Los Estados crean –a través de la ideología que les avala como institución garante de la continuidad de una nación– fantasmas en el imaginario de las comunidades que están supuestos servir. Una vez estos fantasmas se instalan como prejuicios en la cultura de los pueblos, es la ideología de Estado la que gobierna esos prejuicios mediante las formas de sentir, pensar y actuar de sus sujetos: los ciudadanos nacionales de ese Estado.

En República Dominicana la historia no ha sido diferente. Recientemente, el tema migratorio vuelve a ser instrumentalizado por el gobierno actual con el fin de explotar un discurso histórico con el cual las clases gobernantes buscan reafirmar sus hegemonías políticas, económicas y sociales en la sociedad dominicana.

La más reciente ola de ese racismo de Estado empezó el 23 de septiembre del 2013, cuando el Tribunal Constitucional emitió la sentencia 168/13 que ordena la revocación de la nacionalidad dominicana a Juliana Deguis. Esta joven mujer de padres haitianos nació hace 30 años en territorio dominicano. Ella nunca ha pisado suelo haitiano. Su vida la ha vivido en Yamasá, un pueblo situado al norte de Santo Domingo, donde llevaba normalmente su vida hasta el día en que la administración rechazó darle su acta de nacimiento. La sentencia le quitó su nacionalidad argumentando que al nacer sus padres estaban en situación “irregular”, o más bien de “tránsito” tal cual lo determinaba el mismo Estado. Más allá de su caso personal, la violencia de esta decisión judicial fue tal que se aplicó a todo ciudadano dominicano nacido de padres extranjeros en dicha situación entre 1929 y 2007.

Bajo la presión local e internacional, esta medida fue reconsiderada mediante un plan de “naturalización” en el 2014. El objetivo consistió en reexaminar la situación de estos dominicanos revocados de su nacionalidad. Pero el proceso se complicó aún más cuando este dispositivo fue realizado simultáneamente con un plan de regularización de trabajadores inmigrantes sin papeles. Combinando ambos procesos jurídicamente distintos, quedó evidenciado el propósito discriminante ante una población específica (padres y madres haitianas e hijos dominicanos) por parte del Estado Dominicano. De igual modo, se demostró el abandono e indiferencia por parte del Estado haitiano de sus ciudadanos durante el proceso de acompañamiento y suministro de documentos para la regularización de los ciudadanos emigrantes en tierra dominicana. Ambos casos, muestran el tira y jala del accionar Estatal con sus conciudadanos más vulnerables: por un lado, el desinterés del Estado haitiano por esa misma población que se vio obligada a partir en busca de mejores condiciones de vida. Y del otro lado, el Estado dominicano que busca no solo deshacerse de cientos de miles de inmigrantes utilizados meramente como mano de obra, pero de igual modo enmarcar a sus hijos en el mismo trayecto temporal y precario de sus padres.

¿Cuál es el balance de todo este proceso? Sobre 53,000 dominicanos negados de ciudadanía, solo 8,755 cumplieron con el procedimiento de re-naturalización. Si bien el gobierno anuncia hoy la restitución de la nacionalidad al resto de la población en cuestión, esto permanece turbio: en caso que la restitución sea efectiva, ¿de qué sirve esta naturalización para una población que es en sí dominicana? ¿De qué vale esta nacionalidad inscrita en un registro civil específico al resto de la población, distinguiendo así “cualidades” de dominicanos? Por otro lado, de los 500,000 trabajadores haitianos censados, solamente 288,000 han logrado inscribirse en el plan de regularización sin saber cual será su suerte jurídica ya que solamente 1.6% de inmigrantes registrados disponen del conjunto de documentación necesario para regularizar su estatus. En la espera de una decisión clara por parte del gobierno, el resultado esta ahí: miles de inmigrantes y de dominicanos están sujetos a ser expulsados en cualquier momento.

A la segregación de hecho que denegaba el acceso de estas poblaciones nacionales y extranjeras para poder escolarizarse, trabajar, alojarse o medicarse, se agrega una segregación legal, véase la amenaza de una expulsión de su propio territorio.

¿Quiénes son esas personas que ya no merecen vivir en República Dominicana o ser ciudadanos del país? Principalmente los hijos de una inmigración haitiana llegada desde hace un siglo, para trabajar en las grandes plantaciones de caña, y luego en los sectores de agricultura y de la construcción. Durante decenios, los empleadores –en ocurrencia el Estado y más recientemente el sector privado– han regulado estos desplazamientos acordando un estatus migratorio de “tránsito”, que permitía mantener estas condiciones de trabajo precarios y negar el acceso de los migrantes a un conjunto de servicios sociales.

Para ejercer tal relegación sin ser sospechados de discriminación alguna, los magistrados del Tribunal se refugiaron detrás de la fuerza jurídica. Se trata sin embargo de un asunto eminentemente político, ya que la ley está abiertamente dirigida a una población en función de su origen étnico. Similar a las medidas que recuerdan los peores momentos de nuestra historia contemporánea, esta se basa en los ideales y los intereses de una cierta clase dirigente que no ha cesado de agitar la supuesta amenaza de los haitianos al “carácter nacional dominicano”. La llegada al poder del Partido de la Liberación Dominicana, y su decisión de aliarse con un partido conservador notablemente anti-haitiano y con las élites económicas detentoras de ingenios azucareros, han precipitado el retorno de lo inhibido.

Estas ideas datan del período de la independencia (1844), conquistada contra el ocupante haitiano, y no contra el imperio español como en la mayoría de las repúblicas latinoamericanas. Desde ese entonces los dirigentes de la franja conservadora del país han utilizado frecuentemente la cuestión haitiana para construir un discurso nacionalista fundado en base a las oposiciones español/creole, catolicismo/vudú o la más tajante de todas, aquella entre los negros (haitianos) y los dominicanos sin importar cuál sea su mestizaje. Partir de estos criterios para definir la pertenencia legal y social a la Nación es un medio de imponer la hegemonía de una minoría política y de servirse para hacer desaparecer de su panorama nacional a toda persona extranjera a sus normas. Disimulado bajo el discurso del “interés nacional”, este racismo de Estado reaparece hoy y legitima la exclusión social y espacial de una población negra mayoritariamente relegada a los estratos más bajos del mundo del trabajo (jornaleros, obreros y empleados).

No es cuestión de azar que sean aquellos quienes están más sometidos a la regresión de los derechos sociales (condiciones de trabajo, relaciones salariales, educación, salud) que son súbitamente proclamados ilegítimos en el territorio. A través de la creación de un clima de tensión que busca distinguir un ‘‘Ellos’’ de un ‘‘Nosotros’’, sobretodo en las clases populares, esta violencia institucional es un medio de disimular el retiro del Estado social dominicano.

A pesar de las múltiples movilizaciones contra estas medida, las condenas de instancias de derechos humanos, de gobiernos y de una parte de la prensa internacional, el Estado dominicano afirma que su decisión es irrevocable.

Ese racismo de Estado que se esconde detrás de lo jurídico viene a borrar la historia misma de un pueblo: la de una clase obrera inmigrante negra y la de sus hijos dominicanos. Esto es un asunto político que solo en el campo político puede resolverse. Cuando la dignidad humana está en peligro, ni las leyes ni las instituciones son irrevocables.

Fuente: http://www.80grados.net/racismo-de-estado-en-republica-dominicana/