Cientos de miles de personas se movilizan contra las reformas previsionales y laborales impulsadas por Mauricio Macri. A dos años de asumir como presidente, y a pocas semanas de ganar las elecciones de medio término, el gobierno argentino incrementó la represión, pero en su primer intento no logró aprobar la primera de las reformas, que implica una disminución en el valor de las jubilaciones y pensiones. El lunes 18 el pueblo saldrá nuevamente a la calle mientras el oficialismo en la Cámara de Diputados buscará aprobar el ajuste.

¿Un gobierno fuerte?

Aún no pasaron dos meses de las elecciones legislativas que ganó la coalición de derecha en el gobierno y las imágenes que llegan desde Argentina desconciertan a cualquier persona que las mire desde afuera. ¿No era que el gobierno de Macri había salido fortalecido? ¿Cómo es eso de que el Parlamento tiene que sesionar rodeado de gendarmes armados hasta los dientes? ¿Por qué razón miles de personas están saliendo a la calle? ¿Qué significa que la movilización social haya sido reprimida tres días seguidos en el centro de Buenos Aires? ¿De qué se trata la crisis? Estas y muchas otras interrogantes llegan al teléfono de periodistas por estos días.

Las respuestas no son cortas ni sencillas, porque en la política argentina nada es lineal, todo es complejo. El 22 de octubre la coalición de gobierno que encabeza Macri se consolidó como la primera minoría a nivel nacional, alcanzando la victoria incluso en la elección más importante desde el punto de vista simbólico, al derrotar a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la provincia de Buenos Aires.

Los resultados mostraron el respaldo de una primera minoría activa  y -más allá de algunas contradicciones y altibajos- relativamente consistente. Esta incluye a sectores que manejan gran cantidad de recursos organizativos y políticos y conducen a segmentos más amplios, de ingresos medios y bajos pero de pensamiento conservador. Esto le alcanzó para esperanzar a un 40% de los votantes y ganar, aprovechando la fragmentación de las demás fuerzas políticas. El resultado le dio aire para arrinconar política y judicialmente a referentes del kirchnerismo, incluyendo a la ex presidenta Cristina Fernández, y para ensayar sospechosos acuerdos legislativos dirigidos a imponer un ajuste más profundo. Esto es lo que vienen reclamando “los mercados” para hacer más atractivo el país a los inversores internacionales, a costa de los derechos de la mayoría de la población.

Pero no está tan claro que el neoliberalismo haya construido una hegemonía tal que le permita avanzar tranquilamente con sus objetivos. Su triunfo electoral en 2015 y 2017 obedece a múltiples razones, pero no está asentada en una derrota de los sectores populares. El 13 y 14 de diciembre la movilización social hizo tambalear este plan y dejó al gobierno mal parado durante varias horas. El desconcierto fue tal que amenazó con impulsar la reforma previsional con un decreto de Macri, lo cual tal vez hubiera funcionado como un bidón de nafta en un incendio.

Una semana intensa

El epicentro de este cierre de año favorable al gobierno sería la semana del 10 al 16 de diciembre, en la que el gobierno se planteó encadenar dos logros importantes: uno, la organización de la Cumbre de la OMC, en la que esperaba anunciar acuerdos en torno al Tratado de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea; dos, la aprobación de la llamada “reforma previsional”, que implica un cambio en la modalidad de cálculo de la actualización salarial de quienes reciben jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales, para que las y los beneficiarios cobren menos y de esa manera contribuir a reducir el déficit fiscal.

Entre el 10 y el 13 de diciembre, la Cumbre Ministerial de la OMC se realizó en un marco de militarización de la ciudad. El gigantesco despliegue de Policía y Gendarmería logró el objetivo de reservar gran parte del centro porteño a los representantes de gobiernos y empresas. Sin embargo, el encuentro no dejó avances en las negociaciones comandadas por las grandes corporaciones y tampoco se concretó el acuerdo para el TLC entre el Mercosur y la UE. El gobierno argentino no pudo anotarse ningún tanto en el escenario público y en su lugar se quedó con el saldo de un escándalo internacional, por la decisión de prohibir la acreditación e impedir el ingreso de más de 60 delegadas y delegados de diferentes ONG y asociaciones, inscriptas en el foro de la sociedad civil. El punto máximo llegó en el caso de Sally Burch, referente de ALAI (Agencia Latinoamericana de Información) y de Petter Titland, integrante de Attac Noruega, quienes fueron deportados cuado ya estaban ingresando al país. Por este hecho la Cancillería argentina tuvo un encontronazo con la representación diplomática de Noruega, hasta que finalmente el activista logró entrar y participar en algunas actividades.

Ante el ajuste, movilización

Estos episodios fueron denunciados por el espacio Fuera OMC, que en paralelo organizó la Cumbre de los Pueblos. La iniciativa reunió a cientos de movimientos populares de diferentes sectores: campesinos, de la economía popular, sindicales, feministas,  estudiantiles, culturales, ecologistas, entre otros. La actividad central fue una marcha realizada en la tarde del martes 12 de diciembre, que fue reprimida.

Al día siguiente, mientras la Cumbre de la OMC y la Cumbre de los Pueblos cerraban sus reuniones, unas 300 mil trabajadoras y trabajadores de la economía popular marcharon al Congreso para repudiar las reformas previsional y laboral. También en esta ocasión las fuerzas de seguridad reprimieron y se llevaron detenidos. Aquí, el diputado nacional Leo Grosso fue atacado y herido por un perro de la Gendarmería.

El jueves 14 fue el turno de la aprobación de la reforma previsional. La ciudad continuaba situada y alrededor del Congreso el operativo contaba con 1500 efectivos de tres fuerzas nacionales: la Gendarmería, la Policía Federal y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Pero más de 300 mil personas, en su mayoría trabajadores formales y de la economía popular, se movilizaron y aguantaron la represión de varias horas. En este contexto, el oficialismo debió suspender el tratamiento del proyecto en la Cámara de Diputados, después de intentar sesionar con un cuestionado y ajustado quorum, gracias a algunos diputados del bloque justicialista.

Un balance en pleno desarrollo

La jornada ofreció diversos elementos para analizar lo que vendrá. Por un lado el gobierno mostró abiertamente su costado represivo en el centro de la ciudad de Buenos Aires, incluyendo todo tipo de abusos frente las cámaras de tv, para lograr un objetivo infame: imponer una rebaja a las personas más vulnerables de la sociedad.

El alcance, el contexto y el registro de la represión lleva directamente al debate sobre la cobertura mediática del gobierno de Macri. Si bien las imágenes lo golpean en el plano internacional, en el escenario nacional los principales canales de noticias y opinión respaldan la actuación represiva, minimizando graves hechos. El 14 de diciembre, además de manifestantes anónimos, periodistas y diputados de diferentes fuerzas políticas fueron atacados por las fuerzas que en teoría están para protegerlos. ¿Se imaginan si en Venezuela un guardia de seguridad le hubiera arrojado gas pimienta en la cara a una diputada para impedirle el paso? O si golpeara a otro diputado. Pensemos un segundo si le disparara a escasa distancia a un fotógrafo, impactándole con 10 perdigones de goma. La noticia no dejaría de estar en todos los medios. Este comportamiento mediático estimula una tendencia presente en la sociedad, que reivindica el ejercicio de la violencia estatal contra la protesta social y la oposición política y agudiza la grieta entre el pensamiento conservador y el progresista en sus diferentes variantes.

El segundo elemento es que sólo la más amplia unidad y la presencia en la calle –aún con represión- pueden forzar a que el gobierno retroceda, o al menos haga alguna concesión. Si hasta ahora el ajuste 2015-2017 fue identificado como “gradual” e incluyó tarifazos, retraso salarial, despidos y endeudamiento, una inminente etapa de ajuste recargado –que busca reformas estructurales- deberá tener enfrente una oposición consecuente, capaz de articular una resistencia más sólida en el espacio público y en las instituciones.

El próximo round es inmediato: el gobierno convocó para el lunes 18 de diciembre a una nueva sesión, confiado en el acuerdo con la mayoría de los gobernadores peronistas. Las organizaciones populares volverán a las calles para impedir el tratamiento. La marcha será multitudinaria, con participación de casi todo el abanico de organizaciones sociales, sindicales y políticas. La respuesta del gobierno, imaginable.

El resultado de esta pulseada –parte, a su vez, de una confrontación más larga- será un dato importante para analizar lo que puede pasar en los próximos meses en Argentina, donde todo indica que se agudizarán los conflictos sociales. También será un caso testigo para el proceso de lucha contra la restauración neoliberal en el resto del continente, especialmente en Brasil, donde se acaba de postergar para el año que viene el tratamiento de la Reforma Previsional, inspirada en los mismos principios que la de Macri.