La abogada María Alejandra Díaz explicó a teleSUR que la decisión de los Tribunales Penales venezolanos de anular la primera etapa del proceso de recolección de firmas en algunos estados se debe a una sentencia que interpreta el artículo 72 de la constitución que plantea que el 20 por ciento de la recolección de firmas debe hacerse por estado.

Los Tribunales Penales emitieron sentencia tras el análisis de las acusaciones de fraude que hicieron las personas que se vieron afectadas por la usurpación de identidad y por esto "la recolección de firmas debe paralizarse y debe reponerse a la situación original, que significa recoger el 1 por ciento de las firmas otra vez".

El proceso no puede continuar por el fraude detectado, lo que impide la recolección del 20 por ciento de las firmas en esos estados, que era la segunda etapa, aseguró la abogada venezolana.

Dirigentes de la derecha han reaccionado tras la sentencia de los Tribunales calificándola de "aberración y perversión de los sistemas judicial y electoral venezolano" mediante comunicado del partido Voluntad Popular.

No obstante, no explican ni hacen referencia a las firmas fraudulentas que pertenecían a menores de edad, de fallecidos y presos.

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