-Lideresa social, integrante del Coordinador Agrario y una de las voceras del Congreso de los Pueblos, Magaly Pino es una persona fundamental para hablar de la situación de los derechos humanos en Colombia. Ha estado todos estos meses atenta a cada una de las denuncias que se han ido formulando por las atrocidades cometidas por el Esmad y los militares, pero también como militante social no ha dejado de acompañar en Cali, donde habita, a los jóvenes que han dado lecciones de dignidad y valentía. Con Magaly hablamos justamente ahora que se cumplen dos meses del levantamiento popular contra el mal gobierno, y le pedimos que nos haga un cuadro de situación de esta lucha.

-Gracias por visibilizar todo lo que ha pasado en Colombia a partir del 28 de abril cuando se planteaba una convocatoria a una movilización rechazando una reforma tributaria que se hacía en el peor momento, porque veníamos de una situación de pandemia, y que dejaba la clase media mucho más pobre. Esa jornada que era convocada desde las centrales obreras, sobrepasó las expectativas, y así llegamos hasta este momento en que en algunos puntos, ya con otras características, se sostiene el estallido social, que surge de esta políticas poco incluyentes del estado colombiano.

-Han pasado muchas cosas en estos dos meses, y por eso quisiera que nos dieras una síntesis de cuáles fueron las situaciones que te parecen más importantes en lo que hace al aprendizaje del pueblo colombiano en la lucha de calle.

-Efectivamente, venimos de unos escenarios de participación de unas comunidades que hacíamos la lectura de que eran no-organizadas, pero ahora, haciendo síntesis más aterrizada y con cabeza fría, encontramos que estas comunidades, venían siendo azotadas por las políticas del estado. Son comunidades históricamente excluidas y que de un momento a otro, frente a la reforma tributaria se juntan y establecen “puntos de encuentro”, o lo que la clase dirigente llamó puntos de bloqueo. Rápidamente, la gente comenzó a reunirse para cerrar las ciudades y exigir que los gobiernos, nacional, departamental y local, a través de estos escenarios y puntos de encuentros, los escuchara. Es allí donde se desata la más cruel confrontación y vuelve a aparecer un estado que se niega a tener en cuenta los escenarios de diálogo que podrían haber evitado todos abusos policiales y tratamientos de guerra que se le dio a las comunidades que exigen diálogo real.

-Hablando de la represión, creo que el estado colombiano siempre se caracterizó, tanto a nivel oficial como en su comportamiento paramilitar, por la crueldad, hemos visto escenas que realmente han llamado mucho la atención por los niveles de atrocidad, por la situación que generaban y que evidentemente buscan sembrar terror. Sin embargo, la gente no se amilanó y eso es lo más importante.

-Frente a esa regresión que ocurrió con las marchas más pacíficas donde salían las amas de casa y los niños, se dio que fueron objeto de la más grande represión que se hayan visto en nuestro país. Hemos venido denunciando a personas civiles armadas, con fusiles y armas cortas que dispararon a las multitudes. Así, la participación de nuestros jóvenes ha sufrido la más grave arremetida. Fueron víctimas del “juventicidio”. Solo en Cali fueron asesinados 53 jóvenes que solamente reclamaban otras condiciones de sus territorios. Exigían al estado que cumpliera con lo que está en la constitución de 1991, derechos a la ciudad, derecho a la salud, a otras condiciones de vida, en su condición de comunidades históricamente abandonadas. Del Estado recibieron entonces, tratamiento de guerra, estigmatización, lesiones y ya tenemos alrededor de 93 desaparecidos. Hay extranjeros asesinados y personas lesionadas solamente por mirar y grabar. Este tratamiento de guerra lo sufrieron las movilizaciones y expresiones de resistencia frente a un modelo neoliberal y fascista que arremete contra toda expresión de visibilidad de derechos. Solo por grabar videos y acompañar internacionalmente, que fue importante, dejaron evidencias represivas que este estado no las puede negar. Allí estuvo la prensa internacional, estuvo ahí en vivo y en directo grabando la arremetida y el tratamiento de guerra que sufrieron los jóvenes en las marchas pacíficas que se dieron en Colombia.

-¿Qué pasó con la clase política mientras ocurría esto en la calle? ¿Qué balance hacen sobre el comportamiento de ese sector?

-Una clase política muy tímida en su intervención, a excepción de algunos partidos de corte alternativo. Pero que no son de la izquierda propiamente dicha, sino unas expresiones alternativas. Indudablemente se hacían llamadas desde ese escenario, que denunciaban atrocidades que ocurrieron en las calles, casos la represión brutal, pero fueron las organizaciones sociales, esta comunidad nueva, la que se expresa en las calles, o las organizaciones de derechos humanos, desde donde hacíamos los llamados a la comunidad internacional y en algunas oportunidades exigíamos el cese del fuego. Las fuerzas policiales arremetieron en algunos puntos con fusiles contra los jóvenes que no estaban armados, los disparos a la mayoría de los jóvenes dan cuenta que fueron tiros de tipo francotirador, que se ponían en los edificios y centros comerciales para darle a los muchachos que pusieron la cuota más alta de sacrificio en estas jornadas.

-Todo esto recuerda otras épocas en que el paramilitarismo ocupaba pueblos armados de motosierras y asesinaba sin piedad a los pobladores.

-Nosotros entendemos que estas prácticas genocidas siempre han estado presentes cada vez que el estado ve amenazada su estabilidad, justificando estos métodos desde hace mucho tiempo. Como en 1977 durante una toma del palacio justicia, o en 1985, luego de la operación Oriente en Medellín, en la comuna 13, que con el argumento de extinguir células guerrilleras, se cometieron las peores violaciones de DDHH. Desapariciones, capturas, torturas y asesinatos para ser arrojados en basureros, cada vez que este modelo ve amenazada la estabilidad arremete de esta forma. Tuvimos senadores que, invadidos por toda esta representación, en escenarios como el Congreso donde el partido del gobierno a través del ejercicio fraudulento llega a ocupar curules, sus voces fueron acalladas- Por lo tanto no nos quedaba más que la comunidad internacional. Esos llamados angustiantes e insistencias se hacían desde los senadores alternativos y desde una comunidad movilizada permanente exigiendo sus derechos.

-Cómo está la situación ahora, te pregunto esto especialmente porque si uno ve el tratamiento de los medios hegemónicos colombianos, muestran que se acabó el paro y que la situación se está normalizando.

-Entendemos que esos puntos de resistencia, de entrada, indudablemente se tenían que transformar. En ese llamado que hacemos las organizaciones defensoras de DDHH, encontramos que había que también hacer un llamado por la protección de la vida, porque los puntos estaban siendo agredidos permanentemente. Inicialmente, de noche, camionetas de alta gama pasaban disparando. Esto se agudizó y pasó a ser algo normal en horarios diurnos. Debido a esa grave represión se dio un desgaste. Como la confrontación era permanente, nosotros veíamos que esa población y las comunidades lideradas por los jóvenes tenía que transformarse en decisiones políticas. Los puntos de encuentro indudablemente no podían ser eternos. En algunos casos se acude a las mesas de negociación de unas primeras líneas que representaban y recogían esa inconformidad que estaba alrededor de sus barrios, que ellos representaban. Llegaron a mesas de negociación, estos pactos de garantía y cuidados de la vida y DDHH se siguieron afectando porque los representes de la primera línea fueron protegidos, porque no cuentan con garantías en sus lugares de vivienda, ni en sus casas con sus familias, ahora están por fuera de su territorio. Es una de las finalidades que tiene el estado como tal. El establecimiento los ubica, los amenaza, los persigue y en algunos casos los asesinan. Por otro lado, se dan los allanamientos, unos tienen forma jurídica, que permite hacerlos, pero otros son violentos. A estos muchachos se los ha venido deteniendo permanentemente, a los de los puntos de encuentro y primeras líneas, se los está deteniendo acusándolos de terrorismo, de agresión al servicio público, al ESMAD o a la policía. Con otras indicaciones inconstitucionales, violan todos los DDHH, porque están dirigidas a producir terror, a convertirse en situaciones ejemplificadoras para que otros jóvenes no se sigan alzando, ni encontrando en las calles. Sorpresivamente, ahora se está tramitando el proyecto de ley para judicializar el vandalismo. Nosotros decimos que resignificamos el vandalismo, y lo adjudicamos dentro del estado.

-O sea, invierten la acusación. ¿Y qué señalan en esa contraofensiva de los términos?

-Decimos que vándalos son los que se robaron el presupuesto de salud, los vándalos que se robaron el presupuesto de educación. Ante la grave emergencia sanitaria, las vacunas no llegan, permanentemente tenemos 600 muertos, tenemos la contaminación en todos los departamentos, no hay camas para atender la pandemia, porque los vándalos se robaron el presupuesto. A ese vandalismo le vamos a dar otra connotación, pero el Estado promueve ese terror porque frente a la creación de leyes, las expresiones de resistencia se van reduciendo. Es simple, si no se puede comprobar que estos muchachos no están vinculados al terrorismo y otros argumentos que utilizan para meterlos pesos, entonces arman leyes que van direccionadas para que estos muchachos cuando vuelvan a salir a protestar. Cuando se movilicen, les puedan caer penas sobre ellos y entonces tengan temor. Sobre todo, cuando esa judicialización frente a la resistencia los afecten de manera directa a ellos y sus comunidades.

Pensamos que se consolidan varios escenarios. Uno es el del paramilitarismo urbano que ya vimos. Es innegable que hubo participación del paramilitarismo en estas ejecuciones, La policía y la Fiscalía de la Nación, hasta ahora no nos entregaron ni una investigación que nos digan quienes eran estos civiles, que portaban armas de corto y largo alcance y por qué disparaban junto y protegidos por la policía. Lo más grave es que esas investigaciones, no se dieron en escenarios de las pruebas contundentes, no son fabricadas, se hicieron en vivo y directo. Hay varias formas de represión. Unas legales, amenazando a la juventud y comunidades de ir presas. Otras, causando terror con amenazas, detenciones y amenazas a las familias. Hay componentes de guerra que consolidan el paramilitarismo en las ciudades. El paramilitarismo que se utilizaba para desplazar y despojar de tierras a los campesinos; hoy se trasladó a las ciudades porque la guerra hizo lo mismo. Con estos componentes, nuestra recomendación a los jóvenes es ir mucho más allá de los puntos de encuentro, sin descartarlos, pero con propuestas políticas y que estos escenarios estén siempre acompañados por la comunidad internacional. Por otro lado, el Comando nacional de paro, fue un escenario que convocó, fue desbordado por las expresiones juveniles, ahora está convocando nuevamente el 20 de julio, pero ya el establecimiento se prepara con todas estas prácticas de tipo de terror, de tipo genocida para contrarrestar todas las expresiones pacíficas frente a la exigencia de derechos, frente a reclamos de comunidades históricamente olvidadas.

-Está en Bogotá el jefe de la CIA, quien dice que llegó para una investigación delicada, ¿que se sabe de eso?

-Para nosotros no es extraño, porque esa forma de comportarse de las fuerzas militares en el territorio, en la calle, proviene de las fuerzas formadas en la Escuela de las Américas. Ese componente que tiene la CIA, la historia nos ha contado que sirvió para dar golpes de estado. Pensamos que para nosotros no es extraño, es una manera más organizada desde allá, para poder posibilitar escenarios de guerra civil. El ex presidente Uribe, puso en el gobierno a Duque, pero es él quien dirige y orienta este escenario. Esto tiene una intencionalidad que no permite que se investiguen y judicialicen los falsos positivos que él direccionó, la formación de cuerpo paramilitares que se ha visto como uno de los propiciadores, como uno de los fundadores del paramilitarismo. Esta presencia de estos personajes siniestros no nos sorprende, hemos visto que este modelo que se ha extendido por toda América Latina para frenar gobiernos alternativos también se pone en práctica. Lo vemos en Bolivia, en Argentina y donde el imperio manda sus mensajeros.

–Gracias Magali por esta comunicación y por supuesto te mandamos el abrazo solidario y extensivo a la lucha que hace el pueblo colombiano en este momento en que representa a todo el continente

Gracias a ti, siempre estoy repitiendo, que hay que internacionalizar la lucha y la esperanza, internacionalizar la solidaridad, porque el modelo es continental y el neoliberalismo en aras de cuidar sus intereses, tiene como receta el componente militar y una salida no dialogada.