"Se aplaza la diligencia de versión libre del senador Álvaro Uribe Vélez que estaba prevista para mañana (martes)", informó el servicio de prensa de la Corte Suprema.

El aplazamiento se produjo porque la magistrada María del Rosario González presentó un impedimento por haber sido víctima de interceptaciones ilegales que llevaron a cabo funcionarios del gobierno de Uribe (2002-2010) contra jueces, políticos y defensores de derechos humanos, según explicó la Corte.

"Es preciso esperar que se resuelva (el impedimento) porque ella hace parte de la sala de investigación (de tres magistrados) que tiene a cargo el caso", detalló el máximo ente judicial. El propio Uribe había solicitado la audiencia para referirse a los señalamientos del hacker Andrés Sepúlveda, acusado de espiar a los negociadores en los diálogos de paz con la guerrilla FARC-EP y quien dijo que el expresidente conocía de sus actividades.

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El experto informático declaró haber sido contratado por la campaña del candidato presidencial uribista Óscar Iván Zuluaga, perdedor ante Juan Manuel Santos en las elecciones del año pasado, para sabotear así las pláticas de paz.

Este lunes, Uribe reaccionó casi de forma inmediata al anuncio de suspensión de su audiencia. "Corte Suprema acaba de suspender mi versión libre de mañana. Fue imposible que me escucharan antes de condenar a mi Gobierno", escribió en Twitter el expresidente.

Uribe se refirió así a que el mismo martes tenía previsto expresarse sobre la condena que la Corte Suprema emitió el pasado viernes contra dos altos exfuncionarios de su gobierno por escuchas ilegales contra jueces, políticos y defensores de derechos humanos, un caso del cual el jueves se conocerán las sentencias.

El exmandatario, férreo opositor de las negociaciones que sostiene el gobierno de Santos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) desde noviembre de 2012, ha sido salpicado por varios casos de espionaje en los últimos tiempos.

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El hacker Sepúlveda ya fue escuchado por la Corte Suprema, que tiene entre sus funciones investigar y juzgar a los miembros del Congreso, en la investigación preliminar que el organismo realiza sobre el caso. Preso desde junio pasado, Sepúlveda llegó a un acuerdo con la Fiscalía por el cual se compromete a servir de testigo en la pesquisa por supuesto espionaje, a cambio de reducir su tiempo en prisión a 10 años y de pagar una multa de unos 32.000 dólares.

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