No existe justificación moral para que un país intervenga en los asuntos internos de otro. Comenzando porque las sanciones multilaterales están en contra del derecho internacional y su ejercicio inhumano en medio de una pandemia, traen consecuencias contra la vida de seres inocentes. 

Ni la iniciativa Covax, de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha podido ser implementada. Hablamos del impedimento de la compra de vacunas contra el Covid-19, como consecuencia del congelamiento de los fondos en los bancos norteamericanos, portugueses, ingleses, por ejemplo. 

Tampoco medicinas, ni equipos. Todo ha sido planeado, para incrementar las calamidades económicas y humanitarias existentes. Sino, escuchemos a la relatora de la Organización de las Naciones Unidas afirmar que sanciones contra Venezuela constituyen una violación del derecho internacional.

Entonces, esa narrativa que responsabiliza al gobierno actual, con la crisis en el país sudamericano, debería ser reinterpretada con tantas pruebas que nos trae la vida. No se puede quedar bien con Dios y con el Diablo.

Asedio

Más de 7 mil millones de dólares de Venezuela han sido bloqueados desde 2014, en 40 bancos internacionales. Las pérdidas al Estado venezolano por 130.000 millones de dólares, son una cifra magnífica que pudiera representar el dolor de tantas vidas, si no fuera sólo una metáfora del sufrimiento.

La mayor parte de ese dinero del pueblo de Venezuela, está controlado en Bancos norteamericanos, ingleses y portugueses. Y tal como se lo hacen al Estado, también actúan contra las personas naturales. Les cierran sus cuentas o no les permiten abrirlas o hacer sus transacciones.

El bloqueo económico y comercial que ha impuesto el gobierno de Estados Unidos a Venezuela, entre otras consecuencias, limita al Estado venezolano su capacidad de importación de bienes básicos como alimentos y medicinas.  

La hostilidad de las acciones, tiene sus inicios mucho antes que Nicolás Maduro asumiera la presidencia de la República. Venezuela cuenta con una de las mayores reservas de petróleo del mundo y eso dice de su capacidad de auto sustentarse, sin intromisiones. También dice mucho de ser una joya codiciada.

La sucesión de acciones desestabilizadoras desde el golpe de Estado en abril de 2002, contra el presidente Hugo Chávez, el plan “La Salida” con una escalada de violencia en febrero de 2014 y las manifestaciones violentas de 2017, son sólo un botón de muestra. La agresión alcanza el clímax en 2019, con la confiscación y robo de activos petroleros por casi 20 mil millones de dólares, el secuestro impune -en oro y dinero fresco en la banca privada internacional- por el orden de los 5 mil millones de dólares. Lo han intentado todo.

En diciembre de 2014, con la promulgación de la “Ley de defensa de derechos humanos y sociedad civil” o “Ley Pública 113-278”, el Congreso estadounidense otorgó a la presidencia de los Estados Unidos, poderes excepcionales (bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional) para bloquear activos y prohibir transacciones financieras desde Venezuela, utilizando como excusa la “violación de los derechos humanos”. Todas las maniobras, que forzadamente intentan provocar un cambio de gobierno en Venezuela, tienen como objetivo controlar sus amplios recursos naturales. 

En todos los casos, son sustentadas por campañas mediáticas en medios y redes internacionales. Su punto de vista, es legitimado mediáticamente y la pobreza se convierte un el tema político, tendenciosamente manipulado. 

Tres titulares: 

El País,  julio 2020. La pobreza extrema roza el 80% en Venezuela.

La última Encuesta de Condiciones de Vida de los Venezolanos, el más amplio barómetro desde que el Gobierno dejara de publicar estadísticas, confirma el descalabro del país.

New York Times, Febrero 2020. La Capital venezolana está viviendo un auge. ¿Ya acabo la revolución? 

Las sanciones de Estados Unidos pensadas para derrocar a Nicolás Maduro, forzaron cambios que han aliviado las tensiones sociales y mejorado la vida, pero solo para unos cuantos. Otros ven a un país más desigual que se a alejado de sus ideas socialistas. 

 -  Clarín, febrero 2021. Hiperinflación y pobreza.

Crisis y polémica en Venezuela: mientras crece el hambre, el gobierno celebra el Día de la Alimentación.

Derechos y humanos

“Yo no he parado de recopilar y evaluar materiales”, afirmó la alta funcionaria del organismo internacional.

“Cuando se trata de la liberación de los fondos, o la posibilidad de comprar el petróleo o gas y otras fuentes de recursos para el Gobierno, yo creo que estos aspectos son importantes, es decir, para cualquier Gobierno, para cualquier Estado, incluyendo el Gobierno de Venezuela, poder reiniciar sus proyectos de desarrollo. Ningún Gobierno puede hacerlo sin los recursos necesarios”. 

Las consecuencias han sido narradas por la relatora de Derechos Humanos de Organización de las Naciones Unidas, Alena Douhan, cuyo informe final, se presentará en septiembre del 2021 ante el Consejo de Derechos Humanos (DD.HH.) de la Organización de Naciones Unidas (ONU). 

Mientras se escriben datos fríos de la operación contra el derecho internacional, la perturbación, la desesperación y hasta la muerte, quedan en la historia personal de millones de seres humanos. 

Por eso Douhan, cuya visita tuvo un carácter independiente e imparcial - y contó con extensas consultas con una amplia gama de interlocutores, entrevistas a funcionarios del Gobierno y grupos de oposición- refiere que las medidas unilaterales aplicadas contra Venezuela, sus instituciones y activos en el extranjero, violan los derechos internacionales y los del país, para responder ante las necesidades de un pueblo que sufre las consecuencias del bloqueo aplicado por EEUU y sus aliados europeos.

Efectos negativos dentro de las prácticas de supervivencia, señala la relatora internacional de la ONU. Existe restricción en el acceso a los repuestos imprescindibles, para el funcionamiento de maquinarias vinculadas al sistema de agua y electricidad. Todo en medio de una pandemia, donde se necesita tanto de la higiene como de la alimentación y del Sistema Nacional de Salud.

“Deben utilizarse todos los mecanismos legales para permitirle al Gobierno venezolano, restaurar sus proyectos sociales y de desarrollo. Por eso hago gran énfasis en el diálogo, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos entre los Estados”. A nivel de catástrofe, califica la afectación de la calidad de vida. 

El informe respaldó la eliminación de las sanciones y la restauración de las relaciones normales entre las naciones. “Al mismo tiempo -comentó- debo decirles que sí recomendaría las negociaciones entre el Gobierno venezolano y el Gobierno de los países que impusieron sanciones sobre Venezuela como un medio para resolver los conflictos y el levantamiento de las mismas”.

Asimismo, aboga por revisar el impacto humanitario de las medidas unilaterales contra el pueblo de Venezuela y recomienda el respeto por la soberanía de las naciones, la Ley de refugiados, la Ley humanitaria, así como el carácter legal internacional. “Creo que esta la única manera que podemos garantizar el bienestar de la población venezolana y el resguardo de sus derechos humanos”, señala. 

Alena Douhan -quien fuera la directora del Centro de Investigación para la Paz de Belarús- insiste: “En cuanto a las vacunas Covax y cualquier otra actividad, recomiendo a las instituciones internacionales intervenir. Creo que la cooperación entre el Gobierno de Venezuela y las institucionales es de vital importancia”. “Las compras de medicina, alimentos y bienes esenciales debe hacerse bajo el monitoreo de las instituciones y agencias de la ONU y la Organización Panamericana de la Salud, OPS.”

En otro orden, la representante de la ONU dejó claramente expuesto su análisis en el tema económico. “El declive de la economía comenzó en 2014 con la caída de los precios del petróleo. Entre otros factores que afectan a la economía de Venezuela, se han citado la mala gestión, la corrupción y los controles estatales de precios”.

“Las sanciones unilaterales impuestas cada vez más por Estados Unidos, la Unión Europea y otros países han agravado los problemas mencionados. Se ha informado de que los ingresos del Gobierno se han reducido en un 99% y que el país vive actualmente con el 1% de sus ingresos anteriores a las sanciones”.

“Las remesas procedentes del extranjero han disminuido debido al bloqueo de los activos del Estado y a la complejidad de las transferencias bancarias y a los impedimentos para realizarlas. Cuatro años de hiperinflación han provocado la devaluación total de la moneda nacional (1 USD = 1,8-1,9 millones de bolívares). Esto ha provocado la disminución de los salarios del sector público de 150-500 USD en 2015 a 1-10 USD en 2020, y un creciente nivel de pobreza. En 2018-2019, el Gobierno introdujo nuevas políticas económicas: se levantó el control de precios y se permitió que el sector privado volviera a entrar en la economía”. 

“Sin embargo- añade- el endurecimiento de las sanciones a las que se enfrenta el país desde 2015, socava el posible impacto positivo de las actuales reformas, así como la capacidad del Estado para mantener las infraestructuras y ejecutar proyectos sociales”. De la misma forma expone que desde el año 2000, “el Gobierno ha anunciado la puesta en marcha de un amplio abanico de proyectos sociales en los ámbitos de la vivienda, la educación, la alfabetización, la alimentación, el suministro de electricidad y agua, la atención sanitaria, la planificación familiar, la alfabetización informática y el desarrollo de las comunas, muchos de los cuales se han ejecutado sin coste alguno para el pueblo o han sido sustancialmente subvencionados por el Estado”.

La representante de la ONU exhortó a garantizar que funcionarios del Gobierno de Venezuela  puedan representar al Estado. Además, no descartó posibles visitas a Venezuela, de otros relatores en el futuro. “Creo que es vital, para que puedan evaluar una situación relativa a la seguridad habitacional, alimentaria y otros sectores", especificó Douhan.

Impacto en la salud

En medio de la pandemia de la Covid-19, los efectos del bloqueo se han hecho más graves. Aunque el Gobierno garantiza el acceso a la salud, las sanciones impiden importar medicamentos que no se fabrican en el país, ni la materia prima para producirlos.

Ya el Ministro de Salud, Carlos Alvarado, lo denunció previamente, durante su participación en la sesión virtual de la 58 Reunión Anual del Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud. El gobierno estadounidense secuestró más de 30 mil millones de dólares pertenecientes al pueblo venezolano, lo cual impide el acceso a vacunas y medicamentos para enfrentar la pandemia de la Covid-19.
Insistió que ello limita el alcance de la población a la salud y la alimentación.

Aun así -enfatizó- Venezuela pone a disposición del continente, las capacidades de producción conjunta y apoya los aportes de otras naciones en pos de resolver la crisis sanitaria en la región.

El 7 de septiembre de 2017, el Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) el congelamiento en un puerto internacional, de un cargamento con más de 300.000 dosis de insulina. Las sanciones sabotearon la transacción de 4.851.252 euros, necesarios para atender a 26 pacientes venezolanos que se encontraban en Italia en 2019, quienes esperaban trasplantes de médula ósea.

#EnVivo �� | Intervención en la reunión de jefes de Estado sobre el “Financiamiento al Desarrollo en la era del COVID-19 y más allá”.https://t.co/xO5JuhgwAe

— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) September 29, 2020

El corazón de un niño

Más de 11 mil infantes de Venezuela, Latinoamérica y África, han sido operados desde su inauguración en el Hospital Cardiológico Infantil Latinoamericano Dr. Gilberto Rodríguez Ochoa, una de las obras más emblemáticas de la Revolución Bolivariana, que en agosto de 2019, cumpliera 13 años de fundado. 

Sobre el tema, la relatora de la ONU señala: “En particular, el Hospital Cardiológico Infantil de Caracas enfrenta una disminución de 5 veces el número de cirugías (de un promedio de 1.000 intervenciones anuales en el período 2010-2014 a 162 en 2020”.

Igualmente, reconoce el informe preliminar de la ONU que “Venezuela ha dependido casi por completo de las medicinas importadas del extranjero, mientras que la mayoría de los servicios médicos públicos, eran proporcionados por el Estado de forma gratuita antes de 2016”. 

Ejemplos sobran en la vida cotidiana. En noviembre de 2017, el laboratorio BSN Medical bloqueó, por orden del Gobierno colombiano, un paquete de Primaquina, medicina para el tratamiento con la malaria, que había sido comprado por Venezuela. 

En 2018, el presidente de la Comisión del Poder Público de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Pedro Carreño, indicó que 39 millones de dólares, destinados para la compra de alimentos y medicinas, fueron devueltos por el sistema financiero internacional a Venezuela.

Como parte del sabotaje, sin importar quien muera, impidieron la transacción de 4.851.252 euros necesarios para atender a 26 pacientes venezolanos asistidos en Italia, a la espera de trasplantes de médula ósea. El convenio de PDVSA, había sido establecido con una fundación humanitaria. Para hacer más claro el propósito, los recursos formaban parte de los 1.543 millones de euros, retenidos por la entidad financiera Novo Banco en Portugal.

Es por ello que la relatora de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, Alena Douhan, insiste en su agenda. “Los impedimentos para la atención sanitaria incluyen la falta o la grave insuficiencia de medicamentos y vacunas; el aumento de los precios; la escasez de electricidad para abastecer a los equipos; la escasez de agua y los problemas de saneamiento que afectan a la higiene”.

Del mismo modo enfatiza que “el deterioro de la infraestructura debido a la falta de mantenimiento, la ausencia de piezas de repuesto, la falta de disponibilidad de nuevos equipos debido a la falta de recursos o a la negativa a venderlos o entregarlos; la degradación de las condiciones de trabajo y la falta de equipos de protección contra las enfermedades infecciosas; la pérdida de personal en todas las áreas médicas debido a los bajos salarios; y la finalización de la construcción de hospitales y centros de atención primaria”.

Se demuestran las afectaciones sobre la salud, con cifras y ejemplos concretos. Se investiga y publica por la ONU, ¿qué más falta?

“Las plazas de personal médico en los hospitales públicos están vacantes en un 50-70%. Solo alrededor del 20% de los equipos médicos están actualmente en funcionamiento”.

Insalubridad provocada, para ser más claros: “El país se enfrentó a una grave escasez de vacunas contra el sarampión, la fiebre amarilla y la malaria en 2017-2018. La falta de pruebas y tratamiento para el VIH en 2017-2018 supuso, según los informes, un grave aumento de la tasa de mortalidad. El desvío de activos de la filial estadounidense de PDVSA, CITGO, ha impedido que se realicen trasplantes de hígado y médula ósea a 53 niños venezolanos; dichos trasplantes se habrían realizado en Italia y Argentina antes de 2016 con cargo al Estado”. 

No pasa por alto para la Relatora Especial, el crecimiento reportado de la mortalidad neonatal y materna desde 2013, con una leve mejoría en 2019, cuando se activó la cooperación humanitaria con UNICEF, la OPS, la iglesia y otras organizaciones humanitarias. Igualmente señala, el efecto nocivo del embarazo precoz en medio de la crisis, la falta de acceso a la información y al uso de métodos anticonceptivos. Como tampoco, el aumento del VIH/SIDA debido a las relaciones sin protección.

Ya está dicho y será ampliado en septiembre del 2021, ante el Consejo de Derechos Humanos (DD.HH.) de la Organización de Naciones Unidas (ONU). No se puede tapar el Sol con un dedo acusador, cuando quienes objetan, bloquean y matan, se convirtieron en impugnados.