el partido Democracia Cristiana (DC).

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Las elecciones presidenciales 1989, primeras votaciones de esa categoría en Chile en 19 años, dieron como vencedor al DC Patricio Aylwin, quien asumió en 1990.

Pero Pinochet cedió a dejar el poder sólo a costa de ciertas condiciones: Seguiría dentro de las cúpulas de poder ostentando el cargo de Comandante en Jefe del Ejército. Asimismo, su Constitución cementaba el sistema político, social y económico que le permitió la prolongación de sus medidas. Amparándose en ella, aseguró un asiento en el congreso como Senador Vitalicio, que ejerció desde 1998 hasta 2002.

Ninguno de los cinco gobiernos de la Concertación -la socialdemocracia chilena-, que administró el país después de la dictadura (Patricio Aylwin, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Ricardo Lagos y los períodos de Michelle Bachelet) acabó con Constitución de Pinochet.

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Desde el término del régimen han habido 19 modificaciones mínimas en algunos artículos que, de todas maneras, no terminaron con las leyes basales del genocida ni menos con su Constitución. ¿Por qué? Porque estas favorecen los intereses económicos y administrativos del centro y la derecha chilena, que son los que -desde hace 20 años- gobiernan el país del sur.

La Revolución Estudiantil y el cambio de Chile

En 2006, los escolares chilenos levantaron uno de los movimientos más significativos de los últimos 20 años: La revolución pingüina, llamada así en alusión al ave, que comparte la similitud cromática de los colores de los uniformes que visten los estudiantes secundarios. Organizados en todo el país, los adolescentes y jóvenes protestaron haciendo ocupación de sus colegios y liceos en exigencia de una nueva ley de educación.

Este fue el pie inicial a una resignificación de la lucha estudiantil, impulso que logró que cinco años más tarde, en 2011, secundarios, y esta vez, universitarios, lideraran una movilización que trascendió fronteras. Durante ocho meses, el país se paralizó en torno a una única demanda: Educación Pública, Gratuita y de Calidad.

A partir de ese movimiento, el país vivió un cambió social fundamental: por primera vez en décadas, las decisiones fundamentales del país, dejaron de ser meras informaciones emanadas desde la clase política a la ciudadanía. La voz de la calle fue -y es, a partir de ese momento en el país- una nueva fuerza de cambio. Desde el año 2011, y a partir de la lucha de los estudiantes y su impacto social, el pueblo chileno se dio cuenta que también podía opinar e incidir en las políticas sociales.

Ese fenómeno generó el surgimiento de nuevos movimientos y banderas de lucha, como la demanda por abolir el sistema único de pensiones, que además es privado, conocido como las A.F.P. (Administración de Fondo de Pensiones) ; una ley de aborto en tres causales, que permita a las mujeres interrumpir su embarazo en casos de emergencia; o el cambio del sistema binominal electoral en Chile, a uno más democrático.

Estas tres demandas son parte de las leyes impuestas por Pinochet. Antes de su llegada al poder, los chilenos tenían pensiones públicas, garantizando una vejez digna; tenían aborto legal y seguro y un proceso de elecciones directas y democráticas.

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Pinochet murió en 2006, pero hoy, a once años de ese día, su legado sigue vivo en la sociedad chilena y en las desigualdades e injusticias sociales que asedian a un pueblo que sigue en lucha para erradicar, de una vez por todas, los resabios de la dictadura.