Bastante demorado el sistema judicial boliviano envió a la cárcel preventiva, por cuatro meses, a la ex Senadora de Bolivia, Jeanine Añez (y a dos de sus ex ministros), quien, en noviembre del 2019, luego de participar en el Golpe de Estado que destituyó a Evo Morales, se auto proclamó, de manera inconstitucional, Presidenta de Bolivia, y recibió la banda presidencial de manos de las Fuerzas Armadas.

¿Qué hizo Jeanine Añez durante casi un año de su gobierno de facto?

A parte de usurpar inconstitucionalmente la función de la Primera Magistratura del país, y participar activamente en el Golpe de Estado, mediante un Decreto Supremo liberó de responsabilidad penal a los militares que en el momento masacraban a indígenas y campesinos movilizados contra el Golpe en los municipios de Sacaba (Huayllani) y El Alto (Senkata). El saldo trágico fue: 37 indígenas asesinados a bala, cuyas almas y familiares aún deambulan por las calles de Bolivia clamando justicia.

Esta acción delictiva de Añez fue con saña, premeditación y alevosía. Al grado que, meses después, por presión internacional, tuvo que derogar dicho Decreto que promovía y premiaba con la impunidad masacres contra indígenas descontentos.

Durante su oscuro y doloroso gobierno de facto, públicamente persiguió mano militari a toda persona boliviana o no que se oponía al gobierno de facto.

Fue un vergonzoso y dantesco terrorismo de Estado: Ciberactivistas, dirigentes de los movimientos sociales, representantes del MAS, defensor@s de derechos humanos, periodistas…, fueron detenidos, encarcelados.

El gobierno de facto activó y financió a grupos armados paraestatales como la JRC (Cochabamba) o la UJC (Santa Cruz) que agredieron y humillaron a funcionarios públicos electos del período del defenestrado gobierno anterior.

A los gobiernos amigos del pueblo boliviano que intentaron ayudar en esa trágica historia, la usurpadora Añez los maltrató expulsando a sus cuerpos diplomáticos de Bolivia.

A éste caos político militar que quebró la estabilidad del país se sumó la pandemia del COVID19. Una desgracia humana que la usurpadora capitalizó, no sólo para afinar el terrorismo de Estado, sino para restaurar la industria de la corrupción pública como en la época republicana.

Compraron respirados mecánicos que no eran, con sobreprecios, mientras miles de bolivianos morían buscando respiradores. Hicieron una “masacre laboral indígena” despidiendo a trabajadores públicos para colocar a los familiares y parientes de los actores y promotores del Golpe en cargos públicos. Paralizaron todos los procesos de industrialización del país, y entregaron bienes públicos a sus allegados.

30 años de cárcel para los verdugos no devolverá la vida a las víctimas

Los delitos que se le imputa a Añez, y a sus cuatro ex ministros, son: terrorismo, sedición y conspiración. Pero, estos no son todos los delitos, ni están todos los y las que cometieron estos delitos de lesa humanidad.

La pena máxima en Bolivia es de 30 años sin derecho a indulto. Pero, esta máxima pena, por la magnitud de los delitos cometidos por la usurpadora, motivados por el odio a la identidad indígena (confeso), es insignificante.

Estos delitos de lesa humanidad deberían ser castigados con cadena perpetua para persuadir a futuros golpistas y prevenir futuras masacres. Ojalá sea otra motivación más para que la voluntad constituyente boliviana se reactive, y Bolivia perfeccione su Constitución Política Plurinacional.

No es venganza, es justicia mínima

Quienes asumen que la justicia por las masacres de Senkata y Huayllani es venganza, externalizan sus profundas convicciones que las y los indígenas en Bolivia y Abya Yala no somos seres humanos. Muchos menos nos consideran sujetos del derecho a la justicia.

Por ello, esos verdugos tiznados de sangre, asumen que las y los sobrevivientes a sus masacres debemos callar y aceptar sus crímenes, como aceptan y callan, con el rabo entre las piernas, los perros castigados por sus dueños.

Venganza fue lo que hicieron con los familiares de nuestros abuelos y abuelas que se alzaron contra los abusos de la Colonia española y la República Criolla. Venganza fue cuando, después de descuartizar a Túpac Amaru/Micaela Bastidas, en Cusco, 1781, desterraron hacia el ultramar a toda la extensa descendencia ya rendida de nuestro abuelo Túpac Amaru.

Diego Cristóbal Túpac Amaru (hermano de Túpac Amaru II), luego de firmar el Acuerdo de Paz, se negó abandonar Tinta (Cusco) y los verdugos, asesorados por el Obispo Moscoso, en 1783, lo descuartizaron a él y a toda su familia, e hicieron de la zona andina un calvario infernal… Otro tanto hicieron con Túpac Katari, Zárate Willka… quisieron hacer lo mismo con Evo Morales… pero no pudieron.

¡Cuántas evidencias más necesitamos! Esos seudocriollos y misticillos sanguinarios jamás nos aceptarán como humanos. En consecuencia, sino es ahora, mañana, nos masacrarán nuevamente. Seguirán humillándonos en nuestras propias tierras, protegidos con las biblias, cruces y gargantas de sus curas y obispos criminales.

¿Qué nos queda? ¡Hacer justicia! Por justicia debemos sacar, expulsar a todos los y las golpistas de Bolivia, devolver a los pueblos los bienes y patrimonios mal habidos que éstos acumularon.

Los pueblos indígenas y campesinos, esta vez, no podemos, ni debemos esperar pasivos a que la “justicia ordinaria criolla” haga justicia. Eso ya hemos esperado por más de cinco siglos. Debemos actuar, ahora, si acaso mañana no queremos que nuestros hijos sigan lamentando como, hoy, lo hacemos nosotros por las “autoderrotas” de nuestros abuelos.

Las y los golpistas, incluyendo sus comunicadores, sus religiosos, sus ONG, quieren conocer lo que es venganza, pues, debemos mostrarles lo que por justicia aritmética les corresponde. No sólo cárcel. Les corresponde el destierro, si no quieren morir en la cárcel. Esto es una mínima expresión de la voluntad soberana consciente de los pueblos que buscan procesos de cambios profundos en esta Abya Yala borracha con el aroma de sangre indígena fermentada en la impunidad.