Empezó el Cese al Fuego Bilateral y Definitivo, como un paso decisivo en el desarrollo de los acuerdos de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC. Se anticipó a lo previsto en los protocolos firmados por ambas partes, para generar un clima de seriedad y confianza que impulse el voto por el Sí en el plebiscito por la paz del próximo 2 de Octubre. Se adelantó también para brindar seguridad en la realización de la X Conferencia Nacional Guerrillera que se realizará entre el 13 y el 19 de septiembre en las selvas colombianas, en la que concurrirán el Estado Mayor de la guerrilla y más de 200 delegados y delegadas que tendrán en sus manos ratificar los acuerdos logrados en la Habana.

El importante anuncio, realizado por Santos y por Timochenko, del inicio del Cese Bilateral el 29 de agosto, desató varios debates represados en la  sociedad colombiana. Comenzaron a reflotar tensiones y disputas democráticas que hasta el momento estaban silenciadas o negadas por la polarización propia de la guerra. Algunas de estas tensiones rondan en torno a  quiénes son los sectores de presión que pretenden continuar con la guerra o el elevado pesupuesto que implican las fuerzas armadas. De este modo se comenzó a evidenciar el poder de los medios hegemónicos, quienes con un formato propio de otros tiempos siguen sosteniendo consignas de agitación de la guerra.

En algunos medios hegemónicos persiste  la inercia de la guerra. Los periodistas acostumbrados a mostrar muertos y cubrir tragedias del conflicto, bajo las orientaciones de la guerra de IV generación, siguen tratando de sostener la hipótesis del enemigo interno, se sienten muy incómodos al presentar a las FARC como un nuevo partido político reconocido por el Estado. Son estos medios quienes alientan las mentiras de la campaña que pretende hacer fracasar el plebiscito y el acuerdo de paz. Probablemente para los medios concentrados, la paz no vende tantos diarios como la guerra.

Por otra parte, la existencia de grupos paramilitares, la no depuración de las fuerzas militares y la persistencia del alzamiento armado del Ejército de Liberación Nacional (ELN), es otra fuerte  tensión que deberá enfrentar la implementación del tratado de paz. Son muchos los temores que rondan a la sociedad, y más el que sienten los habitantes de los municipios donde ha tenido presencia histórica la insurgencia, ya que pueden ser objeto de una escalada de violencia militar o paramilitar. No están exagerando, en lo que va  del año 2016, 31 defensores y defensoras de derechos humanos han sido asesinados, y a tan sólo 24 horas de iniciado el Cese al fuego, fueron asesinados por paramilitares cuatro pobladores indígenas y tres líderes sociales en el sur del país.

Si bien en el acuerdo de paz quedan expresadas las medidas gubernamentales para el desmonte de los grupos paramilitares y para el inicio de la transformación doctrinaria de las Fuerzas Armadas, esos procesos serán muy resistidos por los exmilitares agrupados en ACORE (habría que aclarar la sigla) quienes ya se han manifestado en contra, al igual que los sectores económicos que utilizan ejércitos privados como medio de intimidación territorial en contra de los reclamantes de tierras usurpadas. Estos son suntos de gran envergadura que desafían al Estado y a la comunidad internacional, quienes han reconocido que la acumulación violenta de tierras ha sido la principal causa del conflicto armado. La resolución de esta problemática ilegal , será vital en la concreción de la paz en su fase de implementación.

En el mismo sentido, el retraso en el comienzo de las negociaciones con el ELN pueden generar hechos de violencia que enturbien el normal desarrollo del Cese Bilateral y funcione comoexcusa para que el gobierno continúe con operativos militares en todo el territorio nacional. La sociedad viene reclamando que se logre una paz completa, que incluya al ELN y al EPL (aclarar siglas), junto al necesario desmonte del paramilitarismo.

Detener la fuerza inercial de una guerra de 52 años no es cosa de un día. El cese unilateral del fuego decretado por las FARC en el 2015 disminuyó obstensiblemente la crisis humanitaria del conflicto, aunque el aparato militar estatal ha seguido sin modificaciones y en actitud beligerante. Si bien es muy pronto para lograr que los militares estén en sus labores al interior de los cuarteles y que la policia se dedique a la labor civil de apoyo a las necesidades de seguridad de las comunidades, no deja de tensionar a la comunidad y de convertirse en un debate nacional. Salir del conflicto significa también romper con la tradición represiva y punitiva del control social, que no ha sido efectiva como lo demuestran los altos índices de robos, atracos y otros delitos comunes (Habría que poner alguna estadística o fuente).

El debate más jugoso que generó el inicio del Cese al Fuego Bilateral y definitivo, es sobre la inmediata disminución del presupuesto estatal para la guerra, debate que parecía impensado poco tiempo atrás. Concretado el acuerdo de paz e iniciada su implementación, los multimillonarios recursos destinados al funcionamiento de las Fuerzas Armadas deben empezar a disminuir (en la actualidad son el 16,7% del presupuesto, 3,5% del PIB); voces del propio gobierno de Santos, como la ministra de educación, marcaron el inicio del debate. La funcionaria manifestó su complacencia por el acuerdo de paz, para que en el 2017 por fin el presupuesto de educación sea mayor que el de la guerra, una reivindicación que vienen haciendo generaciones de familias y estudiantes.

En Colombia se están viviendo los efectos de la guerra. Sigue dejando muertos a su paso ya que  siguen existiendo actores que persisten en la confrontación armada.Sin embargo,con ansiedad, la sociedad empieza a reclamar cambios concretos en el presupuesto nacional y a discutir sobre el papel del ejército y de la polcía. Situaciones que por mucho tiempo dibujarán el paisaje del país y que sin prisa deben empezar a tramitarse. Serán los debates de una sociedad en democracia, escenario desconocido por generaciones.