El lunes 22 de abril de 1985 amaneció gris, frío y húmedo en Argentina. Parecería un día normal según la temporada, hasta que pasado el mediodía un hecho sin precedentes cambió para siempre la historia.

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Inició el juicio a las Juntas Militares responsables del asesinato o desaparición de un número superior a las 30.000 personas por el Gobierno impuesto entre 1976 y 1983. La película Argentina, 1985, protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani, lo recuerda.

La aún frágil democracia, recuperada el 10 de diciembre de 1983, provocó un punto de giro durante los 232 días que duró el juicio y su fallo. En ese tiempo transcurre la película dirigida por Santiago Mitre, quien solamente tenía cuatro años cuando transcurrieron los hechos reales. 

El actor Ricardo Darín -el fiscal Strassera en la ficción- había cumplido 28, mientras que su colega Peter Lanzani -el fiscal Moreno Ocampo- nacería cinco años después.

El informe

Fue en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Palacio de Tribunales de la Ciudad de Buenos Aires, donde se enjuiciaron a nueve integrantes de las Juntas Militares: Jorge Rafael Videla, Emilio Massera, Orlando Agosti, Roberto Viola, Armando Lambruschini, Omar Graffigna, Arturo Lami Dozo, Jorge Isaac Anaya y Leopoldo Fortunato Galtieri.

Allí estaban para ser testigos de la historia, entre otros, la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, y el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel.

El día anterior, el presidente Raúl Alfonsín habló por cadena nacional. Fue necesario desmentir los rumores del golpe militar que, como pataleo de ahogado, echaron a rodar para desestabilizar a la opinión pública e intimidar a los jueces Jorge Torlasco, Jorge Valerga Araoz, Ricardo Gil Lavedra, León Carlos Arslanián, Andrés J. D’Alessio y Guillermo Ledesma. 

El escritor Ernesto Sábato - segundo argentino en recibir el premio Cervantes de Literatura en 1984, después de Jorge Luis Borges en 1979- había presidido una comisión en su país, junto a cinco secretarios y 12 miembros, en la búsqueda de testimonios de sobrevivientes, familiares y también de represores, para identificar los lugares utilizados como centros de detención. 

Recorrieron toda Argentina por 280 días y recopilaron -un año antes del juicio- los testimonios de los sobrevivientes y un inventario de los 340 centros clandestinos de detención. 

También revisaron los registros de las morgues y los documentos policiales con descripciones sobre los “procedimientos” para obtener información de los detenidos.

Sábato puso en las manos del presidente Alfonsín, el 20 de septiembre de 1984, un informe de 50.000 páginas, con una lista parcial de los desaparecidos.

El juicio

Con 48 minutos de retraso por un problema de cortesía procesal, comenzó la lectura de sentencias, dado que la Cámara Federal exigió como condición para permanecer en la sala, a Hebe de Bonafini, que debía quitarse el pañuelo blanco de su cabeza, lo que consideraban era un distintivo político. 

Ante ello, Hebe de Bonafini contestó que allí había hombres con uniforme de las Fuerzas Armadas, lo que era un distintivo político. Entonces, fue el propio fiscal Julio César Strassera quien la convenció, aunque a mitad de la lectura de las sentencias, las madres se colocaron los pañuelos y abandonaron la sala, cuando el presidente del tribunal leía las absoluciones. 

En este juicio fueron presentados más de 830 testigos y se analizaron 280 casos de violaciones a los derechos humanos. La Cámara Federal dictó sentencia el 9 de diciembre de 1985, donde fueron condenados a reclusión perpetua Videla y Massera. 

Consecutivamente se informó la sentencia a 17 años de prisión para Viola; ocho años de prisión para Lambruschini, así como cuatro años y seis meses de prisión para Agosti. Fueron absueltos Jorge Anaya, Omar Graffigna, Arturo Lami Dozo y Leopoldo Galtieri.

Al conocerse la noticia, unos 2.000 manifestantes protestaron en el centro de Buenos Aires. No obstante, la reacción acerca del fallo judicial se trató de un juicio inédito. 

En un decreto del presidente Raúl Alfonsín -15 diciembre de 1983- fue ordenado someter a juicio a los integrantes de la Junta Militar por “los delitos de homicidio, privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos a los detenidos”, ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Eso no incluía a los tribunales civiles. 

En febrero de 1984 se promulgó una reforma del Código de Justicia Militar, que permitía a la justicia civil “asumir el conocimiento del proceso”, en caso de advertir una “demora injustificada o negligencia en la tramitación del juicio”. 

Este había sido aprobado previamente por el Congreso y la Cámara Federal argentina. Fue cuando a instancias de un tribunal civil le advirtieron a la Justicia Militar que disponían de 180 días para investigar la violación de los derechos humanos.

La testigo estrella

Adriana Calvo fue la primera sobreviviente en declarar ante la Cámara Federal porteña, frente a los nueve comandantes juzgados. Fue secuestrada en febrero de 1977, cuando maniatada y con los ojos vendados, parió a Teresa en un Ford Falcón verde en el trayecto de un centro clandestino a otro. 

Adriana pidió que le alcanzaran a su bebé y no lo hicieron. Al llegar al centro clandestino de detención, tortura y exterminio “Pozo de Banfield”, el partero del Circuito Camps le cortó el cordón umbilical y le arrancó la placenta. Jorge Bergés también tiró de la venda de sus ojos con énfasis en “esto ya no lo necesitás”. 

Era la señal: “de aquí no saldrás viva”. Entre gritos de sus raptores, la trasladaron a una sala de azulejos blancos, le trajeron un balde y ordenaron limpiar su rastro. Después de eso, pudo abrazar a la niña recién nacida. 

Tres o cuatro detenidos permanecían en los calabozos de un metro y medio de ancho por dos y medio de largo, por lo que para dormir debían intercalarse. Estaban ubicados en el primer y segundo piso de la intersección de las calles Siciliano y Vernet, en Banfield, provincia de Buenos Aires. 

Por el bien de la memoria histórica, los sobrevivientes recuerdan aquellos pisos de cerámica roja y dan cuenta de un sótano cuyos cubículos en hileras, por su estrechez, eran llamados “cuchas” como casas para perros; medían entre 60 y 70 centímetros de ancho, un metro de alto y dos de largo. 

También había otro sótano para torturas, al cual los llevaban encapuchados, pero ni siquiera figuraba en los planos. Solo se escuchaba, a lo lejos, un tren.

Fue allí donde esta madre prometió, que si ella y su hija sobrevivían aquel calvario, no iba a dejar un solo día de insistir en la justicia. Y allí estaba ella, una de las fundadoras de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, cuya voz significó la verdadera connotación del juicio.  

Algo para que las nuevas generaciones tengan en cuenta, es que en algún momento, uno de los jueces interrumpió el testimonio de Adriana Calvo. Significa que no todos los jueces eran honestos, porque habían sido parte del juego dictatorial.

Muestra de ello es la escena de la película, cuando le dicen a Adriana que “no califique” y le señalan que se limite a narrar los hechos. También la interrumpen cuando dice que no militaba en ningún partido político, para enfatizar lo absurdo de su detención. 

“A mí lograron aterrorizarme, señor presidente, pero, por suerte, no lograron aterrorizar a todo el pueblo. Hubo madres, abuelas, familiares que los enfrentaron y hoy estoy aquí pidiendo justicia gracias a ellos”, dijo. Después de eso, no hubo preguntas en el tribunal.

Durante largos años de abuso, Adriana insistió con a Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, por la necesidad de romper el muro del silencio. En ese tiempo, contribuyó a reconectarse con algunas personas que había visto en los centros de clandestinos de tortura, muestra de su extraordinaria persistencia y valor.

También fue una de las tres sobrevivientes testimoniantes en el programa del Canal 13, televisado en 1984 y titulado: Nunca Más, como un adelanto del informe de la comisión que presidía el novelista Ernesto Sábato.

Allí fue donde primero se conocieron aquellas circunstancias, cuando una pandilla de agentes y paramilitares entraron a su casa de Tolosa. Eran apenas las diez de la mañana de aquel 4 de febrero de 1977, cuando cuidaba de Santiago, el niño menor de año y medio que padecía de varicela. Por eso Martina, la niña mayor de tres años estaba con los abuelos y su marido, Miguel Laborde, se encontraba trabajando en la Universidad Nacional de La Plata.

Ambos eran profesores allí. Él de Química y ella de Física, miembros de la comisión directiva de la Asociación de Docentes e Investigadores de la Facultad de Ciencias Exactas (Adifce).

Los colindantes vieron con recelo aquella detención, por la presunción de: “algo habrá hecho”, que creaba una grieta profunda en la sociedad argentina de la época. Aun así, una vecina le arrebató al niño enfermo a un represor, aunque nada pudo hacer cuando vio que a Adriana, con seis meses de embarazo, la tiraron entre los asientos y se le sentaron encima. Entonces, ella no sabía que su compañero también estaba secuestrado.

En otra celda estaban los hombres, con algunos de ellos había compartido cautiverio en la Comisaría V. Ellos le hicieron llegar una poesía dedicada a la bebita "Teresa, la que nació presa”. 

En la celda, las compañeras se turnaban para acunarla en una gaveta de escritorio, e incluso formaron una muralla de contención, cuando los guardias anunciaron que iban a hacer una fumigación contra los piojos, con Gamexane, lo cual hubiera asfixiado a la bebé. 

Quizá era una de las pocas criaturas que los militares no habían robado. Más tarde uno de los represores llamó a Adriana por su nombre y le dijo que se iba, no sin advertirle que lo que había visto y oído en la cárcel, era mentira. La subieron a un automóvil Renault 12, de un tono oscuro y la dejaron en plena calle en el municipio de Temperley, Buenos Aires, algunas cuadras antes de la casa de su madre.

Adriana y su marido inmediatamente se presentaron en la facultad para retomar sus puestos como docentes, pero no les fue permitido. Aunque estaban amenazados, se quedaron en Argentina. 

En esa casa no faltó la memoria, ni el pañuelo blanco de las Madres de la Plaza de Mayo. Con la llegada de un Gobierno en democracia, explicaron a sus tres hijos: Martina, Santiago y Teresa, que habían estado secuestrados y cómo había nacido la pequeña.

—“Como los que nos hicieron eso son malos malísimos, mamá va a declarar en un juicio contra ellos. Porque nosotros somos buenos buenísimos”, dijo Adriana a sus hijos.  

Era la antesala de la declaración ante la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, creada el 15 de diciembre de 1983.

Nada hubiera sido posible sin la consistencia y el valor de los que exigieron justicia. Andando el tiempo, en 2006 se produjo el primer juicio oral y público por violaciones de los derechos humanos, celebrado tras la anulación -en 2003- de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final (1986). 

En el Tribunal Oral Federal Número 1, de La Plata, Adriana Calvo también testificó contra Miguel Osvaldo Etchecolatz, director de Investigaciones de la Policía Bonaerense durante la dictadura militar, quien volvió a ser juzgado en las causas que habían sido cerradas.

�� "Argentina, 1985" adaptada para personas sordas

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— Cultura Nación (@CulturaNacionAR) November 10, 2022

Por primera vez en la historia de Argentina, la sentencia del Tribunal declaró que Miguel Osvaldo Etchecolatz cometió “delitos de lesa humanidad en el marco de un genocidio”. Torturas, secuestros, asesinatos, apropiación de menores, entre otros cargos, mediante veredictos dictados en 1986, 2004, 2006, 2014, 2016, 2018, 2020 y 2021, los que fueron unificados en una pena única de reclusión perpetua.

Adriana Calvo estuvo hasta dos días antes de su fallecimiento, el 12 de diciembre de 2010, trabajando en las listas de represores y víctimas. Toda una vida consagrada a reclamar justicia, como juró a su salida de la cárcel. 

Algunas tristes remembranzas vienen a la mente de los hijos.  “Me acuerdo de la cantidad de amenazas que recibimos. Los domingos nos llamaban para amenazarnos de bomba y teníamos que salir corriendo con los ravioles”.

Teresa Laborde Calvo, la que “nació presa”, estudió Historia del Arte en la Universidad de La Habana, Cuba. Regresó a Argentina a punto de tener a su bebé, a cuyo parto asistió su madre Adriana. Justicia poética para ambas.

Sobre la película, Teresa dijo al portal web La Retaguardia que “pone luz a las historias de vida que estaban muy silenciadas, como la de mi vieja. Porque a pesar de que ellos intentaron hacer ruido, siempre los callaron tanto por derecha, como por izquierda. También me sentí identificada con todo esto de las amenazas: apenas salió mi mamá -salimos las dos, se corrige- hubo amenazas. Y también antes del juicio. Era cosa de todos los días”. 

“Entiendo que quisieron transmitir en el testimonio de mi vieja, lo que sí sucedió con otros testigos que se fueron del país, pero nosotros no nos fuimos nunca. Fue una discusión de mamá contra sus cinco hermanos más grandes y con mi papá. Todos le decían que se fuera. Tenía todo preparado para irse y no se fue”.

Unos 24 años después una osteópata afirmó que Teresa tiene un padecimiento en la columna como consecuencia del nacimiento tortuoso, sordera en el oído izquierdo y una malformación en la boca, producto de las torturas infligidas a su madre durante sus últimos tres meses de embarazo. Teresa Laborde Calvo asistió al estreno de la película.

De todo el relato, nos quedan como un eco las palabras que utilizó el fiscal federal Julio César Strassera (1933- 2015) en el cierre de su alegato. "Señores jueces: quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces: Nunca más".