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El ministro de Hacienda de Brasil, Nelson Barbosa, se presentó ante la comisión parlamentaria que estudia la posibilidad de que la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, tenga un juicio político con fines destituyentes y rechazó las acusaciones hechas hacia la mandataria porque carecen de fundamentos, porque tienen como único objetivo derrocar el Gobierno Constitucional de Brasil".
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La oposición acusa a la mandataria de Brasil de incurrir en maniobras contables para maquillar los resultados del Gobierno en 2014 y 2015, modificar los presupuestos mediante decretos, acumular deudas y contratar créditos con la banca pública, algo que la legislación prohibe. Por su parte, Barbosa afirmó que "todas esas operaciones fueron realizadas dentro de la ley".
En cuanto a la denuncia de maquillar los resultados oficiales, que consistió en omitir los balances de algunas deudas con la banca pública, Barbosa indicó que en "en 2013 y 2014 hubo valores excesivamente negativos en contra del Gobierno durante mucho tiempo", pero que "en 2015 se cancelaron por completo".
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El ministro explicó que los delitos imputados a la presidenta Rousseff para destituirla de su cargo no corresponden a su actual mandato y que según la interpretación que se hace de la Constitución, no se puede destituir a ningún actual funcionario por una falta cometida en un mandato anterior pero, sin embargo, este no fue el caso.
Con respecto a los decretos que modificaron los presupuestos, aclaró que ninguno fue contrario a la legislación puesto que solo se alteraron partidas, pero no valores. Estos cambios no constituyeron ningún aumento en el gasto de los presupuestos, acusación que sostiene la oposición.
"Con base en estos argumentos técnicos y jurídicos y no en mis opiniones, considero que no hay base legal para un proceso contra la presidenta", indicó Barbosa.
Estos alegatos presentados por el ministro ante la comisión parlamentaria fueron avalados por Ricardo Lodi Ribeiro, profesor de Derecho Tributario, quien también rindió declaraciones.
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