Falsos positivos en Colombia: reconocimiento de ejecuciones extrajudiciales
Unos 120 jóvenes fueron asesinados por agentes del Estado para hacerlos pasar como supuestos caídos en combate.
En Colombia se vive un momento histórico con las audiencias de reconocimiento por las ejecuciones extrajudiciales, también conocidas como falsos positivos, ocurridas en la región del Catatumbo, en el departamento del Norte de Santander (noreste).
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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) realizó, en la Universidad Francisco de Paula Santander de Ocaña, las audiencias públicas en las que diez militares retirados y un civil aceptaron su responsabilidad en la desaparición y asesinato de unos 120 jóvenes, a quienes hacían pasar como supuestos guerrilleros caídos en combate.
Los militares retirados no solo reconocieron su responsabilidad en los asesinatos, registrados entre 2007 y 2008 durante el Gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, sino que pidieron perdón a las víctimas y familiares que acudieron a las audiencias.
La JEP estableció que estas audiencias se celebraran entre los días 26 y 27 de abril.
Hoy el país continúa escuchando en audiencia pública de la JEP los reconocimientos de verdad de los 10 miembros del Ejército y el civil imputados por crímenes de guerra y lesa humanidad dentro del caso que investiga 'falsos positivos' en el Catatumbo.https://t.co/Zk7c1tClKU
— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) April 27, 2022
Imputación por los crímenes
De acuerdo con la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP, sobre el Caso 03 "Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado", los homicidios ocurrieron sin que existiera un combate real y las víctimas estaban indefensas.
En 2021, cuando al JEP informó avances sobre el caso, la magistrada Catalina Díaz anunció que fueron imputados crímenes de guerra y de lesa humanidad a diez mimebros del Ejército colombiano y a un civil.
"Las 120 víctimas identificadas por la Sala de Reconocimiento fueron asesinadas en estado de indefensión por parte de los miembros de la fuerza pública, sin que mediara combate “real” alguno", aseguró la magistrada Catalina Díaz, relatora del #Caso03 ('falsos positivos').
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"La JEP imputa crímenes de guerra y de lesa humanidad a un general, seis oficiales y tres suboficiales del Ejército, y a un tercero civil, por 'falsos positivos' en Catatumbo", precisó en su momento.
Además, la magistrada aseveró que, para la JEP, la evidencia demuestra que los 11 imputados son "penalmente responsables del crimen de guerra de homicidio en persona protegida y los crímenes de lesa humanidad de asesinato y desaparición forzada".
"Las 120 víctimas asesinadas tienen un perfil semejante y se repite un mismo modus operandi. La Sala de Reconocimiento encontró que no se trataba de hechos aislados o de una repetición accidental", manifestó Díaz.
Reconocimientos
El suboficial retirado el Ejército, Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar, uno de los imputados, declaró que "no voy a justificar lo que hice porque cometí delitos, crímenes. Asesinamos personas inocentes, campesinos. Quiero aclararlo acá: lo que asesinamos fue campesinos".
"Yo ejecuté, yo asesiné familiares de los que están acá, llevándolos con mentiras, con engaños, disparándoles, asesinándolos cruelmente, cobardemente, poniéndolos un arma y diciendo que eran guerrilleros. Y manchando el nombre de esa familia", admitió.
Según Gutiérrez, en febrero de 2007, cuando arribó al Catatumbo, existía una "presión de altos mandos que nos exigían dar resultados". “Había que buscar los resultados como fuera. Los grupos de guerrilla no los encontrábamos, pero había que dar el resultado (...) El mismo modus operandi mio en El Carmen (municipio), lo estaban haciendo las otras patrullas”, afirmó.
Otro de los imputados, sargento segundo del Ejército Nacional, Sandro Mauricio Pérez, admitió que "yo planeé cómo traer jóvenes a la ciudad de Ocaña (...) Yo entregué armas para que jóvenes inocentes, con sueños y que eran amados por sus madres, esposas e hijos, fueran asesinados y reportados como un resultado operacional”.
En su relato, el sargento (r) Pérez les dijo a las víctimas: “No tengo excusas ni cómo reparar el asesinato de sus seres queridos. Jamás en la vida podré quitar ese dolor. Jamás en la vida se me quitará la vergüenza de haber cometido esos actos inhumanos”. pic.twitter.com/z7LXDRB6if
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Pérez asumió que él realizaba la documentación falsa para dar credibilidad al hecho, quitándoles los documentos, lo que hacía que fuera más difícil que sus familiares pudieran encontrarlos. “Fueron asesinatos a sangre fría. Yo realicé documentación falsa para darle credibilidad a este hecho, les robé la identidad a sus seres queridos, a sus hijos que tanto amaban”, comentó.
De igual forma, el exjefe de operaciones del Batallón Infantería N.°15, Juan Carlos Chaparro, aceptó que en ese entonces él "generaba documentación con las mentiras que a mí me daban. Yo nunca verifiqué, ahondé, ni fui más allá de lo que estaba pasando".
"Lo único que me importaba a mí era que la documentación, así fuera mentirosa, estuviera. Pido perdón por estos crímenes de lesa humanidad que cometí (…), pido perdón por las actividades atroces que cometí, encubrí y que tapé", acotó.
Por su pare, el exjefe de Estado Mayor de la Brigada Móvil, coronel retirado Rubén Castro, reconoció que hubo "una banda criminal al interior de la Brigada de la cual tuve conocimiento, que no denuncié ni investigué".
"Como autor a título de comisión por omisión por crímenes de guerra y de lesa humanidad (…) acepto responsabilidad por no haber investigado para sancionar estas falsas operaciones”, dijo en su declaración.
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A su vez, el excomandante de la Brigada Móvil 15 entre 2006 y 2007, excoronel Santiago Herrera Fajardo, admitió que "mientras ejercí ese cargo operó al interior de la Brigada una estructura criminal de facto".
"Este lamentable acto criminal fue conformándose por algunos de los miembros de la Unidad Militar bajo mi mando, a medida que yo iba presionando a mis subalternos para que obtuvieran resultados en términos de bajas en combate a como diera lugar”, precisó.
Exigencias de las víctimas
La familiar de una de las víctimas, Eduvina Becerra, tomó la palabra en la audiencia pública para reiterar que, desde hace más de 14 años, busca que se haga justicia por el asesinato de su esposo y que se limpien los nombres de quienes fueron asesinados.
“Queremos que hoy, ante este público y ante el mundo y nuestro país, digan que nuestros familiares no eran ningunos combatientes o guerrilleros. Esperamos que todo esto se aclare”, expresó.
Una de las voceras de las Madres de los Falsos Positivos de Colombia (Mafapo), Jacqueline Castillo, declaró a un medio local que “para nosotras, los máximos responsables son los comandantes mayores de las Fuerzas Militares, los generales en cada brigada, el ministro de Defensa, el mismo presidente Álvaro Uribe Vélez”.
Jaime Castillo Peña, el hermano de Jacqueline, fue asesinado el 10 de agosto de 2008. “¿Cómo es posible que un juez penal militar no se haya dado cuenta de lo que estaba pasando? ¿Son cómplices o son brutos?”, preguntó Jaqueline Castillo.
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La hermana de otra de las víctimas, María Consuelo Daza, cuestionó "¿si ustedes están aquí comprometidos con la verdad, por qué no hablan de las cabezas, de la estructura criminal, que ustedes actuaron por órdenes de superiores?".
"Desde la perspectiva de las víctimas, aún tienen mucho más que decir”. (...) En su sentir no se ha llamado a todos los que tenían que haber llamado: algunos militares ni siquiera fueron convocados ni rindieron versión voluntaria", aclaró el abogado Fernando Rodríguez.