La exfiscal General de Guatemala, Thelma Aldana, actual candidata a la Presidencia por el partido Semilla, al escudarse en el derecho de antejuicio para evitar ser investigado, evidencia el agotamiento de dicha figura jurídica que las democracias liberales instauraron para garantizar el ejercicio parlamentario, y el contrapeso de los órganos del poder estatal.

La figura de la inmunidad parlamentaria, de origen inglés medieval, teóricamente tiene dos cometidos: garantizar la inviolabilidad (no arresto) de los parlamentarios, y el impedimento a ser juzgado (inmunidad procesal) a los parlamentarios durante el ejercicio de su mandato. Con el tiempo esta inmunidad también se amplió para proteger a los presidentes.

En América Latina, casi la totalidad de las constituciones políticas disponen de esta figura jurídica para presidentes y legisladores. Honduras, en 2003, suprimió la figura de la inmunidad o antejuicio. Bolivia, en 2009, suprimió la inmunidad procesal (preserva la inmunidad de arresto). Chile, con las reformas del año 2000, permite incluso que los expresidentes gocen de inmunidad.

En Guatemala, en el año 2002, aprobaron la Ley en Materia de Antejuicio, y de manera irresponsable e inmoral, ampliaron dicho derecho incluso para magistrados de justicia, ministros, directores, alcaldes. ¡Hasta los candidatos a cargos de elección popular gozan de dicho derecho! Y lo más bochornoso es que dicho derecho tiene carácter de “irrenunciabilidad”, según Art. 3º de dicha Ley.

*La inmunidad o el antejuicio, como instrumento jurídico político, no es bueno, ni malo en sí mismo*

Ocurre que en Guatemala, país campeona o subcampeona en la corrupción pública a nivel internacional, esta figura jurídica fue y es perversamente utilizada por inescrupulosos funcionarios públicos como escudo de protección para sustraer o malversar fondos y bienes públicos.

El actual Presidente, Jimmy Morales, fue descubierto infraganti mientras recibía ilegalmente dinero del Ejército. Y, gracias al antejuicio no fue ni investigado. Y así, pesan rosarios de denuncias públicas de corrupción, incluso con evidencias, contra funcionarios públicos, pero el antejuicio los protege en la impunidad.

Recientemente en Guatemala, hasta se volvió una moda las protestas masivas contra funcionarios corruptos escudados en el antejuicio, pero casi nadie puso en debate nacional la posibilidad de la anulación de dicho escudo legal. Más por el contrario, analistas y opinadores son contrarios a la supresión de dicho derecho, porque dicen que “preserva a las instituciones y al cargo del ataque de los contrarios”.

Lo cierto es que en el Triángulo de la Muerte (Honduras, Guatemala y El Salvador) cuando los contrarios buscan aniquilar a sus enemigos lo hacen sin importar la inmunidad de éstos.

En Guatemala es más que evidente que el intento del Estado de Derecho fracasó fruto de sus contradicciones internas, y de la tergiversación de mecanismos de garantía y control institucional, como el antejuicio. El país vive en una atmósfera de impotencia colectiva viendo de cómo sus gobernantes se enriquecen ilícitamente, mientras casi el 60 por ciento de su población sucumbe en la miseria. Ven el robo, pero no pueden detener, ni castigar al delincuente porque estos gozan de inmunidad. El antejuicio es un escudo transparente.

El procedimiento jurídico político para retirar la inmunidad a los denunciados no procede porque los magistrados y jueces (no electos por voto popular) son ahijados de los corruptos gobernantes. Los diputados no proceden a quitar la inmunidad a los otros corruptos porque las serpientes no se muerden entre sí. ¿Entonces? ¿Seguimos defendiendo la figura del antejuicio?

Para esperanza de los pueblos, organizaciones indígenas y campesinas, como el Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), plantean la democratización de la democracia a la chapina devolviendo el poder de decisión y control al Soberano genuino, el pueblo en su sentido amplio. Y, una de las acciones básicas es la propuesta de la supresión del derecho de antejuicio. Los candidatos de MLP manejan la inédita retórica de: “renunciaremos al derecho de antejuicio si nos eligen como funcionarios públicos”.

México avanza en esa vía. Brasil, al igual que otros países de Suramérica, también va por la vía progresiva de la supresión del derecho de la inmunidad parlamentaria. Al parecer, la inmunidad parlamentaria, que abonó tanto a la corrupción e impunidad, terminará abonando la transición de la democracia representativa excluyente hacia unas democracias más participativas.