Judicializar la política ha sido la manera escogida por las élites del poder para intervenir los proyectos llamados pos-neoliberales o alternativos en toda la región, una forma de represión matizada con tintes legales. Lo que ocurre en la coyuntura brasileña es parte de dicha estrategia. En el gigante del sur, la clase política neoliberal ha empujado al rincón de la historia todos los debates económicos o las explicaciones políticas y han ocultado detrás de la acción judicial sus orientaciones ideológicas, quizás porque son muy pocas personas del común las que aún les creen sus recetas de austeridad para todos y concentración de la riqueza para pocos. Pretenden regresar a las prácticas del pasado, cuando la política era sólo para los “elegidos”, ungidos con la habilidad del sofisma para manipular las leyes a su antojo. Una política de tinterillos kafkianos.

Fueron por todos los derechos de los brasileños y brasileñas, sin escatimar los costes políticos que representó derrocar con patrañas a la presidenta. Se cometió un golpe muy grave, que constituye el principio de un sainete judicial en contra del Partido de los Trabajadores (PT) y de todo el movimiento popular brasileño. Ello fue confirmado con el anuncio del proceso judicial en contra del expresidente Lula Da Silva, que claramente pretende impactar sobre las elecciones municipales del 2 de octubre y en la campaña para las elecciones presidenciales del 2018[1]. Los “elegidos” no están a gusto con la participación política de mujeres, de afro-descendientes o de indígenas, tampoco de sindicalistas, socialistas, ecologistas o feministas.

El fiscal estadual de Paraná y predicador evangélico Deltan Dallagnol, con un discurso más de predicador que de funcionario del ministerio público, anunció el proceso judicial en contra del expresidente Lula Da Silva diciendo que “no tenía pruebas, pero si mucha convicción” de que era el “comandante máximo” de la operación de corrupción que se conoce como “Lava Jato”. La demanda debe ser aceptada en los días próximos por el juez federal Sergio Moro, otro hombre ligado a la derecha golpista y comprometido con el banquete judicial del que se están sirviendo las élites para generar el ajuste económico y la vuelta total al neoliberalismo.

Como parte de esta misma judicialización de la política, que involucra jueces, fiscales, parlamentarios, arrepentidos y empresarios, fue destituido esta semana Eduardo Cunha, el expresidente de la cámara de diputados y artífice del quiebre constitucional que significó la salida de Dilma Rousseff de la presidencia[2]. Una jugada del propio Temer para tratar de mostrar “objetividad” judicial, y de paso, redimir un poco al parlamento deslegitimado por el golpe y por los vínculos con la mega causa “Lava Jato” y con otros procesos de corrupción, en los que están inmersos decenas de miembros del mismo elenco de diputados del sainete judicial verdeamarelo.

Algunos diputados del PT fueron juzgados y encontrados culpables por esta operación de corrupción de Petrobras, pero esto no es prueba de la responsabilidad de Lula Da Silva o de Dilma Rousseff, se entiende en derecho que las responsabilidades penales son individuales. Este principio fue desestimado por el fiscal Dallagnol para torcer los fundamentos de la causa judicial. Dallagnol utilizó como argumento principal, o como “indicio” de culpabilidad, la pertenencia de Lula al PT y la misma falsa premisa usada en el Impeachment contra Dilma: ser la presidente mientras ocurrieron algunos de estos actos de corrupción. Razonamiento que no se puede sostener en derecho, de lo contrario, todos los presidentes del mundo tendrían abiertas causas judiciales o tendrían que ir presos, puesto que estamos ante el rotundo hecho de que ningún país del mundo es ajeno al terrible delito de la corrupción[3]. Una lucha pendiente de los procesos políticos que promueven el cambio del orden social vigente.

Si la política no estuviera judicializada, Dilma y Lula tendrían que explicar las acciones de su partido a la sociedad en la abierta y democrática lucha política, como presidentes o como candidatos y no en los estrados judiciales, puesto que hasta el momento no existen pruebas, ni indicios que los señale como corruptos. Es la ciudadanía entonces quien debe decidir si está de acuerdo con las propuestas políticas de estos dos dirigentes petistas o si les considera como responsables políticos de los delitos cometidos por algunos de sus copartidarios.

Esta demostrado que la meta de las élites brasileñas, no es luchar contra la corrupción pues están sumidas en ella, sino quitar del escenario político de una vez por todas a estos dos líderes de la izquierda, asestando un golpe de gracia al debilitado Partido de los Trabajadores y a sus aliados. La estrategia pasa por forzar un retroceso de las formaciones políticas de izquierda en las elecciones municipales del próximo 2 de octubre, que son importantes por su papel articulador en los territorios, convirtiéndolas en el partidor de la carrera presidencial para el 2018.

Una movida judicial y mediática, que pretende romper con las opciones de continuidad en las 632 alcaldías municipales -de ciudades pequeñas- y las 4 prefecturas de capitales estaduales gobernadas en la actualidad por el PT, así como las más de 500 alcaldías gobernadas por sus aliados. Los partidos de izquierda, especialmente el Partido Socialismo y Libertad-PSOL, el Partido Comunista do Brasil-PCdoB, y por supuesto el PT, entran en un estado de riesgo y de exposición mediática negativa que puede socavar su respaldo electoral y hacer retroceder en las posiciones municipales que ostentan hasta el momento. Pretende así la derecha arrebatarle la base territorial a la izquierda brasileña, sustento cultural de estos proyectos de cambio y de su fuerza para competir con posibilidades de llegar al “Palácio de Planalto” en las elecciones nacionales del 2018.

La estrategia de restauración neoliberal de la derecha brasileña es claramente política y económica, apunta a recomponer las fuerzas nacionales y de la región como claramente lo plantearon Camila Vollenweider y Sergio Martín del CELAG en dos trabajos aclaradores de la coyuntura del Brasil[4], y además, tiene la pretensión de alimentar el relato de la derecha internacional que señala a la izquierda de populista, corrupta y negligente. La judicialización de la política funciona como legitimadora de sus acciones golpistas, debilita la democracia excluyendo sectores subalternos de la sociedad y dirige una guerra cultural e ideológica para arrinconar a la izquierda brasileña y continental.