La Comisión del Senado de Brasil instaló este miércoles la sesión para debatir y votar el juicio político en contra de la mandataria Dilma Rousseff, a quien se le acusa, sin pruebas, de cometer un crimen de responsabilidad.

De ser aprobado este proceso judicial, Rousseff sería separada de su cargo por un período no mayor a 180 días, lapso en el cual se llevaría a cabo un proceso de  investigación.

En un contexto en el que el futuro de Brasil es incierto, el pasado mes de abril el vicepresidente de Brasil, Michel Temer, se adelantó a las circunstancias y presentó su plan de Gobierno, el Senado por su parte, instaló su comisión para definir no solo el destino político de la presidenta sino de la democracia del país y el rumbo de los logros sociales alcanzados. 

Temer está, según medios locales y analistas, "pacientemente" a la espera de su momento para gobernar. Se dice que ha efectuado reuniones con asesores en las que parece definir lineamientos para su gestión. 

¿Cómo se gesta este golpe parlamentario en Brasil?

El pasado domingo 17 de abril la Cámara de Diputados de Brasil aprobó la solicitud de pedido de juicio político contra la presidenta Dilma Rouseff. A partir de esa fecha el proceso ha sido estudiado por el Senado (de mayoría opositora). 

Luego, el 19 de ese mismo mes, en una rueda de prensa con medios internacionales, la presidenta de Brasil dijo que el procedimiento en su contra es parte de un complot de la oposición y que ella no cometió irregularidad alguna. “No hay pruebas contra mí, no hay pruebas de que yo he cometido actos ilegales”, expresó.

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“Esto es un golpe porque no existe ninguna base legal para mi destitución. No tiene que ser un golpe armado para ser un golpe” afirmó Dilma Rouseff 

Brasil y el mundo se preguntan ¿de qué acusan a Dilma?

Dilma Rousseff está acusada de violar las leyes fiscales al presuntamente incurrir en maniobras contables "ilegales" para "maquillar" los resultados del gobierno en 2014 y 2015, modificar los presupuestos mediante decretos, acumular deudas y contratar créditos con la banca pública. 

Según la oposición, las acusaciones contra la jefa de Estado constituyen “delitos de responsabilidad”, que de acuerdo con la Constitución brasileña pueden llevar a la destitución de un mandatario. 

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Por su parte, el abogado general del Estado brasileño, José Eduardo Cardozo, señaló que para que exista el “delito de responsabilidad” es imprescindible que haya dolo, lo que no existiría aun si el gobierno hubiera cometido algún tipo de falta administrativa o de gestión financiera.

¿Es legal el juicio contra Dilma?

El abogado Cardozo reiteró que el proceso que adelanta la oposición contra Dilma Rouseff carece de los requisitos legales mínimos, como la indudable comprobación de un “delito de responsabilidad”.

Insistió en que el proceso está “viciado” por diversas ilegalidades y también por situaciones que, a su juicio, pudieran perjudicar el derecho a la “legítima defensa” de Dilma Rousseff.

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Durante la votación en la Cámara de Diputados, los representantes de la oposición no presentaron pruebas del supuesto “delito de responsabilidad” cometido por Dilma Rouseff. Los analistas consideraron que la verdad detrás de la acciones contra Dilma, no es más que un golpe contra las instituciones del Estado y la presidenta.

Rousseff señaló que “lo que está en juego en este momento es el respeto de las reglas democráticas”, porque “intentar derrumbar a una presidenta electa que no ha cometido delitos es un insulto a todos los electores”

Organizaciones y movimientos sociales se mantienen firmes en defensa de Dilma Rouseff y la democracia. Han llamado a mantener la presión popular en contra del posible golpe parlamentario contra la jefa de Estado.

Diputados a favor de la Presidenta destacaron que el principal impulsor del pedido de juicio político, Eduardo Cuhna, quien preside la Cámara Baja tiene varios procesos abiertos por casos de corrupción y el desvío de fondos de la estatal petrolera Petrobas, por lo que carece de carácter moral para adelantar las acciones contra la mandataria.

En entrevista concedida para teleSUR el analista brasileño, Beto Almeida, sostiene que el golpe parlamentario es una operación muy sofisticada y que "La asesoría estadounidense en el juicio político, configura que hay una operación internacional contra Brasil y su labor a favor de la integración latinomericana".