El abogado general del Estado brasileño, José Eduardo Cardozo, calificó como una "venganza" el proceso que impulsa el jefe de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, contra la presidenta Dilma Rousseff para intentar destituirla del cargo a través de un juicio político.

Cardozo destacó que cualquier intento de separar a la mandataria del Ejecutivo debe ser considerado como un golpe de Estado que sembrará la "inestabilidad" dentro del gigante suramericano.

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Cunha es investigado por su presunta participación en el escándalo de corrupción en la estatal Petrobras.  Aceptó la denuncia contra Rousseff un día después de que el Partido de los Trabajadores (PT) apoyó el proceso para destituirlo como líder de la Cámara Baja.

De acuerdo con los argumentos presentados ante la comisión parlamentaria que lleva el caso, el juicio político contra la jefa de Estado sólo debe proceder en caso de "delito de responsabilidad"; hecho que no corresponde con las acusaciones contra Rousseff.

La oposición acusa a la Presidenta de "manipular" los presupuestos de la nación correspondientes al lapso 2014 y 2015 mediante decretos, acumulación de deudas y créditos con la banca pública; hecho negado por la Ejecutiva en varias oportunidades.

"Un delito de responsabilidad sólo es considerado cuando hay un atentado contra la Constitución, no la simple violación de una ley, y siempre que sea practicado por el propio mandatario y que además sea doloso", expresó Cardozo ante la comisión.

En ese sentido señaló que las operaciones financieras de la mandataria fueron hechas "dentro del marco legal", por lo que "no hubo nada ilícito" ni tampoco "mala fe", por lo que ngó que existan "causas jurídicas" para un juicio político.

Denunció que el proceso que se realiza contra Rousseff es nulo, debido a que es producto de una arbitrariedad de Cunha contra el actual Ejecutivo.

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El proceso

Tras escuchar los argumentos presentados por la defensa, la comisión elaborará un informe y votará el caso dentro de una semana, lo que podría archivar la causa o enviarla al pleno de los Diputados para su deliberación.

Una vez allí, una mayoría calificada de 342 votos deberá respaldarlo para que el proceso pueda continuar, lo que permitiría al Senado, a través de mayoría simple, decidir el curso del juicio político.

De ser aceptadas las acusaciones contra Rousseff, la presidenta sería separarada del cargo durante un lapso de 180 días, mientras la Cámara Alta concluye el proceso.

En ese lapso el Ejecutivo estará en manos del vicepresidente Michel Temer, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño, que recientemente rompió relaciones con el PT y generó la renuncia de siete ministros al Gabinete gubernamental.

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