El pasado lunes, Cecilia Olivet, en su calidad de presidenta de CAITISA (Comisión para la Auditoría Integral Ciudadana de los Tratados de Protección Recíproca de Inversiones y del Sistema de Arbitraje en Materia de Inversiones), entregó el Informe final de auditoría de los Tratados Bilaterales de Inversión que Ecuador tenía firmados. Esta Comisión había sido creada en mayo del 2013 con el objetivo de examinar la legitimidad, legalidad e impacto de aplicación de los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI).

Los TBI son acuerdos bilaterales firmados entre Estados, cuyo objetivo aparente es la protección de las inversiones extranjeras, generalmente de carácter privado, con origen en la contraparte. Sin embargo, más que la protección jurídica de las inversiones, lo que ocasionan es una pérdida de soberanía al establecer que cualquier laudo que se pudiera dar entre las partes será juzgado en una corte extranjera. Esta cláusula, que aparentemente busca poner al mismo nivel a las empresas transnacionales que a los Estados, en realidad va más allá, y es síntoma de la actual hegemonía del interés privado sobre el interés público. Cuando surge una controversia y hay un TBI firmado, la empresa transnacional acude al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), institución del Grupo del Banco Mundial, cuyo control es establecido por el propio capital privado. De este modo, cualquier controversia que pueda surgir, que afecte a los intereses de una transnacional, será resuelta por un Centro afín a sus intereses. De este modo se explica que más del 62% de los fallos emanados desde el CIADI hayan sido a favor de los intereses de las transnacionales.

En el caso concreto de Ecuador respecto a los TBIs, tenemos que a lo largo de su historia ha firmado 30 acuerdos de estas características. El primero de ellos se remonta al año 1968, con Suiza. Sin embargo, es a partir del año 1992, en plena oleada de apertura económica desenfrenada, cuando los acuerdos de los TBIs se complejiza y dan vía libre a la inversión extranjera, la repatriación de utilidades sin casi rendir cuentas y la actuación en territorio nacional al margen de la ley, incluso saltándose las normas constitucionales. A partir de ese año, se firman 27 TBIs en Ecuador, de los cuales 17 fueron firmados bajo la presidencia de Durán Ballén; 1 por Fabián Alarcón; 2 por Jamil Mahuad y 7 por Gustavo Noboa. De este modo, con su firma, y a pesar de lo efímero de sus mandatos, hipotecaban la soberanía presente y futura del Ecuador por un puñado de inversión extranjera.

Sin embargo, con los resultados del Informe de auditoría presentado por CAITISA, ni tan siquiera se logró el objetivo de atraer a la inversión extranjera. De dicho informe se desprende que Ecuador, a pesar de que estaba entre los países de la región con un mayor número de TBIs firmados, se encontraba a la cola en cuanto a recepción de Inversión Extranjera Directa (IED), y que lo principales flujos de IED en Ecuador provenían de Brasil, México y Panamá, países con los que Ecuador no tenía firmados TBI. Adicionalmente, la firma de los mismos sí que ha ocasionado costes al Estado ecuatoriano, que ha tenido que desembolsar ya 1.498 millones de dólares por demandas, a pesar de que las acciones de las empresas beneficiarias de esos pagos, causaron daños desde la perspectiva económica, social y ambiental.

El camino para la denuncia definitiva de los TBI ha sido, y continuará siendo largo por todas las trabas que los mismos tienen (por ejemplo, tras la denuncia de un TBI continúa la vigencia de sus cláusulas durante varios años), pero Ecuador sigue dando pasos adelante desde que hace 11 años decidiera emprender el difícil camino de la reconstrucción de la soberanía. Y para este objetivo, es necesario romper con los mecanismos perversos de inserción subordinada en la economía mundo. Como dijo el Canciller ecuatoriano esta semana: “La denuncia de los TBIs es parte del proceso histórico de recuperación de la soberanía”.