Los Estados Unidos no quieren recuperar una base militar en Ecuador. Son altamente costosas; implican gastos en personal militar, mantenimiento e inversión en infraestructura. Por esta razón el acercamiento entre la Embajada norteamericana y el gobierno de Lenín Moreno es señal de algo más devastador: una renovada fase de injerencia directa e indirecta sobre las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y soberanía nacional.

La estratagema inició el 27 de enero de 2018 en San Lorenzo, cerca de la frontera norte con Colombia, cuando el país sufrió la detonación de un coche bomba. Mientras las respuestas gubernamentales eran escasas y descoordinadas, en tres días una comitiva del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos llegó al Ecuador.

Lo determinante de la situación es que ante “el primer gran reto de seguridad la reacción del gobierno fue traer a Estados Unidos”, como lo señaló Guillaume Long, exministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. El atentado terrorista dio paso a un incremento de ataques y paralela presencia de los norteamericanos en las esferas militares y gubernamentales.

La explosión de una bomba casera en el retén de la Armada en Borbón y los ataques a militares y policías en El Pan, el Alto Tambo y Mataje en la frontera con Colombia desatarían la respuesta dirigida de la derecha oligárquica y ciertos grupos de interés. El discurso compartido fue culpar estas agresiones a la salida de la Base de Manta en 2009.

Para el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, la solución sería una base militar con presencia norteamericana. A lo cual le hizo eco el excandidato presidencial y General en servicio pasivo, Paco Moncayo, concluyendo que "sacar la base de Manta y no tener con qué reemplazarla fue tonto e irresponsable”. Incluso miembros de la prensa nacional se sumaron a la propaganda arguyendo que la seguridad nacional recae en la necesidad de una presencia extranjera militar.

En otras palabras, buscan justificar lo injustificable. La pérdida de soberanía nacional, la presencia del ejército más peligroso del mundo en Ecuador y el irrespeto a la Constitución son cuestiones secundarias. Pero para lamento de ellos, Estados Unidos no quiere una base militar en Ecuador y aunque la quisieran, no podrían, sería inconstitucional.

El artículo 5 de la carta magna del 2008 indica que “no se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. Se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras.” Entonces, ¿qué buscan los yanquis en Ecuador?

Una clave para la respuesta la dio el embajador Todd Chapman durante la celebración de los 154 años de vida institucional de la Policía Nacional. El diplomático explicó que Estados Unidos quiere ser un “buen socio” para el país ya que su “compromiso es dar seguridad a Ecuador” y cooperar con las instituciones del Estado relacionadas a la seguridad nacional.

La cooperación ofertada incluye brindar capacitación, inteligencia, intercambio de información y acceso a colegios militares, donde oficiales del Ecuador podrán “formarse” nuevamente. Un escalofriante recuerdo que remonta al funcionamiento de la Escuela de las Américas, institución de adoctrinamiento militar e ideológico de los Estados Unidos, encargada de ‘capacitar y formar’ a escuadrones de tortura y muerte en toda Latinoamérica durante los años 70, 80 y 90.

Esta de-formación ideológica, que implica la supuesta capacitación militar, es una amenaza a los ecuatorianos y latinoamericanos ya que atenta directamente a la democracia y la soberanía de las FFAA y elementos de seguridad nacional. La experiencia reciente con fuerzas de seguridad en los países invadidos de Iraq y Afganistán lo demuestra.

No es casualidad entonces, que Moreno haya eliminado la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain). Desmantelar instituciones y promover, con el apoyo de los medios de comunicación, un discurso sobre cómo se “mermó” a las Fuerzas Armadas es parte de la estrategia de ingeniería social, común de los norteamericanos.

Esta funciona al crear/presentar un problema (tesis) para incitar una reacción (antítesis) y de esa manera presentar una solución (síntesis), la cual en una situación regular, no inducida, no sería aceptada por la gran mayoría.

Todas estas medidas están ligadas al objetivo principal que es lograr la injerencia indirecta a través de la intervención en la toma de decisiones y el manejo de influencias dentro de las Fuerzas Armadas y Policía ecuatoriana.

Es por este tipo de intrusión que Rafael Correa expulsó a diplomáticos estadounidenses, una embajadora, y casi 20 funcionarios del Pentágono que trabajaban en Ecuador. Uno de los casos más emblemáticos es el de Mark Sullivan, exprimer secretario de la embajada, que en 2009 fue expulsado por interferir en asuntos policiales e internos.

Sullivan amenazó con cortar la ayuda de su país a la policía después de que el gobierno ecuatoriano cambió al jefe de la Unidad de Investigaciones Especiales sin consultar a los estadounidenses, según un informe de la Comandancia de la Policía. Las visitas del actual embajador estadounidense a las distintas carteras de Estado muestran que su figura de ‘consultor’ se retomará.

De igual manera necesitan restablecer la relación directa con las Fuerzas Armadas, obviando los canales oficiales y legales. Táctica que realizaban habitualmente, como lo demostraron varios cables de la embajada desclasificados por Wikileaks.

En uno que data al 2009, Heather Hodges, exembajadora en Ecuador, comenta que habían desarrollado “una estrategia para mantener la interacción con las fuerzas militares en Ecuador. Utilizando nuestra experiencia de cooperación con la Policía Nacional ecuatoriana vamos a hacer que la presión contra el liderazgo político del gobierno de Ecuador surja desde adentro de las fuerzas militares…”.

Otro del 2005 detalla como los Estados Unidos ofrecerían “regalos” a los oficiales ecuatorianos de las Fuerzas Armadas para que estos “presionen a sus superiores para obtener regalos similares” y así logren inspirarlos a firmar acuerdos en los intereses de los Estados Unidos.

Esa violación del derecho internacional, la diplomacia, y la institucionalidad democrática, tiene un objetivo: crear quintas columnas dentro de las FFAA y Policía Nacional. Finalidad que los norteamericanos persiguen pero no con una Base militar sino con el acceso indiscriminado a las instituciones que sostienen la seguridad nacional.

Ante esto su justificación pública sigue siendo la lucha contra el narcotráfico. Pero si la presencia de los estadounidenses, en bases o a través de cooperación fuera eficiente, ¿por qué luego de casi 20 años del Plan Colombia, siete bases norteamericanas en territorio colombiano y más de 10 mil millones de dólares (2016) en cooperación; los cultivos de coca en Colombia incrementaron a 146.000 hectáreas en 2016, volviendo a aproximadamente los mismos niveles de los primeros años del Plan en 2001?

La respuesta es que luchar contra el narcotráfico no es su prioridad o se dedicarían a combatirlo en su propio territorio. Su objetivo, como imperio basado en el poder bélico, es incrementar la presencia militar en la región con el fin de asegurar sus  ‘intereses hemisféricos’; consolidar, a través de favores políticos, un bloque regional en contra de Venezuela; y justificar su presencia en la zona,  ya que con los diálogos de Paz no podrán seguir operando como la han hecho durante casi dos décadas. 

En palabras de Joseph Disalvo, subcomandante del Comando del Sur, “debemos pensar en una estrategia nueva que más que un Plan Colombia sea un plan Sudamérica, donde todo el mundo pueda combinar sus esfuerzos y así luchar contra esto (narcotráfico).”  

Este Plan Sudamérica de carácter neocolonial demuestra que para ellos este es su continente y América Latina su ‘colonia’. Para lograr el cometido, manipulan las débiles políticas de seguridad nacional y se aprovechan del entreguismo de los gobiernos actuales de la región. Y es así que la renovada presencia militar no pone en riesgo a un solo país, sino la soberanía y futuro de toda América Latina.