Chile es uno de los países más conservadores de la región. Fue el país que en el año 2013 impidió que una niña de 11 años de edad, violada por su padrastro, pudiese acceder a un aborto seguro.

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La maternidad forzada en Chile es un tema pendiente. Cada año son miles las mujeres que se acogen al programa de Planificación Familiar y Paternidad Responsable, para que el Estado les haga entrega de píldoras anticonceptivas.

Las mujeres suscritas a este plan son aquellas más vulnerables, en el aspecto económico.

Píldoras que fallan

Sin embargo, el Instituto de Salud Pública advirtió en el 2020 que había lotes de pastillas que estaban defectuosas. Esto coloca a esas miles de mujeres en situaciones mucho más vulnerables de las que ya se encontraban.

Pues, ahora deben enfrentar otro reto: ¿Qué hacer en esos casos de embarazos no deseados? Dichas pastillas no servían, por los que tuvieron que retirarlas, pero, ya el daño estaba hecho.

Desde #Arica la Colectiva Feminista Julieta Kirkwood sumándonos al #PañuelazoVirtual #28M convocado por @MesaAborto_CL

Para que los Derechos Sexuales y Reproductivos sea garantizados en esta #NuevaConstitución
�� Por el Aborto libre!!! pic.twitter.com/umK9mXZtzP

— ColectivaJulietaK (@ColectivaK) May 28, 2021

 

Siguiendo los datos que provee la Corporación Miles, una organización que trabaja en pro de los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas en el país, ha informado que más de cien mujeres quedaron embarazadas sin desearlo. Ellas creían que se estaban cuidando, mientras seguían las indicaciones de los fallidos programas públicos. 

Esto demuestra la irresponsabilidad y el desatino del Estado, pero los desaciertos llegan más lejos, ya que a estas mujeres no se les permite tener un aborto seguro.

El aborto fue una conquista que las mujeres chilenas conquistaron apenas en el 2017, luego de décadas de lucha, logrando finalmente que el aborto fuese despenalizado bajo tres causales: Embarazos productos de violación, si la vida de la mujer corre peligro y si hay inviabilidad fetal. No obstante, estos logros fueron a medias.

Actualmente, haría falta otra causa: Que el embarazo sea producto del uso de anticonceptivos dañados provistos por el Estado.

Pero esto no existe, por lo que las mujeres que creían haberse cuidado, continúan con la gestación indeseada y con el daño que implica el que sus proyectos de vida se interrumpan, además de la sensación de injusticia e impotencia.

Una mujer da a luz encadenada

Esta lucha aún continúa porque las injusticias persisten. Chile tiene un trágico antecedente en el tema de la maternidad forzada. Por ejemplo, el caso de la mujer de la etnia mapuche que denunció que fue obligada a dar a luz estando encadenada y con un carabinero vigilándola. 

Se trata de una mujer de 29 años de edad, quien forma parte de la comunidad Mawidanche, de Alto Antiquina, detenida junto a otros familiares en el año 2015, en diciembre.

Los familiares denunciaron: “La habíamos notado muy hinchada, tenía muy hinchados los párpados, la cara, las manos, las piernas. Pensamos que era normal porque ella tuvo un primer embarazo donde también estaba hinchada, pero se veía mal en la cárcel”.

Ese mismo día, en la tarde, la joven había sido trasladada por la Gendarmería de Chile, desde la cárcel de Arauco hasta la ciudad de Concepción. La mujer tenía problemas con su presión y los médicos, arbitrariamente, decidieron practicarle una cesárea.

Una pastilla defectuosa

La pastilla en cuestión es la Anullete CD, del Laboratorio Silesia S.A y, hasta hace siete meses, fue repartida a más de 300.000 mujeres que se encuentran acogidas al programa de planificación familiar del Estado.

El Instituto de Salud Pública (ISP) de Chile alertó sobre la situación en agosto de 2020 y retiró del mercado dichos anticonceptivos, pero esta medida llegó tardía, pues ya el comprimido tenía más de un año en circulación, acompañado de las denuncias sobre los embarazos no deseados que iban en aumento todos los días.

Una de estas mujeres, que se vio perjudicada por la distribución del comprimido, decidió solicitar un aborto, mientras que otras 170 mujeres no tuvieron más opciones que continuar con sus embarazos.

El año pasado, el 17 de diciembre, una joven, llamada Javiera, para proteger su identidad, se dirigió hasta el Centro de Salud Familiar (Cesfam) para que la atendiesen y presentó la petición.

��"Es imperativo que en la nueva Constitución se garanticen los derechos sexuales y reproductivos de todas, todos y todes, de manera que podamos tomar decisiones en nuestro desarrollo como personas y hacerlo libre de coacciones y violencia" @lagloriamaira de @MesaAborto_CL pic.twitter.com/O7xy7ocL1l

— Nada sin Nosotras (@nadasinnosotras) June 2, 2021

La vida de esta chica está presentando un sufrimiento a nivel psicológico que ponen su vida en peligro. Ante este daño y pesadumbre de la joven, el Cesfam ignoró la solicitud, por lo que ella tomó la decisión de ir a los tribunales.

Los argumentos que presentó fue un desequilibrio en la salud psicológica, angustia, crisis de pánico, falta de apetito, apatía, e incluso carencia de motivación, lo cual la ha llevado incluso a “tener ideas suicidas”, síntomas de depresión mayor.

La joven aseveró que no cuenta con los recursos económicos ni con el apoyo de personas cercanas para cuidar a un hijo o hija, pues, apenas estaba ilusionada, dando sus primeros pasos para ejercer su profesión.

Lo que hasta ahora se había dictaminado era que el Estado Chileno tenía “la obligación proactiva de cuidar la vida y la integridad física y psíquica de las personas”, pero a Javiera le queda todavía un camino largo por transitar y lleva 23 semanas de embarazo, por lo que un aborto no es lo más recomendable.