Represión y criminalización de las protesta social en Argentina
La asunción al poder de Mauricio Macri llegó acompañada de una posición negativa con respecto a la realización de protestas sociales, pues desde el Gobierno siempre se ha manifestado que estas no siempre son conducente y otras veces se ha dicho que son ilegales.
No han faltado los representantes del Gobierno que digan que es necesario el desalojo automático de cualquier corte o la persecución penal de quienes manifiesten.
Asimismo, la administración macrista ha tildado a algunas organizaciones como amenazas para la seguridad del país, pues consideran que las actividades que realizan tienen carácter terrorista.
Sin embargo, el discurso macrista en 2016, al menos el presentado frente a los medios de comunicación, fue el de privilegiar la negociación, pero aunque Macri sigue beneficiando en su discurso la negociación, en 2017 la violencia en las manifestaciones aumento y fueron muchos los sucesos donde la represión y cacería de manifestantes por parte de la fuerza pública se hizo presente.
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Datos dados por el Observatorio del Derecho Social y la Asociación Liberpueblo indican que entre enero de 2016 y diciembre de 2017 hubo un total de 309 hechos de represión y criminalización contra la protesta de organizaciones del campo popular (164 corresponden al 2016 y 145 al 2017).
A esto se suma la represión de las fuerzas policiales (47 por ciento), la detención de activistas (27 por ciento) y las causas judiciales a manifestantes (cinco por ciento).
Otro punto a considerar es que la mayoría de los sucesos de represión, detenciones arbitrarias y causas penales estuvieron dirigidas en un 52 por ciento a los trabajadores, pero los reclamos hechos por comunidades de pueblos originarios fueron los que evidenciaron mayor intensidad en la violencia ejercida por cuerpos de seguridad.
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Algunas de las manifestaciones sociales donde las fuerzas de seguridad argentinas utilizaron la represión como mecanismo de contención de las protestas fueron las siguientes:
Protestas de trabajadores en La Plata (8 de enero de 2016)
La policía de Buenos Aires disparó a mansalva balas de gomas y gases contra un grupo de trabajadores municipales que protestaban porque fueron despedidos. En el hecho al menos una docena de personas resultaron heridas.
Trabajadores informales protestan por desalojos y decomisos (10 de enero de 2017)
Un grupo de trabajadores informales cerraron la avenida Rivadavia en protesta por el desalojo y decomiso de sus mercancías. La policía se fue contra vendedores y reporteros gráficos, muchos resultaron detenidos durante varios días.
Represión contra miembros de la comunidad mapuche Lof Cushamen, en Chubut. (10 de enero de 2017)
La comunidad mapuche Lof Cushamen protestaba en Chubut en contra de la violación que empresas privadas han hecho de sus tierras. Las fuerzas de seguridad lanzaron tres operativos violentos en los que se utilizaron balas de goma y de plomo, varias personas resultaron heridas de gravedad.
Los efectivos se trasladaron en autos sin identificación y en alguno de los casos intentaron apresar a mujeres con niños en brazos, no tenían orden judicial.
300 empleados son despedidos de Artes Gráficas Rioplatenses
La empresa Artes Gráficas Rioplatenses despidió a 300 trabajadores lo que ocasionó una serie de protestas a las que la policía respondió disparando balas de goma, algunos manifestantes resultaron heridos en la cabeza.
Manifestación de mujeres (8 de marzo de 2017)
El paro Internacional de Mujeres terminó con la detención arbitraria de 15 mujeres y cinco hombres que fueron culpados de atentado, resistencia a la autoridad y lesiones. Las mujeres, por su parte, acusaron a los efectivos de realizar requisas vejatorias.
Represión a docentes (9 de abril de 2017)
Policías federales utilizaron gas pimienta y golpearon a profesores que intentaban instalar una escuela itinerante frente al Congreso Nacional. Los efectivos alegaron que los docentes no tenían permiso para instalar la escuela itinerante.