La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, presentó en el Juzgado Federal de Río Gallegos una denuncia penal por las escuchas telefónicas de sus conversaciones con el exfuncionario Oscar Parrilli, en la que advirtió sobre una "maniobra de carácter criminal" que "pone al descubierto el componente mafioso que vincula a sectores del poder político, con algunos estamentos de la Justicia federal".

Según indicó la exmandataria, los hechos en principio se enmarcan en los delitos de "violación de la privacidad", "abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos", además de "malversación de caudales públicos", al tiempo que requirió que se le asigne el rol de parte querellante.

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En su presentación, Cristina sostuvo que desde que dejó la Presidencia viene siendo blanco de "una feroz campaña de persecución política, mediática y judicial" y que el Poder Ejecutivo Nacional lleva a cabo "maniobras coordinadas y convergentes con tal estrategia, filtrando, a través de las fuerzas de seguridad y el Ministerio que las conduce, información reservada de tales actuaciones judiciales".

Pero, además, denunció que "de manera subrepticia" viene siendo "víctima de maniobras de seguimiento que se practican sobre todos los movimientos" que realiza, ya sea en el ámbito de Santa Cruz así como también cuando se traslada a la Ciudad de Buenos Aires.

"No es ningún secreto que ciertos sectores de los servicios de inteligencia que desplacé de la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) se mantienen activos y no puedo descartar su vinculación con las actuales autoridades de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), todo ello bajo el amparo de la Presidencia de la Nación", apuntó en la presentación, que fue difundida en las redes sociales bajo el título "Soy yo, Cristina, y los denuncio por espionaje político y persecución".

Cristina recordó además que el presidente Mauricio Macri estuvo procesado por el delito de asociación ilícita a raíz de escuchas telefónicas ilegales en el ámbito del Gobierno porteño y que "sólo tras el cambio de Gobierno y merced a la existencia del pacto político, judicial y mediático terminó siendo sobreseído por la justicia federal".

Respecto a las escuchas, desestimó que realmente apuntaran a buscar información en la causa por la supuesta protección al prófugo Ibar Pérez Corradi, acusado por el triple crimen de General Rodríguez, y advirtió que "el señor fue detenido el 16 de junio del 2016 y la conversación fue grabada casi un mes después", mientras que "a los únicos funcionarios que mencionó (en su declaración) fue a la jueza federal Arroyo Salgado y al ex senador de la UCR Ernesto Sanz".

En este camino, indicó que "la conversación grabada y difundida masivamente tampoco guarda relación alguna con el objeto de tales actuaciones" y que "las actuaciones labradas en el marco de una causa judicial tienen carácter reservado, mucho más aún si se refiere a conversaciones telefónicas realizadas con quien no tiene vinculación alguna con la causa penal", como es su caso.

"En definitiva, resulta más que evidente que nos encontramos frente a una maniobra de claro carácter criminal, la cual pone al descubierto de manera aún más fidedigna del componente mafioso que vincula a sectores del poder político, con algunos estamentos de la justicia federal, todo ello con la participación, articulación y protección de los medios hegemónicos de comunicación", denunció.

Finalmente, cuestionó que "nadie se hace cargo de la escandalosa e ilegal divulgación, ni la Corte Suprema de Justicia de La Nación", que creó y fijó las funciones de la Dirección de Captación de Comunicaciones de Poder Judicial de La Nación y designó a los funcionarios responsables.

"Ni tampoco el juez interviniente de la causa que organizo las escuchas, ni el fiscal interviniente en la misma y posterior denunciante sobre el contenido de dichas escuchas. Y lo que es peor aún: la AFI a la que según el juez se le remitieron las escuchas, también dice que no tuvo nada que ver en la divulgación de las mismas", apuntó respecto del juez Ariel Lijo.

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Y agregó: "Un verdadero escándalo institucional sin entrar, en este momento procesal, en mayores análisis de las violaciones a leyes y derechos personales que se han cometido y que oportunamente se deberán investigar y castigar a quien o quienes resulten responsables".

Fernández Kirchner fue imputada por el fiscal federal Guillermo Marijuán luego de que trascendieran los audios de conversaciones telefónicas con Parrilli, exjefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

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