El cierre de frontera decretado por Venezuela el 19 de agosto tiene su causa en un complejo entramado político-delictivo, en el que destaca la acción de grupos paramilitares vinculados al expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez.

La estrategia paramilitar es controlar porciones cada vez mayores de territorio, donde se organizan acciones de financiamiento, entrenamiento y de operación política, en el marco de la guerra híbrida que se desarrolla en el continente.

Como es conocido, en el período de Gobierno de Uribe (2002-2010) fue cuando los grupos paramilitares alcanzaron su esplendor en la guerra “sucia” colombiana. Desde entonces datan los primeros planes para involucrarlos en Venezuela, con el objetivo de derrocar a Chávez. Fracasado en abril de 2002 el golpe en un formato más clásico, a partir de ese momento la guerra seguiría por medio de otras variantes.

En mayo de 2004, una gigantesca operación es desactivada en pleno centro del país. A pocos minutos de Caracas, en una quinta de El Hatillo propiedad del terrorista cubano-venezolano Robert Alonso, son detenidos 153 paramilitares colombianos, a punto de realizar una operación encubierta con el sello típico de las fuerzas especiales norteamericanas.

El objetivo era atacar el palacio de Miraflores portando uniformes venezolanos, para presentarlos como un sector de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) que se insurreccionaba contra el Gobierno del comandante Chávez, a quien planeaban asesinar. Luego, los políticos derechistas locales, los medios privados de comunicación y las propias estructuras infiltradas en la FANB harían lo suyo.

Abortado ese plan, a los pocos años Robert Alonso, ya prófugo en Miami, conceptualizaría la nueva variante táctica: la punta de lanza serían los grupos guarimberos, conformados por jóvenes con entrenamiento y apoyo logístico del paramilitarismo. Estos grupos comenzarían a organizar protestas callejeras violentas, apoyados por francotiradores, con el objetivo de generar caos social.

La acción de las fuerzas de seguridad, calificada como “represión a manifestantes opositores pacíficos, que luchan por la democracia y los derechos humanos”, sería presentada como prueba de la existencia de una dictadura, pretexto necesario para diversos niveles de intervención extranjera en los asuntos venezolanos.

Sobre la base de esa estrategia, durante varios años, en todo el país se fueron asentando núcleos paramilitares, construyendo vínculos con el “hampa común” a partir del control del narcotráfico y otros negocios ilícitos, como el contrabando, los secuestros, la trata de personas y las redes de “protección”, sustentados también en la corrupción de elementos de las fuerzas de seguridad venezolanas.

En la frontera el fenómeno alcanzó niveles alarmantes en los últimos meses, mientras se adelantaba una ofensiva total en la guerra de baja intensidad, con miras a derrocar al Gobierno de Nicolás Maduro.

Éste es el formato que emergió con fuerza en los dos últimos años y medio: primero en abril de 2013, con el llamado a “descargar la arrechera” del candidato perdedor en las elecciones, Henrique Capriles, que dejó a 11 personas asesinadas en sólo dos días; y luego entre febrero y mayo de 2014, con la campaña “La Salida” liderada por Leopoldo López, Antonio Ledezma y María Corina Machado, con 43 personas asesinadas, varias de ellas pertenecientes a las fuerzas de seguridad, baleadas por francotiradores expertos.

Pero también en acciones de sicariato con gran impacto político, como los asesinatos de Eliecer Otaiza (abril de 2014) y de Robert Serra (octubre de 2014) y los atentados contra Eduardo Samán, entonces presidente del Indepabis (octubre de 2013) y contra el ministro de Educación, Héctor Rodríguez (septiembre de 2014), a lo que se debe sumar los planes para asesinar a Daniela Cabello, la hija de Diosdado Cabello (entre mayo de 2014 y julio de 2015) y una gran cantidad de ataques a funcionarios policiales y escoltas de líderes políticos.

La captura de Lorent Gómez Saleh, líder de la ONG “defensora de los derechos humanos” Operación Libertad (septiembre de 2014) y de José Rafael Pérez Venta, de Alianza Bravo Pueblo, y de Carlos Trejo, de Primero Justicia (agosto de 2015) proporciona evidencias contundentes sobre los vínculos entre el paramilitarismo colombiano, el terrorismo de la derecha venezolana y todo tipo de crímenes y negocios ilegales, que financian las operaciones políticas contrarrevolucionarias. El descuartizamiento de la activista opositora Liana Hergueta a manos de estos mismos grupos no es más que la guinda de un pastel que apesta desde hace demasiado tiempo.

Si todos estos eventos de mayor impacto se registraron fundamentalmente en Caracas, es en la frontera donde se desarrolla la avanzada principal, una suerte de retaguardia estratégica que desde hace años vienen denunciando las organizaciones populares con presencia en zonas rurales y urbanas de Apure, Táchira y Zulia.

En este contexto se produce el ataque paramilitar del 19 de agosto, cuando son heridos en Táchira, a pocos kilómetros de la frontera colombo venezolana, tres efectivos del Ejército que se encontraban realizando un operativo anticontrabando. Este evento es el que desencadena la decisión de pasar a la contraofensiva contra el paramilitarismo y entre otras medidas, el cierre de la frontera.

Desde ese momento, en sólo diez días, han sido capturados varios integrantes de grupos paramilitares. En Táchira, fueron detenidos Wilmer Alexis Tarazona, venezolano, acusado de participar en la emboscada del 19 de agosto; y Diego Armando Muentes Burgos, colombiano, integrante del grupo Los Urabeños, luego de que una escuadra se enfrentó el 26 de agosto con efectivos de la FANB. Cinco paramilitares huyeron hacia Colombia. 

Poco después, Wilquin Alexander Roa, alias “Care Niña”, jefe de Los Urabeños en el corredor fronterizo, se entregó a las autoridades colombianas. A Roa se lo acusa por secuestro, extorsión y homicidio en varios casos, además de la desaparición forzada de seis personas halladas en una fosa común en Táchira en mayo pasado.

Casi en simultáneo, en el otro extremo del país -en El Tigre, Estado Anzoategui-, fueron arrestados Dario Legüizamón Pulido, alias “El Boyaco”, y Fabio Legüizamón Pulido, ambos hermanos de nacionalidad colombiana, quienes tenían pendientes 64 órdenes de captura por secuestro, tortura, homicidio y desaparición de personas, según el alerta roja de Interpol.

Apenas algunos casos emergentes, que si tienen lugar en los medios privados internacionales, serán simplemente como hechos aislados. Nunca como parte de un problema gigante, que es preciso abordar y cuyas pistas conducen a los principales operadores -y objetivos- del imperialismo en la región.

Twitter del escritor: @FVicentePrieto

Fuente: http://notas.org.ar/2015/08/29/colombia-venezuela-paramilitarismo-contrabando-cierre-frontera/