“El gobierno y el pueblo de Guatemala somos soberanos. No aceptamos órdenes en inglés, en  taiwanés ni en mandarín”, así reaccionaba el martes Heinz Hiemann, vocero del presidente Jimmy Morales, ante las preguntas sobre las críticas internacionales a su intento de expulsar a Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

La expresión de Hiemann simboliza el atrincheramiento del presidente y sus aliados. Acusado de posibles delitos de financiamiento ilícito durante la campaña de 2015 (a la que se presentó con el lema “ni corrupto ni ladrón”), Morales ha construido un relato en el que fuerzas externas le asedian. No da nombres, pero sus aliados (profundamente antiizquierdistas) llegan a sugerir, de modo delirante, que la agenda norteamericana es acercar a Guatemala hacia el modelo político bolivariano. Muestran también un tono desafiante.

 “Firmé la paz, pero también puedo hacer la guerra”, llegó a afirmar el alcalde de Guatemala, Álvaro Arzú, durante un acto de apoyo al presidente. Tras la petición de la CICIG y el Ministerio Público de abrirle antejuicio, el futuro inmediato de Morales está en manos del Congreso. Por el momento, dispone de apoyos suficientes para que no le retiren la inmunidad. Lo cual no implica que todo vaya a seguir como hasta ahora.

Guatemala ha sufrido su peor crisis política desde hace dos años. Y eso que viene de un período convulso. En 2015, investigaciones de la CICIG y el MP señalaron al entonces presidente, Otto Pérez Molina, y su vicepresidenta, Roxana Baldetti, como líderes de una red mafiosa denominada “La Línea” que habría estafado miles de millones de quetzales de las aduanas. Al mismo tiempo, una multitud tomó la plaza de la Constitución (y decenas de puntos en otras partes del país) exigiendo la renuncia del Gobierno. Por primera vez, las protestas fueron protagonizadas por ciudadanos de clase media, alejados de los movimientos indígenas y campesinos tradicionalmente movilizados. Ambos gobernantes fueron encarcelados.

Los comicios de aquel año llevaron al triunfo a Morales, un “outsider”, antiguo cómicofichado por el Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), un partido fundado en 2008 por exmilitares. Uno de sus primeros líderes, Edgar Ovalle, se encuentra prófugo de la justicia, acusado de crímenes de lesa humanidad, por su responsabilidad en el caso Creompaz, un centro de detención y ejecución utilizado por los uniformados durante el conflicto armado interno en Guatemala (1960-1996).

Pese a que se hayan querido establecer paralelismos, la situación ha cambiado respecto a 2015. Los sectores que se opusieron a la persecución contra Pérez Molina y Baldetti son, más o menos, los mismos. Sin embargo, aquel proceso se extendió durante cuatro meses, con protestas oscilantes entre los centenares de personas y las 100.000 de la víspera de la renuncia del presidente. Ahora, todo se ha concentrado en un fin de semana. Tampoco hay plazos tan urgentes como entonces, con unas elecciones a la vuelta de la esquina. Además, con el precedente de hace dos años, puede parecer que la ciudadanía se haya inmunizado al escándalo.

El domingo 26 de agosto, todo estuvo a punto de estallar. A las 6 de la mañana y a través de Twitter, Morales emitió un mensaje en el que anunciaba su intención de declarar “non” grato a Velásquez y expulsarle del país. Un día antes, Justicia Ya (movimiento ciudadano surgido durante las protestas de 2015) había presentado un amparo ante la Corte de Constitucionalidad en previsión de que el presidente tratase de expulsar al comisionado. Acertó. Aquellas fueron horas de rumores: se especuló con que Morales estaba dispuesto a decretar un estado de sitio si la CC daba la razón al comisionado. Al mismo tiempo, Guatemala recibía la condena de instancias internacionales. Y el presidente seguía sin aclarar si acataría o no la decisión de los jueces o daría un giro autoritario.

Finalmente, los magistrados dieron amparo a Justicia Ya y solicitaron un informe circunstanciado al presidente. De forma preventiva, el abogado Alfonso Carrillo había presentado una apelación similar. Cuando Morales anunció la declaración de “non” grato, llegaron otras dos: una planteada por el Centro de Acción Legal Ambiental y Social (Calas) y otra por la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH).

El martes, tras recibir el informe del presidente, la CC reiteró su amparo y, en el fallo relativo a la apelación de la PDH declaró de nulo derecho las acciones encaminadas a expulsar a Velásquez y recordó la cláusula establecida entre el Gobierno de Guatemala y la ONU para el establecimiento de la CICIG en la que plantea que las desavenencias deben ser negociadas, no solventadas unilateralmente como pretendía el jefe del Ejecutivo.

Garantizada la permanencia del comisionado, el foco se mantuvo durante toda la semana en las pesquisas sobre Morales, que finalmente no será investigado ya que el Congreso rechazó levantarle la inmunidad. La Corte Suprema de Justicia aceptó dar trámite al antejuicio, lo que lleva el expediente al Congreso de la República. Ahí, después del voto favorable de todos los partidos, se aprobó una comisión pesquisidora encargada de dar audiencia tanto a Morales como al MP y la CICIG. Los miembros del grupo son Julio Ixcamey y Gabriel Heredia (UNE, oposición), Juan José Porras (Viva), Dolores Beltrán (MR, ex Partido Patriota) y Eva Montes (Acción Ciudadana, ex Líder).

Este tipo de investigaciones no son una novedad en Guatemala. El 24 de agosto, tanto la UNE como Líder fueron señalados por financiamiento ilegal. Finalmente, el informe solicitó la retirada de la inmunidad de Morales. Hasta ahí, todo ocurrió según lo esperado. 

Sorpresivamente, el documento se presentó el domingo, pasadas las 22.00 PM, y después de que los miembros de la comisión hubiesen asegurado públicamente que se retrasarían un día más. El informe es contradictorio: los cinco diputados recomiendan que se investigue al jefe de Gobierno, reconocen que FCN-Nación no aclaró sus cuentas a pesar de que fue requerido para ello en, al menos seis ocasiones. Por el otro lado, también consideran que él no tuvo nada que ver en la presunta financiación irregular de su partido cuando era secretario general e incluso insinúan posibles “intereses políticos” de la Fiscalía al solicitar el antejuicio. 

En la sesión celebrada el lunes en la asamblea, un total de 104 diputados votaron en contra de retirar la inmunidad a Morales, 25 a favor y 22 no participaron en la votación. A pesar del abultado resultado, el presidente no se ha impuesto definitivamente. Necesitaba un voto más hasta llegar a los 105 para que el expediente se archivase por completo. Tras esta votación, la demanda se guarda y puede ser recuperada y nuevamente presentada a pleno. Esto deja al presidente en manos del Congreso, una institución fragmentada cuyas actuaciones no son siempre previsibles. Es decir, que los mismos diputados que ahora votaron por salvarle, pueden volverse en su contra y facilitar la investigación si el contexto político cambia. Tampoco se puede pasar por alto el efecto en la correlación de fuerzas que pueden tener futuras investigaciones, como la vinculada al caso Odebrecht.

Partidarios y detractores de Morales se manifestaron ante el congreso mientras se celebraba la sesión. La pelota vuelve al tejado de MP y CICIG, aunque no directamente. Habrá que ver cuál es su reacción ante el veto de los diputados a investigar a Morales.También, cómo afecta el veto legislativo a su iniciativa en otras investigaciones. 

“La CICIG seguirá trabajando pero no de la misma manera. La presión fue para poner límites”, afirma Sandra Morán, diputada de Convergencia CPO, que recuerda que este es un instrumento que funciona “porque nosotros lo pedimos”.  La institución comenzó a funcionar en 2006 tras un convenio entre la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En realidad, su desarrollo ya venía previsto en el Acuerdo Global de Derechos Humanos de 1994, dos años antes de la firma de la paz, por el cual el Gobierno de Guatemala se comprometía a combatir “cualquier manifestación de fuerzas ilegales de seguridad y maquinaria clandestina de seguridad”. Los acuerdos que pusieron fin al conflicto armado no supusieron que estas estructuras desapareciesen. Así que el 12 de diciembre de 2006, Guatemala y la ONU suscribieron el acuerdo para la creación del ente internacional, cuyo mandato se extiende por períodos prorrogables de dos años. 

El papel de la CICIG es de acompañamiento al Ministerio Público y el Estado. Según sus directrices, está sometida a las leyes de Guatemala, no puede realizar allanamientos, solo acompañar, e investiga pero no juzga. Tampoco tiene la capacidad de legislar, aunque sí que puede realizar, y de hecho realiza, recomendaciones sobre modificaciones normativas que tengan que ver con sus competencias. Aunque en principio la idea era contar con una entidad que fiscalizase losdelitos cometidos por miembros de “cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad”, en los últimos años ha apuntado hacia casos de corrupción, convirtiéndose en un elemento clave que marca la política en el Estado. Esta modificación se explica por la evolución de esos grupos criminales, convertidos en organizaciones que cooptan el Estado mediante la corrupción. 

EEUU es uno de los grandes financistas de la CICIG. Hay voces que acusan a la institución que lidera Velásquez de seguir una agenda marcada por Washington.De hecho, uno de los mecanismos por los que se financia la institución es a través del Plan para la Prosperidad del Triángulo Norte, un proyecto por el que el Gobierno norteamericano inyecta fondos a Guatemala, Honduras y El Salvador pero que busca proteger sus propios intereses.

Thelma Cabrera, presidenta del Comité  de Desarrollo Campesino (Codeca), cuestiona el papel de la embajada estadounidense en las protestas de 2015, en las que la CICIG tuvo un papel clave. Sin embargo, es la derecha militarista, como la Fundación contra el Terrorismo o asociaciones de antiguos uniformados, los que se concentraron ante la sede de la CICIG en las últimas jornadas. El argumento al que apelan es la defensa de la soberanía frente a la injerencia extranjera. En sus protestas, como en los discursos de los afines a Morales, se apela también al mantenimiento de la “institucionalidad”. En contraposición, y aunque con planteamientos que van desde el aval crítico a la adhesión absoluta, sectores populares y progresistas se han movilizado para apoyar a la institución internacional. Muchas de las pancartas  que se vieron en las últimas semanas le instaban a perseguir con más intensidad la corrupción. Codeca, por ejemplo, ha anunciado que tiene previsto convocar nuevas movilizaciones.

En este punto, existe el interrogante sobre hasta cuándo puede durar el mandato de un ente ajeno al país con tanto poder en asuntos domésticos (recordemos, por ejemplo, su papel clave a la hora de encarcelar al anterior presidente, Otto Pérez Molina). No hay una respuesta. Lo cierto es que hay un consenso mayoritario entre las fuerzas políticas a la hora de renovar el mandato. Resulta paradójico que el propio Pérez Molina solicitó la ampliación por dos años antes de ser investigado por la institución. Lo mismo ocurre con Jimmy Morales, que en 2016 suscribió la misma demanda. Un año después, MP y CICIG han pedido antejuicio en su contra. Uno de sus principales mensajes que ha lanzado el jefe de Gobierno es que él no está en contra de la CICIG, sino que cuestiona el trabajo de Velásquez, a quien acusa de inmiscuirse en asuntos internos del país. 

La ausencia del Estado en amplias zonas del país, la extrema pobreza y la corrupción convertida en mal sistémico en las estructuras de poder son tres características básicas de Guatemala.

“No se trata de la discusión entre Jimmy o Iván” es una reflexión que ciertos autores han planteado en las últimas jornadas. Lo que subyace de esta idea es que, sin modificar las estructuras que permiten la corrupción, picos de descontento como el de 2015 solo sirven para una reconfiguración de los mismos sectores que se benefician de la cooptación. La paradoja lampedusiana de “cambiar para que nada cambie”. “La actual crisis política puede entenderse como un enfrentamiento entre cúpulas político-económicas, como una crisis palaciega en la cual la población de a pie queda al margen una vez más o, en todo caso, juega un papel de caja de resonancia de agendas que no le pertenecen”, añadía el catedrático Marcelo Colussi en una columna publicada en Plaza Pública. 

Quizás un  elemento destacado es que, ante una fuerte polarización, la plaza no se llenó como hace dos años. Aunque puede que todo forme parte de un proceso. Una curiosidad: el mismo día en el que Guatemala contenía la respiración, el 27 de agosto, en Santa María Cahabón (Alta Verapaz), a 300 kilómetros de la capital, más de 26.000 personas participaban en una consulta contra la presencia de una hidroeléctrica en los ríos Oxec y Cahabón. Allí, la preocupación era otra. Aunque, en el fondo, todo está conectado.