Luego de la destitución y el encarcelamiento por actos de corrupción del entonces Presidente de la República Otto Pérez Molina y su Vicepresidente Roxana Baldetti, en 2015, los dos gobiernos sucesivos del país no lograron mejorar los “pésimos niveles de aceptación popular del gobierno de Guatemala”.

El gobernante Jimmy Morales (2016-2020), con evidentes responsabilidades en actos de corrupción, concluyó su mandato “gracias al respaldo expreso del gobierno norteamericano de Donald Trump”. Y, ahora, se encuentra “refugiado”, inmune, en el Parlamento Centroamericano

El actual gobernante, Alejandro Giammattei, que perdió respaldo popular por el mal manejo que hace de la pandemia y el exagerado endeudamiento del país, se mantiene aún en el poder gracias al “estado de sitio global implantado por la pandemia”, y por los constantes focalizados estados de excepción declarados en Guatemala para frenar protestas sociales.

En este contexto, y en la medida que las restricciones sociales se levantan en el país, comunidades indígenas y campesinas en resistencia frente a la invasión de las empresas neoliberales, articuladas en el movimiento sociopolítico Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), anuncian que para el próximo 18 de febrero se trasladarán a la ciudad de Guatemala para protestar exigiendo la renuncia del gobernante actual por su “incapacidad para atender la salud y las necesidades urgentes del país durante la pandemia”

Así mismo, exigen la renuncia de la Fiscal General de la República por no investigar los casos de los asesinatos de defensores y defensoras comunitarias de derechos, al igual que los casos crecientes de secuestro y asesinato de mujeres y niñas, y por la postergación y/o paralización de las investigaciones de los casos de corrupción pública en el país.

Anuncian, además, que presentarán al Congreso de la República, un anteproyecto de Ley para nacionalizar todos los bienes y servicios privatizados en el país, como es el caso de la energía eléctrica. Este sector social organizado del país, al momento tiene una Diputada en el Congreso, electa mediante la organización política Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP).

Acción simultánea en todo el país utilizando plataformas de redes sociales

El 15 de febrero reciente, para anunciar las próximas movilizaciones de protesta, convocaron y realizaron una conferencia de prensa en simultáneo en todas las ciudades principales del país. En 19 ciudades en total.

Sí. Indígenas y campesinos, quienes muchos de ellos apenas saben leer y escribir, y hablan un castellano con acento nativo marcado, hicieron sus conferencias de prensa frente a las cámaras de los teléfonos celulares de sus hijos e hijas, quienes transmitían en vivo en las múltiples páginas de Facebook que llevan el logo de CODECA.

Ante el impacto en las redes sociales de dicha conferencia de prensa, como en pasadas oportunidades, la prensa corporativa del país se vio obligada a visitar las cuentas de Facebook del movimiento CODECA e incluir en sus titulares la “movilización de indígenas y campesinos”, porque la consigna de este movimiento es: “Conferencias de prensa sin la prensa canalla”.

Los finqueros y empresarios de Guatemala, aglutinados en el CACIF, incómodos con el anuncio de las movilizaciones sociales anunciadas por CODECA, ya expresaron su protesta exigiendo a que el Gobierno haga cumplir las leyes y evite dichas manifestaciones por la “salud y la gobernabilidad del país”.

En Guatemala, al igual que en el resto de los países de Abya Yala, el sector rural no ha sido, ni es al momento, el más golpeado por COVID19. No lo es ni a nivel de pérdidas económicas, ni de pérdidas de vidas humanas. Pero, salen a las calles a protestar por los males estructurales del país, como es el constante saqueo de los pocos bienes comunes que aún quedan en el país.

Si a esto se suman las impagables deudas públicas, envueltas en mantos de corrupción, que los irresponsables gobiernos les ponen encima, entonces, tienen suficientes razones para protestar, y sobrados argumentos para proponer la nacionalización de los bienes privatizados.