Desde el intento de golpe de Estado de Estados Unidos a Venezuela el 23 de enero, respaldado por el Grupo de Lima del cual el Gobierno de Justin Trudeau es un miembro activo, los principales medios corporativos canadienses han unificado sus voces en una campaña de odio y desinformación contra la Revolución Bolivariana, haciendo énfasis en las críticas al presidente constitucionalmente electo, Nicolás Maduro.

Debido a las nacionalizaciones realizadas por el Gobierno de Chávez varias compañías canadienses emprendieron batallas legales.

Al mismo tiempo se ha generado un debate entre trabajadores, sindicatos y activistas sociales y políticos. Trabajadores informó semanas atrás sobre la respuesta de afiliados canadienses (más de cinco millones a través de sus sindicatos) en apoyo al derecho de Venezuela a la autodeterminación y contra la interferencia de Estados Unidos y el Grupo de Lima en los asuntos internos de ese país. Las acciones y declaraciones a nivel de base todavía están en marcha.

En este contexto sirven de ejemplo algunos de los artículos que han aparecido en la prensa alternativa y en las redes sociales canadienses, sobre todo en la que representa a fuerzas de izquierda y progresistas, o a quienes simplemente se oponen a la interferencia extranjera y que nos llevan a preguntarnos: ¿qué está haciendo Canadá y por qué?

Esos interlocutores interrogan con valentía a los medios de comunicación tradicionales, aunque en estos últimos solo hay espacio para los que abordan el tema de Venezuela incluyendo palabras claves como “elecciones dudosas” y “Maduro autoritario”, las cuales proporcionan credibilidad a la narrativa de la interferencia de Estados Unidos y el Grupo de Lima bajo el pretexto de ayuda “humanitaria”.

Los medios corporativos evitan una respuesta seria a la pregunta: ¿por qué Canadá? Así, a pesar de la presunción canadiense como modelo para la libertad de expresión y prensa, se oculta la verdad al público.

¿Es Venezuela El Dorado contemporáneo de Canadá?

¿Qué escriben los periodistas y autores canadienses progresistas?

La búsqueda de oro en el mítico lugar de El Dorado en América Latina atrajo a los ejércitos conquistadores españoles del siglo XVI y causó la muerte de muchos indígenas. Con ese pretexto España colonizó la mayor parte de la región y explotó otras riquezas, hasta el surgimiento de los movimientos de independencia de América Latina del siglo XIX. Pero esa búsqueda de riqueza nunca ha terminado realmente, y en Venezuela abundan el oro negro −petróleo crudo− y el dorado, tal como explica el académico canadiense Nino Pagliccia en un artículo publicado recientemente en el sitio digital Global Research.

Yves Engler, otro coterráneo analista político, afirma, por su parte, que Estados Unidos ha declarado estar interesado en las reservas de hidrocarburo del país sudamericano. Y aunque Canadá ha sido más reservado acerca de sus reales ambiciones, la verdad es que también tiene allí intereses corporativos en el sector minero, particularmente en el oro.

En un intento por ampliar los beneficios de la renta petrolera, Venezuela obligó, a partir del 2007, a las compañías petroleras privadas a convertirse en socias minoritarias de la estatal PDVSA. Esto motivó, por ejemplo, que Petro-Canada, con sede en Calgary, venderiera parte de su porción, por lo que algunos de sus funcionarios comentaron, en privado, sentirse “acabados” por el Gobierno venezolano.

Otras compañías canadienses igualmente se enfrentaron al Gobierno de Hugo Chávez por la extracción de oro. Crystallex, Vanessa Ventures Ltd., Gold Reserve Inc., y Rusoro Mining emprendieron batallas legales.

En el 2016, Rusoro Mining ganó una reclamación de $1.000 millones basada en el Tratado de inversión establecido entre Canadá y Venezuela, mientras Crystallex se adjudicó $1.200 millones ese mismo año. Ambas compañías continúan exigiendo los pagos y han demandado el dinero de Citgo, filial de PDVSA en Estados Unidos que fue arrebatada al Gobierno venezolano.

En el 2011, el Financial Post reportó que “años después de impulsar la inversión extranjera fuera de su sector minero del oro, el presidente venezolano Chávez está pasando a la siguiente etapa: la nacionalización absoluta”. Destacando su importancia para el capital canadiense, la junta editorial del Globe and Mail criticó la jugada en un artículo titulado Chávez nacionaliza todas las minas de oro en Venezuela.

Peter Munk, fundador de la minera Barrick Gold, escribió en el 2007 una carta al Financial Times titulada Detener la demagogia de Chávez antes de que sea demasiado tarde (Stop Chávez’ Demagoguery Before it is Too Late). También es suyo el editorial Chávez al mando (Chávez in Control), donde afirma:

“¿No estamos haciendo caso omiso de las lecciones de la historia y olvidando que dictadores como Hitler, Mugabe, Pol Pot y otros más se convirtieron en cabezas del Estado mediante un proceso democrático? Autocráticos, demagogos, a la manera de Chávez, hasta que sus países se convierten en regímenes totalitarios como la Alemania Nazi, la Unión Soviética, o la Serbia de Slobodan Milošević… No demos al presidente Chávez la oportunidad de poner en práctica el mismo paso a paso para transformar a Venezuela”.

¿Es Venezuela El Dorado contemporáneo de Canadá?

La inversión minera canadiense en América Latina se ha disparado desde la década de los noventa, y se ha beneficiado de la privatización de empresas mineras estatales y de la flexibilización a la inversión extranjera, asegura Engler. Al inicio ninguna compañía minera canadiense operaba en Perú o en México, pero en el 2010 ya eran cerca de 600 las que operaban en estas dos naciones.

Actualmente las mineras canadienses han invertido en América decenas de miles de millones de dólares. Cualquier Gobierno en la región que dé marcha atrás a las reformas neoliberales que permitieron este crecimiento constituye una amenaza a sus ganancias. Los bancos también se han favorecido de esa liberalización.

Pocos días después de la muerte de Chávez, en el 2013, el Informe de negocios del Globe and Mail publicó, en primera plana, una noticia acerca de los intereses que Scotiabank había adquirido en Venezuela antes de la llegada al poder del líder bolivariano. Señaló que “el Banco de Nueva Escocia (Scotiabank) es a menudo elogiado por su audaz expansión en América Latina, habiendo completado importantes adquisiciones en Colombia y Perú. Pero en Venezuela el banco ha hecho muy poco en los últimos 15 años, principalmente porque el Gobierno del presidente Hugo Chávez fue hostil a la inversión extranjera a gran escala”.

Tales argumentos explican por qué el Gobierno de Trudeau se ha involucrado en los intentos de golpe de Estado contra Venezuela, lidereados por Donald Trump. Canadá también está a la cabeza de las sanciones económicas, las cuales, según estudios recientes, son genocidas. De hecho, la política de EE. UU.-Grupo de Lima representa una declaración de guerra, aunque no se haya producido una intervención militar como tal.

¿Es esta la única manera en que Canadá puede defender los intereses de sus empresas en Venezuela? No, seguramente existen caminos mucho más “canadienses”.