Extraditado desde Colombia, el sábado 30 de mayo arribó a Venezuela Leiver Padilla, jefe operativo del grupo que asesinó a Robert Serra y María Herrera. Según las investigaciones, el autor intelectual y financista es el político colombiano Julio César Vélez, quien reporta a Álvaro Uribe. El miércoles 3 de junio, este ex concejal de Cúcuta fue capturado en Venezuela.

Desde un primer momento, todos los indicios apuntaron a un crimen por encargo, de características similares a las ejecutadas por el paramilitarismo colombiano. A los pocos días, el presidente Nicolás Maduro anunció la captura de siete de los involucrados -luego ascendieron a diez- y señaló a Leiver Padilla, El Colombia, como el jefe operativo del grupo.

“El Colombia”, fue capturado en Cartagena de Indias en diciembre de 2014. Le tomó cinco meses a la Justicia colombiana decidir que procedía la extradición. La aprobó el 30 de abril de 2015, luego de insistentes pedidos de la Justicia venezolana y los familiares de las víctimas. Treinta días más tardó el gobierno de Juan Manuel Santos para hacer efectiva la decisión.

El cumplimiento de la extradición es importante para el avance de las investigaciones. El expediente no es uno más. Por un lado, es ilustrativo de la “guerra de baja intensidad” que se libra en estos momentos en Venezuela, todavía en fase selectiva. Además, la figura de Robert Serra como militante y dirigente chavista le dan una significación particular, buscando reivindicación de justicia hacia uno de los más respetados y queridos. Con la llegada de Leiver Padilla, hicieron falta pocos días para que haya novedades.

La conexión Uribe Vélez – derecha venezolana

El martes 2 de junio, el presidente Nicolás Maduro anunció que de todas las declaraciones de los acusados, surgen evidencias de la participación del uribismo.

Desde su programa semanal En contacto con Maduro, el mandatario afirmó la responsabilidad de Julio César (Julito) Vélez González , como autor intelectual y financista. Esta persona es un dirigente del partido de Álvaro Uribe en Cúcuta, ciudad colombiana fronteriza con San Cristóbal, Táchira, del lado venezolano. Allí fue elegido concejal en 2010.

El corredor San Cristóbal – Cúcuta es una de las zonas más calientes, donde se articulan contrabando, paramilitarismo y lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas, que a su vez sirve para la desestabilización económica.

“Vélez es quien entregó el dinero y dirigió todo el proceso para asesinar a Robert Serra. Tenemos todas las pruebas de que captó, dirigió y financió al grupo paramilitar. Es el testimonio de todos los asesinos materiales”, dijo Maduro.

Julio Vélez, por otra parte, hasta hace pocos horas estaba prófugo de la Justicia colombiana, por el asesinato de su esposa, María Claudia Castaño, en 2010. Por este hecho estuvo preso en 2012, durante pocos días, a pesar de que existen decenas de pruebas en su contra.

“Extrañamente, el abogado mano derecha de Álvaro Uribe, Jaime Granados, fue el que personalmente se encargó de la defensa de Julito Vélez, ante el asesinato de su señora esposa”, agregó Maduro.

El miércoles 3, en horas de la madrugada, Vélez fue capturado en un taxi proveniente de Caracas entre los Estados de Lara y Yaracuy. Se espera que surjan varias evidencias de los allanamientos y procedimientos en curso, en particular sobre sus relaciones y comunicaciones.

El presidente venezolano también afirmó que el grupo posee casas de cambio que realizan operaciones ilegales. “Esta red de Julito Vélez, además, está involucrada en el ataque a la moneda venezolana, a través de Mekacambio, que es una red de lavadores en la frontera”, aseguró.

Las casas de cambio en Cúcuta elevan artificialmente el valor del dólar desde hace meses: en los últimos tres meses, por ejemplo, fueron llevando al dólar “en el mercado negro” al doble de su valor: de 200 a 400 bolívares. En sólo dos semanas de mayo creció un 25%. Pocos días después, tan misteriosamente como subió, bajó más del 15%, a 340.

La permanente suba del dólar aumenta el diferencial cambiario con Colombia, estimula aún más el contrabando -y por lo tanto, el desabastecimiento-, dejando ganancias extraordinarias que fortalecen económicamente a los grupos ilegales.

Estos negocios son controlados por el paramiltarismo, que vuelca parte de esos recursos a la batalla política en todos los planos: para corromper a funcionarios y sectores de las Fuerzas Armadas para que permitan el contrabando, comprar medios de comunicación, hacer campaña política a favor de la derecha, entrenar y financiar a mercenarios para organizar guarimbas, realizar atentados o cometer asesinatos selectivos, etcétera. Los antecedentes otorgan verosimilitud a las denuncias que vinculan a todas estas actividades.

Empresarios, ONG, guarimberos

Desde el gobierno bolivariano se acusa al banquero prófugo Eligio Cedeño por asociarse con contrabandistas y casas de cambio para instalar el “dólar Cúcuta” como referencia nacional, usando para ello al portal Dolar Today. Eligio Cedeño, buscado por fraude bancario y estafa a ahorristas y al Estado, vive actualmente en Miami, protegido por EEUU.

Cedeño también es acusado por el financiamiento a los grupos opositores violentos, nucleados en torno de Leopoldo López, Antonio Ledezma y María Corina Machado. De acuerdo a la correspondencia de Machado, estas operaciones cuentan con el aval del gobierno norteamericano.

Grupos como la ONG Operación Libertad, formados teóricamente por “jóvenes estudiantes pacíficos, que hacen presión por la democracia” en foros internacionales, se relacionan con Álvaro Uribe y se entrenan como mercenarios con el paramilitarismo colombiano.

Esta afirmación es un secreto a voces desde hace tiempo, pero además surge con contundencia a partir de los videos donde se autodelata Lorent Gómez Saleh. Se trata del líder de una de las ONG con mayor protagonismo en la OEA durante 2012 – 2014, aupado por las redes que agrupan a las “organizaciones de la sociedad civil”, vinculadas a los partidos de derecha venezolanos y a las iniciativas del Departamento de Estado.

Pasados unos meses, el conjunto de la derecha internacional -las ONG, los medios privados, los partidos opositores, los ex presidentes neoliberales, el gobierno de EEUU- los convierte en “presos políticos” y piden su impunidad. Alegan estar a favor de los derechos humanos y de la democracia, “horrorizados por la dictadura” que más participación popular promovió -y más elecciones ganó- en la historia de Venezuela.

Algunos ni siquiera esperan unos meses. Es el caso de Uribe, de Ledezma, de Machado, de Diego Arria, que defendieron a los jóvenes terroristas, “perseguidos por el régimen”, apenas fueron detenidos.

El martes, pocos minutos después de ser acusado por el presidente de Venezuela por su vinculación a los asesinatos políticos, Álvaro Uribe Vélez respondió una vez más con el mismo discurso. “Cada infamia del chavismo me estimula para apoyar la lucha democrática contra esa dictadura”, expresó, desde su cuenta de Twitter.

No explicó su vínculo con Julito Vélez ni por qué su abogado de confianza lo defiende por el asesinato de su esposa. Ni habló de Robert Serra y María Herrera. Pero confirmó que continúa apoyando a la democracia; y ya sabemos -o deberíamos saber- qué significa eso.

Fernando Vicente Prieto, desde Caracas – @FVicentePrieto