A pesar de la presión imperialista y sus aliados, principalmente algunos gobiernos europeos y latinoamericanos, agrupados estos últimos, en el denominado Grupo de Lima, el actual presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, ha logrado fortalecer sus relaciones, en política exterior y afianzar el flanco interno, tanto en lo cívico como en los cuerpos armados.

Prueba de ello, es la generación de importantes acuerdos en campos variados: hidrocarburos, militar, comercial, tecnológico, con potencias del calibre de China, Irán y potencias euroasiáticas asociadas, dispuestas a estrechar relaciones con Venezuela a pesar de las rabietas estadounidenses. Con una frustración e impotencia que no puede disimular: Estados Unidos, Luís Almagro, actual y agónico repostulante al cargo de secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), el Grupo de Lima y todos aquellos políticos extranjeros y de venezolanos dotados de escuálida moral; braman desesperados por no lograr sus objetivos de derrocar al gobierno presidido por Nicolás Maduro. 

Indudablemente y aunque les atormenta a los opositores internos y externos al gobierno venezolano, el gobierno de este país ha mostrado una fortaleza a toda prueba, soportando sanciones y agresiones que derrocarían a cualquier gobierno, que no sean aquellos donde el concepto de resistencia de su población es parte central de sus políticas. Sólo desde el año 2017, Washington ha impuesto un total de 150 sanciones, en todos los campos imaginables, la última de las cuales ocurrió hace algunos días, cuando el gobierno estadounidense decretó medidas punitivas contra la aerolínea estatal Conviasa.

El sábado 15 de febrero el Ministro de Comunicación de Venezuela, Jorge Rodríguez denunció, que el bloqueo económico llevado a cabo por Washington  contra Venezuela, ha causado un grave daño a la nación bolivariana “Estamos demandando a la Administración de Trump por la contabilización del robo de nuestros activos y depósitos en banco extranjeros de empresas que se encuentran en nuestras fronteras, de nuestra Patria, cifra que asciende a 116 mil millones de dólares lo que se considera como una acción brutal de los gobiernos satélites y sus lacayos hacia Venezuela”. En este contexto, resulta toda una proeza, que Venezuela tome medidas concretas, destinada a regular su difícil situación económica y social, llevando a cabo reformas destinadas a aliviar los problemas derivados, fundamentalmente, de la acción desestabilizadora de Estados Unidos y sus aliados pero también de la conducta conspiradora llevada a cabo por la oposición venezolana, entregada absolutamente a los mandatos emanados desde la Casa Blanca.

Incluso con esa oposición, recalcitrante, belicosa, que en cualquier país del mundo sería juzgada – en función, por ejemplo de su petición de intervención militar por una potencia extranjera - por traición, a pesar de ello el gobierno de Maduro está dispuesto a sentarse a negociar una salida que beneficie al conjunto del país, pero sin ceder en aquellos puntos que son intransables, como es el no permitir la injerencia de Washington y de las potencias petroleros europeas sin petróleo en las decisiones que se tomen y terminar todo tipo de sanciones, embargos y bloqueos contra el país sudamericano. Como prueba de buena disposición en este camino de diálogo, el Palacio de Miraflores (sede del Ejecutivo) ha invitado a observadores de distintos países y organizaciones, visualizando de esa forma que Caracas tiene las puertas abiertas, para llevar a cabo un cronograma de trabajo con los diversos sectores del país. 

Como aval y apoyo de la mencionada decisión dialogante, el gobierno venezolano cuenta con amplio apoyo ciudadano, a pesar de las informaciones manejadas por los medios de información tutelados desde Washington, como también el respaldo del Ejército, con demostraciones de poder militar ciudadano como fue el ejercicio de defensa realizado el sábado 15 y domingo 16 de febrero, que congregó a 2.3 millones de ciudadanos. Con despliegue de blindados, tropas de infantería, buques de guerra, helicópteros, entre otros elementos, se realizó el llamado “Escudo Bolivariano 2020” destinados, según palabras del presidente Maduro “a garantizar la defensa de todas las ciudades, entrenarnos, capacitarnos y poner en práctica nuestras capacidades militares en todo su sistema operacional.
El Autoproclamado desestabilizador

Con el apoyo a toda prueba – incluso con hechos de corrupción que los propios medios de información estadounidense han denunciado –la administración Trump sigue apuntalando al autoproclamado presidente (ilegítimo por cierto) Juan Guaidó quien a estas alturas, en la historia de desestabilización contra su propio pueblo, ha mostrado que no tiene escrúpulos, sonrojo ni honor patrio, cuando se trata de cumplir las órdenes dadas por Estados Unidos. Guaidó, que suele recorrer países, gobiernos y empresas, para dar olor a legitimidad a un gobierno ficticio. Un gobierno falsario, que no dirige nada ni a nadie pero que se ha dedicado, a esquilmar las arcas venezolanas y a usurpar sus riquezas. Esto lo hacen sin tapujos, sin un dejo de vergüenza. Como dirigente de la oposición más radical y con una política de franca beligerancia, violatorio de las leyes venezolanas.

Guaidó ha hecho de su autoproclamación un negocio particular, donde su familia y entorno se han enriquecido gracias a las medidas de sanciones y decisiones violatorias del derecho internacional, que han significado, por ejemplo, entregar miles de millones de dólares del Estado venezolano a las manos del grupo político comandado por Guaidó. Fondos depositados en el extranjero de la petrolera estatal PDVSA, los activos de la empresa Citgo en Estados Unidos, depósitos estatales en bancos de España, Italia, Portugal y Gran Bretaña, que en forma ilegal están hoy en manos de políticos opositores, es decir fondos del estado venezolano que han pasado a cuentas personales del círculo de dirigentes de la oposición más extremista. A Citgo se ha unido la entrega de la empresa dedicada a la producción y comercialización de fertilizantes, Monómeros, filial de la empresa petroquímica Pequiven . Se trata de una verdadera fiesta del saqueo de las riquezas venezolanas a manos de los que dicen defenderla y han demostrado que su meta es simplemente arrasar con lo que pertenece al pueblo venezolano.Un Guaidó que bien sabe, que la aparente popularidad obtenida tras su autoproclamación en enero del año 2019 se ha malgastado en el trasiego de sus viajes al extranjero, donde su verborrea inconducente evita pronunciarse sobre los hechos de corrupción que lo involucran. Un Juan Guaidó devenido en un títere sin dignidad alguna, sometido al escarnio de la población venezolana cuando vuelve de aquellos periplos, destinados a pedir las penas del infierno para su propio país. 

Un Guaidó dedicado a cabildear para los intereses de Estados Unidos y su afán de quedarse con las riquezas hidrocarburiferas venezolanas. Un político dedicado a labores de zapa, que no duda en hundir a Venezuela, a generar problemas de abastecimiento, en servir a los deseos de aquellos que por décadas han tenido su patria en el norte del continente americano. Un Juan Guaidó que según palabras del dirigente chavista Diosdado Cabello “está dando patadas de ahogado sin apoyo popular” afirmación dada tras la llegada del autoproclamado e ilegal Guaidó a Caracas.

Las tareas encomendadas a Guaidó y a la oposición golpista, por parte de Washington tiene por objetivo, igualmente, atacar a medios de comunicación defensores del proceso bolivariano, como es el caso de Telesur, que ha recibido en las últimas semanas, amenazas de intervención e incluso convertirla en una televisora al servicio de la oposición y sus intereses. El pasado mes de enero el autoproclamado, como fiel mandadero señaló que Telesur se reestructuraría. Para darle curso a esta idea surgida en las oficinas de Mike Pompeo, nombró un nuevo directorio – sin tener facultad alguna para ello en una maniobra claramente   pirotécnica –decisión que fue descalificada el día 30 de enero del 2020 por la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela que determinó “la nulidad absoluta por inconstitucionalidad y carencia de efectos jurídicos, del decreto de la “Comisión para la Reorganización de C.A. Telesur Venezuela y sus empresas filiales” creado por el ficticio gobierno derechista.

A pesar de que su nombre se menciona insistentemente en los medios y quien en sus millonarias travesías pretende hablar por el pueblo venezolano, Juan Guaidó es, simplemente, un monigote, un muñeco parlanchín en manos del titiritero mayor que es Washington. Guaidó es el personaje irrelevante, no es el poder desestabilizador detrás de las acciones de la oposición venezolana. Y teniendo claro esto, el legítimo gobierno venezolano, presidido por Nicolás Maduro Moro ha decidió tomar medidas dirigidas a acusar al verdadero responsable de los crímenes cometidos contra el pueblo venezolano: Estados Unidos y su gobierno. 

Así, el día 13 de febrero del 2020 el canciller venezolano, Jorge Arreaza, acudió a la Corte Penal Internacional en La Haya, para presentar una denuncia por crímenes cometidos por el Gobierno estadounidense contra Venezuela mediante “las medidas coercitivas unilaterales e ilegales impuestas (…) desde el año 2014. En declaraciones a la prensa desde La Haya, en Países Bajos, Arreaza dijo que Caracas tiene la convicción, que tales medidas constituyen crímenes contra la humanidad “generalizados y sistemáticos, los que han conducido a la muerte, enfermedad y hambre de los venezolanos” concluyó el ministro Arreaza.

La lógica indica, que Juan Guaidó debería responder también de los crímenes cometidos contra Venezuela, terminar en la cárcel por todos los males ocasionados con su conducta claramente criminal. Un credo político que trata de eliminar el gobierno legítimo venezolano sin tener siquiera una propuesta lógica y racional en lo político, económico, lo social que dé respuesta a las necesidades del país y embarcado más en quebrantar a Venezuela, generando un deterioro significativo de la situación económica y humanitaria en su propio país. Su programa no es un programa venezolano, es un proyecto surgido de los sectores más reaccionarios de la derecha estadounidense, que usa como títeres a este grupo de personas escuálidas de moral y dignidad. 

A título conclusivo; la primera y más elevada obligación de un gobernante democrático, es precisamente defender la democracia. Y, en tal propósito Maduro da demostraciones fehacientes de saber la manera de hacerlo. La derecha mundial se desespera, a tal punto que ya asoma la idea de un criminal ataque bélico bajo el amparo del TIAR con los gobernantes del Grupo de Lima, sirviendo obsecuentemente de mampara al poder imperial estadounidense, a las potencias petroleras europeas sin petróleo y a Colombia, creciente enclave sionista en Latinoamericana. En este panorama se destaca la dignidad y fuerza con que Venezuela defiende su soberanía.