“Con el pretexto de la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, el gobierno argentino ofreció al Pentágono la instalación de una base en Misiones y otra en Tierra del Fuego”. Quien suscribe esta afirmación es Elsa Bruzzone, especialista en temas de Defensa y Geopolítica e integrante del Centro de Militares para la Democracia Argentina (CEMIDA).

Desde hace años, Bruzzone investiga temas relacionados con la soberanía nacional, las riquezas naturales y la estrategia de militarización del continente por parte de Estados Unidos (EE.UU.) y la OTAN. El jueves 7 de julio participó en una conferencia organizada por el Frente de Comunicadores por la Expresión de los Pueblos, en la que también participaron el diputado nacional por Misiones, Daniel Distéfano (FpV) y el escritor Jorge Rachid.

De acuerdo a Bruzzone, el insólito ofrecimiento del gobierno argentino fue realizado durante el viaje que altos funcionarios del ministerio de Defensa realizaron a la sede del Pentágono, entre el 16 y el 18 de mayo de este año. Pero antes, en diciembre de 2015, el gobierno argentino “le informó al Departamento de Estado norteamericano que han detectado transacciones ilegales en la zona de la Triple Frontera, que pueden indicar un financiamiento económico hacia las organizaciones terroristas, particularmente al Daesh”.

La Triple Frontera es un sitio estratégico para el control militar del Acuífero Guaraní, el reservorio de agua con mayor capacidad de recarga a nivel mundial, que comparten Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil.

Desde hace al menos dos décadas, la zona está bajo observación de EE.UU,, quien regularmente emite informes sobre la existencia de células terroristas, lavado de dinero y operaciones de narcotráfico. Precisamente estos temas pasaron a integrar el listado de “nuevas amenazas”, definido por el cambio en la doctrina militar norteamericana luego del triunfo sobre el bloque soviético, a fines del siglo XX. Con estos argumentos, el Pentágono justificó y justifica el creciente despliegue militar en todo el mundo.

Sobre el viaje realizado en mayo a EE.UU., el propio ministerio informó en su sitio web que la comitiva fue encabezada por el secretario de Estrategia y Asuntos Militares, Ángel Tello, y por el secretario de Servicios Logísticos para la Defensa y Coordinación Militar en Emergencias, Walter Ceballos. En su nota de prensa del 16 de mayo, la web oficial dice que el objetivo es “retomar el intercambio bilateral en el área militar”, una instancia política “que era habitual entre la Argentina y Estados Unidos”.

Dos días después, el Ministerio de Defensa emitió otro comunicado, donde Ángel Tello calificó como “óptimas las reuniones llevadas a cabo con integrantes del Pentágono, por lo que se abren grandes posibilidades de trabajo mutuo”. La nota agrega que existe “un proyecto de convenio que comprende actividades y cooperación entre los dos países, que será evaluado por especialistas en cuestiones jurídicas y por Cancillería, para ser firmado en un futuro próximo”. Sin embargo, a excepción de menciones genéricas a “intereses compartidos en el campo de la defensa”, no especifica el contenido de las negociaciones.

bases“La sorpresa mayor es que en los primeros días de junio el Departamento de Estado da a conocer su informe mundial sobre el terrorismo”, informa Bruzzone. “Y luego de varios años, esta vez sí, el informe sobre la zona de la Triple Frontera estipula que el tráfico de personas, el tráfico de armas y el tráfico de drogas son posibles fuentes de financiación para las agrupaciones terroristas”.

En su intervención, la investigadora argentina destacó que estos informes fueron habituales desde principios de siglo, lo que fue utilizado para presionar a los gobiernos de Fernando De la Rúa (1999-2011) y de Eduardo Duhalde (2002-2003) para instalar una base en San Ignacio, Misiones. “No pudieron instalarla porque hubo negativa por parte de los dos gobiernos y entonces dejaron de insistir. Pero cada tanto, un año o dos, seguían apareciendo los informes en los medios, hasta que, para nuestra sorpresa, nos encontramos que en estos acuerdos de mayo de 2016 se establecían bases en Ushuaia y en Misiones”, afirmó.

Objetivo Antártida

En el caso de Tierra del Fuego, se presentaría como una base de estudios científicos “para prestar ayuda a las expediciones a la Antártida”. También se trata de un punto estratégico, como vinculación entre los océanos Atlántico y Pacífico y por la enorme riqueza de hidrocarburos, minerales y pesca que tiene la zona, en particular el continente de hielo, que es sujeto de reclamación por parte de varios países.

En el caso argentino, parte del territorio reclamado por el país se encuentra en disputa con Chile y con el Reino Unido de Gran Bretaña, que instaló bases militares de la OTAN en el territorio ocupado de las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur.

“Da la extraña casualidad que en el sector donde reclamamos los tres países, sobre todo en la Península Antártica, se encuentran los mayores yacimientos de hidrocarburos del continente, además de minerales estratégicos”, advierte Bruzzone. “La prohibición para la explotación de los recursos naturales de la Antártida culmina en el año 2041. Hay consenso en la mayoría de los países de prorrogarlo por 50 años más, pero Estados Unidos y sus aliados dicen que no se debe prorrogar y que deben estar abiertos para la explotación de las corporaciones transnacionales”.

¿Y en Jujuy también?

El escritor Jorge Rachid, a su vez, informó que de acuerdo a sus fuentes, otro sitio elegido para instalar una base es el noroeste argentino, con el objetivo de tener bajo control las reservas de litio. Este mineral es un componente clave para las baterías de automóviles eléctricos y teléfonos móviles. Las mayores reservas del mundo se encuentran en Bolivia (el 80%) y en menor medida, Chile y Argentina.

“Esto lo está solicitando el gobernador (Gerardo) Morales, que fue quien encarceló a Milagro Sala y quien intenta desarmar obviamente la organización Túpac como expresión del rechazo social a este tipo de emprendimientos”, afirmó Rachid.

Pedido de informes legislativo

Preocupado por la situación, el diputado misionero Daniel Distéfano presentó a fines de junio un pedido de informes en la Cámara de Diputados. “Nos inquieta la pérdida de soberanía que podrían significar estas bases y el cuidado de los recursos naturales estratégicos para nuestro desarrollo”, expresó, e informó que durante el mes de septiembre se realizará un Foro en Misiones para ampliar el debate.

Fuente: Notas.org.ar