En un segundo plano, detrás de la euforia opositora por el lanzamiento de la fórmula Fernández-Fernández, muchas voces advierten sobre el peligro de maniobras que adulteren la voluntad popular en las próximas elecciones de octubre en Argentina.

La administración colonial de Mauricio Macri, cuyo capital electoral se ha pulverizado con el colapso progresivo de la economía y los escándalos político-judiciales, impulsa por decreto desde principios de año una serie de cambios en los mecanismos electorales que debilitan la transparencia del sistema.

El más grave es la contratación de un software que centraliza la recepción de las actas del escrutinio provisorio, y permite modificarlas y/o reemplazarlas. Al mismo tiempo se eliminan los telegramas, el tradicional método para comunicar los resultados. Otras innovaciones que permiten nuevas modalidades en el acto de emitir y/o contabilizar el voto son impulsadas desde diferentes frentes.

Embestida contra el sistema electoral

Cambiemos, la coalición en el gobierno, protagoniza desde hace años una embestida contra el sistema electoral argentino. El jefe de Gabinete Marcos Peña considera una “verguenza nacional” que en Argentina se siga votando con una boleta de papel (aunque ésta siga siendo la base de los sistemas electorales más seguros del mundo). 

El macrismo impulsa desde hace años la ley de voto electrónico, que perdió estado parlamentario cuando la oposición mostró que la boleta única electrónica era muy fácil de adulterar. Hasta ahora sólo dos provincias -Salta y Neuquén- han establecido sistemas electrónicos el sufragio ciudadano, y han registrado denuncias sobre aspectos inseguros y fraudulentos.

El gobierno argentino entonces se centró en introducir cambios subrepticios en el actual sistema electoral. En enero, con tres decretos, el Gobierno cambió las condiciones en las que votarán los argentinos residentes en el exterior, el personal de las fuerzas de seguridad y de las

Fuerzas Armadas, y las personas privadas de su libertad.

Para los argentinos residentes en el exterior se creó un régimen de voto por correo postal. Para los presos y los agentes de seguridad se dispuso un sistema de voto anticipado. El grupo más numeroso es el de los residentes en el exterior: son más de 360.000 argentinos.

A comienzos de mayo la jueza federal Servini de Cubría declaró inconstitucional el decreto que creó el sistema postal para los argentinos que viven en el exterior. Accedió a la demanda de Jorge Landau, apoderado del PJ. Este razonó que “si cualquiera que va a votar debe hacer cola, y mostrar el documento a los fiscales y autoridades de mesa”, es “un disparate” que 360 mil ciudadan@s sean autorizados a votar por correo, en sobres no fiscalizados y sin controles de identidad.

Los cambios en el sistema electoral deben pasar por el Congreso de la Nación y no son potestad del Ejecutivo. Mucho menos en un año electoral tan decisivo.

Sin embargo, la administración de Macri fue más allá e introdujo un cambio fundamental en los mecanismos del escrutinio, que le permitiría manipular el recuento provisional.

Un software para “transformar y manipular la información”

El gobierno argentino contrató un software llamado Election 360 -de la empresa SmartMatic, denunciada por fraude y manipulación en distintos escenarios internacionales- por el cual van a pasar los resultados electorales que envíen las 15.000 escuelas distribuidas en todo el país. El software en su ficha técnica admite que el comprador del software tiene la potestad de “transformar y manipular la información”, advierte el especialista Ariel Garbarz, ingeniero en electrónica y telecomunicaciones.

La firma SmartMatic cuenta con denuncias públicas por manipulación de los datos. Registra escándalos internacionales en Estados Unidos y Uganda. En 2012 fue cuestionada en Bélgica cuando ofreció el sistema de voto electrónico en la región de Flandes por un contrato de 40 millones de euros. Recibió una multa de seis millones ya que el sistema presentaba fallas técnicas. En las elecciones de 2017 para la Asamblea General Constituyente de Venezuela se tuvo que retirar por anomalías. Fue contratada por el Tribunal Supremo Electoral de Brasil (TSE) para realizar la transmisión satelital de los datos, pero finalmente cuestionada por acusaciones de fraude similar a las de Venezuela.

En enero, el Gobierno habilitó la compra del software de SmartMatic por decreto, lo que viola el artículo 103 del Código Nacional Electoral, y eliminó los tradicionales telegramas firmados por las autoridades de mesa que se enviaban al Correo. La Cámara Nacional Electoral avaló esta decisión en su última acordada del 28 de marzo, donde ordena mantener el recuento en papel, pero dice que no va a intervenir en el comicio provisorio.

Así, el tribunal permitió "la incorporación de innovaciones tecnológicas que permitirán la digitalización y transmisión” de resultados desde los propios establecimientos de votación.

Conteo provisional: un golpe de efecto mediático

Con este fallo salomónico y el software de SmartMatic, la administración de Mauricio Macri podría manipular a su antojo los resultados del escrutinio provisorio. Con la ayuda de los conglomerados mediáticos, estrechamente asociados con el gobierno, se podría construir una realidad virtual muy difícil de desmontar.

Para los argentinos está fresco el recuerdo de las elecciones de 2017, donde el gobierno escenificó una “victoria” en las pantallas televisivas a través de un recuento provisional que le daba una gran ventaja al candidato del oficialismo. Sin embargo, la victoria en el recuento definitivo se la llevó la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner… Aunque muchos argentinos no se enteraron!

¿Qué puede pasar si el gobierno ensaya una maniobra similar en las elecciones presidenciales?

Para el escritor y activista Mempo Giardinelli, “el 27 de octubre el fraude será tecnológico y no necesariamente se hará en el centro de cómputos del Correo Central, sino adulterando los patrones de imágenes de las actas de escrutinio de cada urna escaneada... Los datos fraguados se transmitirán no por telegrama como siempre se hizo, sino a un servidor capacitado para cambiar cifras y desde ahí retransmitirlas al Correo”.

Giardinelli anticipa que “se va a detectar el fraude y será denunciado, pero cuando la Justicia actúe, mucho después del carnaval televisivo de las 9 de la noche, ya será tarde. Ninguna elección se anula tiempo después, por más denuncias y reclamos que se hagan”.

El fraude electoral, una tradición argentina

La historiadora Araceli Bellotta escribió un artículo titulado “La sombra del fraude electoral cubre las próximas elecciones”. Allí recuerda que cuando eran oposición, integrantes del interbloque parlamentario de Cambiemos, presentaron un documento titulado Acuerdo Interpartidario para la Transparencia Electoral, con “exigencias para evitar irregularidades”. Bellota se pregunta “¿Qué es lo que cambió en apenas cuatro años para que hoy propongan eliminar los telegramas que entonces tanto cuidaban?”, y a la vez responde: “Es simple. Ahora son gobierno y tienen el control del acto electoral. Por otra parte, las encuestas no los favorecen...”

Bellota concluye sosteniendo que “si el oficialismo pierde estaría dispuesto a hacer fraude, vieja práctica electoral en la República Argentina”.

Para el historiador Carlos Ciappina, el actual gobierno de Cambiemos es heredero de las tradiciones proscriptivas, fraudulentas y golpistas de la historia política argentina. Por eso la cuestión debe ponerse en perspectiva: “Entre agosto y octubre de 2019 se producirá en nuestro país un hecho inédito en toda su historia: la élite oligárquica argentina deberá garantizar por primera vez en su historia elecciones nacionales universales, limpias y transparentes”.

Ciappina observa que “por primera vez en toda nuestra historia como Nación gobierna el capital sin mediación política. Los CEO y dueños de empresas y latifundios están a cargo del Estado nacional”.

Y se pregunta: “¿Podemos esperar elecciones transparentes sin fraude? ¿Podemos creer que no habrá proscripciones ni exclusiones? ¿Esperamos que dueños de conglomerados (…) que han hecho fortunas incalculables en estos tres años y medio por tener en sus manos el Estado lo entreguen porque perdieron las elecciones?”.

Gira por Europa buscando veedores

Argentina lleva 36 años de vida democrática sin sobresaltos en materia de respeto a la ley electoral. Tal vez por eso, la mayoría de la dirigencia opositora se muestra ajena al debate en torno a las garantías de las elecciones generales de este año.

Una excepción fue la gira que el ex canciller Jorge Taiana y un grupo de legisladores de Unidad Ciudadana llevaron adelante por Europa en procura de veedores que controlen los comicios y contra cualquier probabilidad de fraude.

¿Hay sospechas de una maniobra fraudulenta en proceso? Taiana y los legisladores señalaron el “fuerte debilitamiento de la democracia argentina” y advirtieron que “desde el oficialismo hay una voluntad de perpetuarse y de hacer modificaciones en pleno año electoral de todo el sistema electivo, que difícilmente se condice con la existencia de elecciones libres”.