En los procesos comiciales que se desarrollan hoy en Brasil y Uruguay se juega algo más que el cambio o la continuidad de los proyectos políticos que son gobiernos actualmente, los cuales, pese a sus matices y diferencias, se han caracterizado por enarbolar la bandera de la justicia social. Las ratificaciones o no del brasileño Partido de los Trabajadores (PT) y del uruguayo Frente Amplio (FA) se enmarcan en el proceso de definición del mapa geopolítico sudamericano, un proceso en el que también debe incluirse la contundente victoria electoral de Evo Morales en Bolivia, ocurrida hace dos semanas.

En el caso brasileño, la cita comicial de hoy derivará en un nuevo mandato soberano que podría ser favorable para la actual presidenta, Dilma Rousseff –quien busca la relección tras quedar en primer lugar a principios de octubre en la primera vuelta– o para el aspirante del derechista Partido de la Social Democracia brasileño, Aécio Neves. Aunque diversos analistas han descrito la orientación de las presidencias de Lula da Silva y la propia Rousseff como la más moderada de las propuestas transformadoras que hoy son gobierno en Sudamérica, e incluso como una versión matizada del neoliberalismo, el hecho indudable es que el ejercicio gubernamental de ambos ha permitido un crecimiento sin precedente de la clase media, una enorme disminución de la pobreza y la proyección de Brasil como potencia económica capaz de desempeñar un papel de primera línea en la política global. No es gratuito, por ello, que en los días previos a la elección, cuando la mayoría de las encuestas mostraban una ligera ventaja para Rousseff, se haya intensificado una campaña propagandística de lodo en contra de la actual mandataria por parte de su contendiente.

En la República Oriental del Uruguay, por otra parte, la elección presidencial de mañana pone en juego la continuidad o la interrupción del programa social y económico que ha venido aplicando el FA desde 2005, cuando la izquierda estrenó su primer gobierno nacional, encabezado por Tabaré Vázquez, poniendo fin de esa manera a una alternancia de más de 150 años entre el Partido Nacional y el Colorado. En los albores de la gestión encabezada por José Mujica, quien supo hacer de su persona un referente mediático de la austeridad republicana, Uruguay puede presumir un crecimiento anual promedio cercano al 6 por ciento, una mejora salarial de casi 13 por ciento entre 2010 y 2013 y una tasa de desempleo de 6 por ciento, nivel históricamente bajo en el país oriental.

Sin embargo, sometido al desgaste natural que produce el ejercicio del poder, el FA enfrenta la más dura de las pruebas desde que llegó a la presidencia de Uruguay hace casi una década, y es posible, a la luz que arrojan los sondeos, que pierda el control parlamentario, además de que tenga que verse obligado a enfrentar una segunda vuelta electoral en noviembre próximo.

Lo que está en juego en las citas electorales de hoy no es únicamente el modelo económico-social que se ha aplicado con éxito relativo en ambos países, sino también la correlación de fuerzas regional y mundial. Sin duda, una derrota de los proyectos progresistas uruguayo y brasileño sería nociva e incluso catastrófica para el proceso de integración regional en curso en la porción sur del continente, en la medida en que volvería a colocar a uno de esos países, o a ambos, en una condición de supeditación ante Estados Unidos. Por lo contrario, la consolidación de los proyectos del PT y el FA daría un impulso claro y renovador a la recuperación de las soberanías nacionales, la convergencia política, la construcción de espacios de deliberación multinacional democrática y la colocación de la región en un plano de dignidad, desarrollo e independencia, rasgos que han caracterizado al viraje político que se ha desarrollado en los últimos años al sur de este continente.