La mexicana Flor Molina fue víctima de esclavitud durante 40 días en la industria de la confección en Los Ángeles, Estados Unidos, hace más de 20 años, cuando emigró a ese país engañada por un traficante de personas que a la postre recibió una condena menor.

Fue obligada a trabajar 18 horas diarias en una fábrica sin recibir paga alguna, haciendo vestidos que se vendían a 200 dólares en tiendas departamentales, y a dormir en un depósito de la instalación que debía limpiar en su totalidad una vez los trabajadores culminaran la jornada.

Molina tuvo que compartir un solo colchón con otra víctima como ella y su calvario terminó cuando pudo salir un día de la fábrica y escapar.

Su testimonio no es un caso aislado o exclusivo de una época determinada. Al menos más de 500 mil personas en Estados Unidos, muchas de ellas migrantes, viven actualmente en condiciones de esclavitud moderna, llevando a cabo trabajos forzados, según datos de la Universidad de Denver, mientras que otras son víctimas de tragedias como la ocurrida el pasado 27 de junio en San Antonio, Texas.

Ese mismo día, un tráiler con 67 migrantes fue abandonado por traficantes de personas en medio de condiciones extremas de calor y tras haber burlado varios controles de seguridad, lo que provocó que 53 migrantes perdieran la vida dentro.

El proyecto "Terminar con la Esclavitud Ahora" ("End Slavery Now"), que busca visibilizar la existencia de la esclavitud moderna a partir del trabajo forzado en Estados Unidos, detalla en sus plataformas digitales la historia de Molina y de otras personas con experiencias similares, y asegura que son casos bastante frecuentes en un país autoproclamado defensor de los derechos humanos.

Expertos mexicanos consultados por Xinhua coincidieron en que los migrantes son uno de los grupos más proclives a ser víctimas de tragedias como la de San Antonio o sometidos a prácticas de trabajo forzado en Estados Unidos.

Ello obedece, dijeron, a la alta vulnerabilidad que enfrentan en el país norteño, tanto por políticas restrictivas como por patrones socioculturales de discriminación, racismo y xenofobia.

La investigadora Ariadna Estévez consideró que la vulnerabilidad de los migrantes, manifiesta en casos de trabajos forzados, trata y tráfico de personas, así como en lo sucedido en el abandono del tráiler, deriva del "enfoque prohibicionista de Estados Unidos hacia todo".

"El que las fronteras estén cerradas para el asilo está haciendo que haya más este tipo de cosas porque las fronteras cerradas facilitan la delincuencia organizada y el tráfico de mano de obra", afirmó Estévez.

Académica del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la Universidad Nacional Autónoma de México, Estévez opina que las políticas restrictivas de Estados Unidos en materia de migración provocan el auge de redes criminales que incursionan en la trata de personas.

Propician la esclavitud y trabajo forzado no sólo de migrantes irregulares transportados por traficantes de personas, sino también de aquellos que van a Estados Unidos de manera legal, mediante visas temporales de trabajo, observó.

A modo de ejemplo citó el caso de la organización criminal "Patricio", que durante años operó bajo la fachada de una agencia de contratación de migrantes y obtuvo ganancias por 200 millones de dólares en cuatro años, a costa del trabajo forzado de decenas de personas que fueron obligadas a trabajar bajo precarias condiciones en campos de cultivo de Estados Unidos.

Una reciente investigación del diario mexicano Milenio, basada en la consulta de documentos judiciales albergados en las cortes estadounidenses, mostró que la organización criminal vendió en 21.000 dólares a 30 de sus trabajadores, "como si se tratara de ganado".

Estévez resaltó que lo peor de hechos como éste es que muchas de estas faltas se producen "cobijadas con acuerdos bilaterales que están completamente al margen de acuerdos de derechos humanos y comerciales" entre Estados Unidos y otros países, como México y los de Centroamérica.

"Es un tipo de esclavitud hasta legal en ese sentido. Los migrantes están siendo vistos como la economía circular de las tierras raras. En la medida en que están prohibidos, se hace una economía sobre sus cuerpos y sobre sus trayectos en los que se beneficia todo el mundo", denunció.

Se benefician las bandas criminales porque obtienen dinero de los migrantes al transportarlos y retenerles documentos, pero también Estados Unidos porque "permite que su industria pueda contratar gente de forma muy barata en varios sectores", dijo Estévez.

La investigadora apuntó que del trabajo forzado de los migrantes también obtiene beneficios Estados Unidos en los centros de detención para el procesamiento de migrantes, gestionados por capitales privados que han hecho de ese nicho de explotación uno de los más rentables económicamente.

José María Ramos, investigador del Colegio de la Frontera Norte de México, señaló que Estados Unidos, por la necesidad de mano de obra y el elevado volumen migratorio hacia su territorio, tiene un gran número de migrantes trabajando en situación de irregularidad, lo que en varios casos conduce a acciones de explotación, discriminación y violación de las propias leyes estadounidenses.

Tales acciones en suelo estadounidense, observó el experto, resultan contradictorias con la defensa de los derechos humanos que proyecta el país al mundo.

"Sin duda alguna, van en detrimento de la dignidad humana, de los derechos humanos y sobre todo de la propia de declaración universal de derechos humanos", subrayó Ramos, a la vez que explicó que los casos de trabajo forzado están atravesados también por el contexto sociocultural de algunas áreas de Estados Unidos donde aún prevalece la discriminación.

Organizaciones internacionales relacionadas con los derechos humanos y laborales han señalado que el tráfico de mano de obra es frecuente en más de una veintena de industrias o áreas de Estados Unidos, como la agricultura.

Ello hace del país norteño un territorio de origen, tránsito y destino para víctimas del trabajo forzado y la esclavitud, en el que la trata de personas se puede encontrar tanto en sectores legales como ilícitos.

La investigadora de la Universidad de Guadalajara María Antonia Gutiérrez dijo a Xinhua que todo esto sucede en Estados Unidos porque conviene a ciertos intereses económicos locales el propiciar que se trafique y se haga trata para utilizar esta mano de obra en situación de vulnerabilidad.

"Esto les permite violentar esos derechos humanos y laborales que para los nacionales requieren cumplirlos y, sin embargo, para los que están en condición irregular no lo hacen", apuntó.

Gutiérrez definió al trabajo forzado de los migrantes como un elemento que configura un escenario "literal" de esclavitud moderna y que ha devenido en una condición "sine qua non" de un modelo económico basado en "unas condiciones tremendas de desigualdad económica, social y cultural" para beneficiar a los grandes capitales.

Esto "deja en vergüenza" a Estados Unidos ante el mundo, opinó la académica.

Según estimó, lo que hacen las autoridades estadounidenses al no reconocer este problema en su territorio o potenciarlo por omisión es fomentar aún más el tráfico y la trata de personas.

Pero lo hacen para "su propio beneficio, para "el propio beneficio de las empresas" y en detrimento de los derechos de los migrantes y otras víctimas, concluyó.