Un fascista de 20 años, defensor de la propiedad privada, no pudo soportar que otros dos jóvenes como él, Exequiel Bovarán, de 18 años y Diego Guzmán, de 24, le pintaran el frente de su casa con consignas alusivas a la demanda de una educación sin lucro. Y sin otro motivo que ese hecho tan nimio, los fusiló con tiros de pistola. Ocurrió en Valparaiso poco después de una gigantesca movilización estudiantil, mientras en la Capital chilena otros miles de jóvenes eran reprimidos violentamente por los tristemente célebres Carabineros.

El hecho no es casual ni aislado, que nadie se equivoque. Es la consecuencia de un clima creado por comportamientos pinochetistas de una franja no menor de la población chilena. La misma que a pocos minutos del doble asesinato de Valparaíso, twiteaba o dejaba mensajes en Facebook festejando el hecho (“didáctico castigo a los vándalos”, decía uno, “esos no merecen vivir”, advertía otro) y crueles barbaridades por el estilo. Pero también son responsables los sucesivos gobiernos de la llamada Concertación, de los cuales, el actual es un símbolo evidente.

La señora Michelle Bachelet y su ministro del Interior, Jorge Burgos, se apuraron en condenar las nuevas muertes de Valparaíso. Sin embargo, no explicaron por qué en todas las administraciones posteriores a la Dictadura (entre ellas las dos gestiones de la actual presidenta), la represión ha sido la receta aplicada contra las justas protestas de estudiantes, obreros o indígenas mapuche. Protagonistas de este tipo de actuación fueron y son los Carabineros, un cuerpo al que el dictador Pinochet amaestró como perros de presa, y que al final de cada manifestación popular han gaseado, golpeado, baleado y encarcelado, en “democracia”, a jóvenes muy parecidos a Guzmán y Corbalán. 

Estas actitudes son sencillas de explicar y muy dolorosas de asumir, porque esos presidentes que siempre se autoetiquetaron como “democráticos” o de “izquierda” no fueron más que representantes de estructuras continuistas, surgidas de componendas con el pinochetismo, muy parecidos a los que en España dieron paso a los Pactos de la Moncloa. La doctrina fundante para gestiones como las de Ricardo Lagos o la propia Bachelet es aparentar hacer grandes cambios para finalmente sumergirse en las mismas recetas económicas neoliberales de los 90, que para ser sostenidas y aplicadas precisan obligadamente del uso de la violencia estatal.

En sus dos mandatos, Bachelet tiene muertos en su haber, por acción directa de sus sicarios uniformados o por protegerlos desde el Estado, consagrando grados despreciables de impunidad.  La mayoría de los asesinados son indígenas mapuche, “acusados” por reclamar tierras o protestar contra las multinacionales y la militarización de su entorno habitual. 

Ahora, que desde el poder, se intenta echar la culpa de estas dos nuevas muertes de Valparaiso a un “comportamiento individual condenable” y ocultar responsabilidades, como son el desoír  los reclamos estudiantiles y criminalizarlos mediante el accionar represivo de los cuerpos policiales, vale la pena hacer memoria de otros crímenes similares recordar a los mártires mapuche de la gestión Bachelet.

A saber: Juan Collihuin Catril (71 años) asesinado en su domicilio en Agosto 2006, por un sargento de Carabineros, Matías Valentín Catrileo (22 años), joven mapuche y estudiante de agronomía en la Universidad de La Frontera, murió el 3 de enero de 2008, cuando participaba en una toma del predio Santa Margarita, y fue asesinado por un cabo de Carabineros, Johnny Cariqueo Yañez (23 años), murió el 31 de marzo del 2008 por un ataque cardíaco, tras haber permanecido detenido en la 26ª comisaría de Pudahuel, donde lo golpearon salvajemente, Jaime Facundo Mendoza Collío (24 años), asesinado en 2009, tras la toma del fundo San Sebastián, en la comuna de Ercilla.

En aquella ocasión, encontrándose desarmado, Mendoza Collío recibió un impacto de bala por la espalda que le salió por el tórax, efectuada por el carabinero de las Fuerzas Especiales Miguel Jara Muñoz, José Marcelo Toro Ñanco (35 años), se suicidó en 2009 ante una persecución obsesiva por parte de la Fiscalía, Rodrigo Melinao Licán (26 años),  joven referente del pueblo Mapuche, asesinado a tiros en su propio domicilio, en 2013.

Todas estas muertes, las de ayer y las de ahora mismo, son la consecuencia de una política que nada tiene que ver con lo que correspondería a un gobierno que se dice progresista.

Muy por el contrario, confirman una vez más que quienes le niegan la salida al mar a Bolivia, sostienen un cuerpo de Carabineros sin depurar desde la época de la dictadura que posee numerosos asesinos impunes en sus filas, reprimen a quienes protestan, están surcados por la corrupción y practican una política exterior ligada a la pro norteamericana Alianza para el Pacífico, no son socialistas, menos aún comunistas, sino que responden a un entramado reaccionario que abreva en el capitalismo.

Ese mismo capitalismo que tiene a la propiedad privada como uno de sus principales mandamientos, y que hoy, en aras de defenderla, se ha cobrado dos nuevas y jóvenes vidas.