En el marco de la realización de la VXIII edición del censo nacional de Colombia, que tiene previsto dar inicio el próximo martes 9 de enero, diferentes organizaciones campesinas del país exigieron al Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) que se les reconozca y contabilice como un amplio sector de la sociedad. 

Mediante el trabajo en conjunto con el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), las organizaciones, que reúnen a más de mil 700 personas de todo el país, introdujeron un recurso tutelar con el que aspiran a que la Corte Constitucional emita un fallo que les permita hacer parte, por primera vez, de este proceso. 

De no ser posible a través de este mecanismo, la única alternativa que tienen es esperar una orden presidencial que apruebe su participación, como ocurrió con el caso de la población con discapacidad, que logró esta semana ser tomada en cuenta tras una orden anunciada por el presidente del país, Juan Manuel Santos.

De acuerdo con el centro de investigaciones, los campesinos llevan dos años solicitando construir un conjunto de herramientas técnicas que permitan, mediante la aplicación del censo, indagar sobre su situación, a lo que no han recibido respuesta. 

En agosto del año pasado, los campesinos presentaron un derecho de petición con la misma solicitud a la Presidencia, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Agricultura y el DANE.

La respuesta recibida, según Rodrigo Uprimny, director del centro, fue "muy formal y no refutó de fondo los argumentos con los cuales nosotros sostenemos que existe una discriminación".

Visibilizar al campesino en el Estado colombiano

En diciembre pasado el Tribunal Superior de Bogotá reconoció el deber del Estado de atender las necesidades del campesinado, por lo que se apeló el fallo ante la Corte Suprema.

La decisión final, según señaló un medio local, será divulgada en el mes de febrero, lo cual resulta improductivo puesto que el proceso está previsto para el mes de enero. 

Uprimny rechazó la decisión y declaró que " los campesinos son una población discriminada que tiene un goce precario de los derechos sociales (...); los campesinos tienen derecho a contar con políticas públicas que tomen en cuenta su particular situación social".

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Añadió que "si no son incluidos en el principal instrumento de recolección de información, que es el censo, ¿cómo podría hacer el Estado políticas públicas apropiadas para corregir la discriminación que sufren?".

El director de Dejusticia explicó que al ser incluido el campesinado, "el Estado tendría mejores herramientas informativas para formular políticas públicas con información precisa". 

El especialista aseguró que el hecho de que nunca hayan sido tomados en cuenta tiene que ver con una "cierta invisibilización del campesinado, (calificada por investigadores como ) un déficit del reconocimiento del campesinado, el cual parece ignorado en las políticas públicas". 

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