Hay que ser lo suficientemente idiota como para desgastarse en la estéril discusión acerca de si el inefable exdiputado corrupto y golpista sale de la  presidencia de la Asamblea Nacional (AN) venezolana o si lo sustituye el otro delincuente, quien gracias a la impunidad, hoy no está preso por corrupto, ladrón y golpista. El problema es aún muy grave: quienes aún se mantienen en un continuo desacato contra la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) y contra las instituciones,  son los responsables directos de la crisis de desabastecimiento e hiperinflación provocada, que gracias a todas las maniobras del Presidente Nicolás Maduro, no caímos en hambruna, ni en crisis humanitaria,  como pretendían hacer ver los exdiputado en desacato continuo.

Se trata, entonces, de un grave problema institucional, que debe ser atendido de manera urgente, por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), por cuanto esa fracción que controla el parlamento venezolano, desde el día en que se instaló en  la primera sesión, con la entrada triunfal del inefable diputado adeco en una carroza con placas diplomáticas de la Embajada estadounidense, comenzó con un golpe de Estado en progreso, desconocimiento de las instituciones, desconocimiento de la CRBV y demás leyes, sobre todo, alentando a la desestabilización económica, política e institucional y, como si fuese poco, anunció “la salida” del Presidente Nicolás Maduro en un lapso máximo de seis meses.
     
El caso es que nadie puede hacer caso omiso a tal desinstitucionalización desde la Asamblea Nacional, porque también permite y contribuye en ello, haciendo, a su vez, que el resto de las instituciones incurran en la desinstitucionalización que derive en la anarquía y el caos.
      
Por otra parte, hay quienes -erráticamente- creen y proponen que el Presidente de la República actúe disolviéndola o interviniéndola, olvidando que quien, precisamente, ha preservado la democracia, la institucionalidad y la paz, no va a caer en tan bufa trampa cazabobos, cuando todos sabemos que ningún poder constituido puede arrogarse la competencia del Constituyente, que es el Pueblo, razón por la cual, ninguna institución del Estado o ningún poder está facultado para disolver a la Asamblea Nacional actual.
     
Lo que sí es menester, urgente y necesario, con las facultades que le dan las leyes de la República, es que el Tribunal Supremo de Justicia  (TSJ), declare la AUTODISOLUCIÓN de la Asamblea Nacional, por cuanto esta mayoría parlamentaria en concierto parar delinquir, agavillamiento, desacato y contumacia, al persistir en su actitud y acciones prolongadas de golpista valiéndose de esta institución, se ha autodisuelto en su mayoría, lo que obliga al TSJ a pronunciarse y a no incurrir en mora, ni retardo procesal, dadas sus sentencias emitidas y desacatadas abiertamente, porque si llegare a hacerlo de manera tardía, también sería una injusticia y colaboracionismo con el golpismo y la desinstitucionalización, lo que hoy nos pone en una encrucijada: o el TSJ declara la autodisolución de la AN, o estamos entrando en una etapa final de desestabilización y desinstitucionalización, que los conducirá al derrocamiento del Presidente Nicolás Maduro y la liquidación de todos los alcances y logros del Pueblo, que logramos de la mano del Comandante Hugo Chávez y que Nicolás Maduro se empeña en profundizar y extender, empoderando aún más al Pueblo. La autodisuelta AN  no tiene prórroga para seguir rompiendo el marco institucional, violando las leyes, desconociendo las instituciones, desatando en contumacia  y para que avance en su golpe de Estado parlamentario. La AN ya está disuelta y corresponde al TSJ  declararlo e instruir al Consejo Nacional Electoral  (CNE), para que en un lapso perentorio no mayor a noventa días, convoque a elecciones para reponer los cargos de los exdiputados de la fracción de la MUD que ocurrieron en tales delitos.