Autores: Fernando Vicente Prieto y Micaela Ryan

Desde el 1° de marzo, la empresa de televisión prepaga Cablevisión excluyó del paquete básico de canales a Telesur. Un paso más del grupo Clarín contra los avances en la democratización de la información.

Se trata de una inocultable revancha de la corporación mediática más influyente y con mayor cantidad de abonados de Argentina, que desde la asunción de Mauricio Macri como presidente ha desatado una ofensiva para consolidar las condiciones de monopolio en que se desarrolla su negocio.

Telesur, la señal informativa creada por Hugo Chávez en 2005, fue incorporada en el canal 71 de la grilla del servicio Cablevisión Clásico (analógico) el 27 de enero de 2014, como parte del Plan de Adecuación 26124/13 que el Grupo Clarín acordó con la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), en el marco de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA). La señal formaba parte del servicio digital de la empresa desde el año 2011.

Sin embargo, a partir de la firma del presidente Mauricio Macri del Decreto de Necesidad y Urgencia 267/15, publicado en el Boletín Oficial del 4 de enero de 2016, tanto la AFSCA, como su organismo representativo, el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, fueron disueltos. Con esta acción, la LSCA perdió vigencia.

El 30 de diciembre, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, anticipó la firma de este Decreto, mientras que anunció la elaboración de una nueva norma en su reemplazo, que aún no se presentó. En diciembre, el organismo ya había sido intervenido por el gobierno destituyendo a sus autoridades, cuyo mandato finalizaba en el 2017.

El Decreto incorporó la creación de la Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) y la Comisión para la Elaboración del Proyecto de Ley de Reforma, Actualización y Unificación de LSCA y la Ley Argentina Digital. A estas irregularidades se suma que la ley 25.152 establece que este tipo de organismos deben ser creados por cuerpos legislativos y no mediante Decretos presidenciales.

A partir de estos abruptos cambios emitidos desde la Presidencia y que omitieron, hasta el momento, la participación del Congreso, no existe una normativa que regule a las empresas de servicios de comunicación audiovisual, poniendo en riesgo además los procesos de otorgamiento de licencias a canales “sin fines de lucro”, como en el caso de Barricada TV.

Con la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, el 2 de marzo se conformó una Comisión Bicameral que revisará los Decretos de Necesidad y Urgencia firmados por Macri durante el receso parlamentario, entre los cuales se encuentra el DNU 267/15. La firma de este DNU está cuestionada, por desconocer una medida cautelar interpuesta por un juez de La Plata, Luis Arias, en la que se determinaba que no se podían afectar las competencias de la AFSCA hasta tanto no intervenga un juez en la cuestión de fondo.

Guerra contra el periodismo

La noticia fue confirmada por la presidenta de Telesur, Patricia Villegas, en la tarde de 2 de marzo a través de seis mensajes de Twitter.

Desde su cuenta @pvillegas_tlSUR, la periodista expresó que solicitaron reunión con la empresa luego de que “cientos de alarmas anunciaban que habíamos sido retirados del paquete básico de Cablevisión”. En el encuentro, que tuvo lugar a media tarde de Buenos Aires, Cablevisión confirmó el retiro de la señal sin aviso previo. “teleSUR se ratifica en exigir restitución de nuestra señal”, manifestó Villegas, quien añadió que el argumento utilizado por la empresa del grupo Clarín “se cae por su propio peso”. De acuerdo a lo informado, la cablera explicó que no tendrían señales internacionales en el paquete básico. Sin embargo, en la grilla se encuentran señales como TVE de España, que ocupa el canal 71 donde se encontraba Telesur, CNN en Español de Estados Unidos, y RAI de Italia.

Villegas también anunció que acudirán a la justicia para restituir la señal y convocó a la solidaridad y la movilización de los usuarios del canal, que se ha instalado como un referente informativo para los pueblos de América Latina y el Caribe, contrastando con la matriz informativa de prácticamente todos los demás grandes medios.

Según información confirmada por fuentes del canal, este jueves 3 de marzo a las 7.30 horas Telesurpresentará un recurso de amparo, ya que considera que fue vulnerado el derecho a la información. Además, esperan un pronunciamiento al respecto por parte de la Defensoría del Público, instancia prevista en el artículo 19 de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual con la misión de “promover, difundir y defender el Derecho a la Comunicación democrática de las audiencias de los medios de comunicación audiovisual en todo el territorio nacional”.

Telesur está presente en más de 90 cableoperadoras y cinco televisoras de señal abierta en diferentes provincias del país alcanzando, hasta el momento, más de 20 millones de potenciales televidentes y más de ocho millones de abonados. El crecimiento de esta plataforma informativa, en diez años de trabajo, es visualizado como una amenaza por parte de grupos empresarios de medios y sectores políticos que rechazan el proceso de integración de América Latina y el Caribe en lo que va del siglo XXI.

Se trata de una batalla que pone en el tapete el derecho de los pueblos a informar e informarse por fuera de los monopolios de producción y distribución de mensajes, que impactan sobre la visión del mundo de amplias franjas de la sociedad, por lo cual configura un conflicto público.

Insólita respuesta de Cablevisión a Notas

Horas antes de la confirmación por parte de Telesur, Notas – Periodismo Popular difundió por su cuenta de twitter @Notas_arg la información sobre la censura al canal, expresando que se trataba de un evidente ataque a la libertad de expresión.

Un rato después, la empresa Cablevisión respondió desde su cuenta oficial de la siguiente forma:“@Notas_arg Hola, voy a necesitar que nos sigas y que me brindes N° de cliente o DNI del titular por DM, para poder ayudarte”, en un extraño tuit emitido desde su cuenta oficial que obliga a preguntarse por la seriedad con que la empresa asume un debate que a todas luces escapa de las consideraciones meramente privadas.

Toda una muestra sobre la concepción con la que se entiende la comunicación desde el grupo Clarín y los sectores políticos en los que se basan su poder y su negocio.