Campesinos Sin Tierra enfrentando a los paramilitares del latifundismo en la región de Paraná, la Escuela Florestan Fernándes (donde estos trabajadores rurales se forma y practican el internacionalismo solidario) atacada por policías paulistas arma en mano y disparando balas de plomo, una oleada de estudiantes ocupando miles de establecimientos y colegios, son algunas de las últimas postales de un Brasil convulso donde el neoliberalismo avanza decididamente para intentar destruir todos los lazos y prácticas colectivas.

No son las únicas  muestras de un descontento que crece día a día. Esta semana, miles de trabajadores estatales, léase docentes, oficinistas, bomberos, enfermeras  y hasta policías, se manifestaron frente al Parlamento de Río de Janeiro dondo un grupo elevado de diputados acusados de corrupción votaban un paquete de medidas de más ajuste fiscal. La respuesta a los manifestantes fue la de siempre: gases, palos, balas de goma y no solo a nivel policial, sino también con refuerzo de militares enviados por el presidente Temer.

En medio de la peor recesión nacional en un siglo y golpeado por la caída de los precios del petróleo, Río de Janeiro está prácticamente en quiebra con un déficit de 17.500 millones de reales (5.400 millones de dólares) previsto para 2016.
En ese marco, los trabajadores saben que la calle sigue siendo la única herramienta de presión, y ante tanta negativa oficial a sus reclamos, algunos avances se han conseguido. En los últimos días el gobierno regional dio marcha atrás en el proyecto de llevar de 11% a 30% el descuento aplicado a las jubilaciones de los funcionarios públicos, que se limitaría ahora a 14%. Pero esa decisión no logró aplacar el malestar de los trabajadores públicos y ya anuncian nuevas movilizaciones.

Por su parte, las centrales sindicales plantearon un plan de lucha para la próxima semana, y también habrá una gigantesca marcha de afrobrasileños recordando, el 20 de noviembre, el Día de la Conciencia Negra y reclamar mayores niveles de inclusión y repudiar medidas y expresiones racistas de la derecha brasileña en el Gobierno.

Todo este panorama, en medio de anuncios de aumentos inminentes en las tarifas de luz, gas, agua y otros servicios públicos. Todo ello en un marco de las grandes ciudades, como Río de Janeiro, quebradas económicamente a unos niveles inimaginables.
Si faltaba algo, un grupo de extrema derecha protagonizó una espectacular toma del Parlamento en la Capital Brasilia, exigiendo a los gritos que los militares asuman el poder par terminar “con el caos y el gobierno comunista de Temer”. No, no es broma, hay gente en Brasil que aparte de ser fascistas, racistas y xenófobos también derrapan mentalmente a extremos insospechados.

Una política de entrega

No son solo privatizaciones de los principales recursos del país, sino que el gobierno Temer avanza decididamente en la entrega de una de las perlas de la corona del Brasil actual: el pre-sal a empresas multinacionales afectando duramente la soberanía nacional y a los trabajadores del petróleo.

Luego de finalizada en la Cámara de Diputados, la votación del Proyecto de Ley 4567/16 que definitivamente aprobó  los cambios en la Ley de Reparto, Brasil se enfrenta a un nuevo desafío que puede tener impactos incalculables. El proyecto creado por el actual canciller José Serra (PSDB-SP), que quita de la petrolera pública Petrobras la condición de operadora exclusiva en la explotación de la camada de pre-sal, perjudica el empoderamiento energético del pueblo brasileño. Tanto estimaciones, relativas a perjuicios financieros y económicos, como en evaluaciones menos objetivas, orientadas a pensar los recursos destinados a salud y educación, indican que el proyecto dejará marcas de destrucción imposibles de medir.

La entrega del pre-sal significará que esos recursos no serán destinados a las áreas de salud y educación, constituyéndose en un crimen que debe tener sus responsables.

El petróleo es un bien del país. Cuando se permite que las empresas privadas extranjeras pasen a controlar esas riquezas, indudablemente se pone en riesgo la soberanía energética. Es decir, mandar el petróleo para afuera, en lugar de aprovechar sus beneficios dentro del país. Toda el área del pre-sal despierta mucha codicia internacional, por que tradicionalmente, en la industria del petróleo, cada cuatro pozos que se perforaban, se encontraba petróleo en uno. En el pre-sal, se han perforado casi 60 pozos y solo 6 estaban secos. El margen de riesgo es muy pequeño, y eso lo saben muy bien los personeros multinacionales.

Por otro lado están los efectos negativos en la adquisición de insumos, lo que significará un perjuicio a la economía nacional, que dejará de ser absorbida por la industria del petróleo nacional.

En consecuencia, los costos recaen sobre los servicios y derechos de los brasileños. "Resulta grave que quien debería estar defendiendo los intereses del país actúe para entregarlos”, afirmó recientemente João Antônio de Moraes director de Relaciones Internacionales y de Movimientos Sociales de la Federación Única de los Trabajadores del Petróleo, dirigiendo sus criticas contra el gobierno Temer y los legisladores.

Y agregó: “Es un momento muy duro para la nación. Si el pueblo brasileño no despierta, va a tener serias dificultades para recuperarse. Nos llevó 63 años construir Petrobras, 63 años de mucho sudor, lágrimas y sangre, y  ahora estamos en decadencia. Hay que luchar siempre, ir a las calles, impedir que eso ocurra”.