El rol de intermediarios en el desempeño electoral latinoamericano merece ser reflexionado a la luz de los eventos que se han presentado con las empresas tecnológicas que realizan estos conteos en diferentes países. Los escándalos de corrupción por pagos de coimas, el vínculo con determinados intereses (geo)políticos y los frecuentes fallos en las plataformas digitales que operan ponen en cuestión la transparencia de su labor en los procesos electorales.

¿Cuáles son los criterios de selección? ¿qué órgano avala su gestión? y ¿cómo evitar los fraudes? Son algunas de las preguntas ante el desarrollo de un nuevo sistema que todavía no garantiza procesos electorales más democráticos, sino que refleja algunas deficiencias acrecentadas por la transversalización de los intereses privados y de lucro en un ejercicio de interés público.

Las dudas sobre la participación de las transnacionales tecnológicas en la participación electoral generan mayores preocupaciones por el manejo de los datos de los ciudadanos electores, perdiendo así la máxima de privacidad del voto, con sistemas que además pueden ser permeables al robo y hackeo de datos. El siguiente artículo se propone analizar la idoneidad de las principales empresas que realizan los conteos electorales en el continente.

Indra Sistemas, S.A.

La empresa española Indra se originó en 1989 fruto de la fusión de dos empresas: la pública INISEL y la privada CESELSA, conservando en manos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) el control del 66% de las acciones de la nueva Indra. Durante la etapa de privatizaciones del gobierno de José María Aznar -1998 y 1999- la SEPI vendió la participación estatal a diversos accionistas, al tiempo que el Ministerio de Defensa le encargaba el desarrollo de la electrónica de la mayoría de armamentos entonces en fabricación: blindados, aviones, buques de guerra y múltiples proyectos de guerra electrónica.

En 2010, durante los comicios realizados en Barcelona bajo la modalidad de voto electrónico, se denunciaron fallas en la votación. Por este motivo, el ayuntamiento de Barcelona abrió un expediente administrativo y sancionó financieramente a la empresa por “faltas graves”, las cuales se extendieron durante los siete días que duró la consulta e hicieron colapsar centros de votación.

En 2013, Indra había sido relacionada con el supuesto fraude en las elecciones venezolanas en las que Nicolás Maduro se consagró presidente. Sin embargo, la firma aclaró que desde el año 2000 no se encarga de computar los datos de los comicios en el país. En ese momento, el entonces presidente Hugo Chávez la apartó tras unos comicios plagados de denuncias de irregularidades.

La empresa, implicada en sendos escádalos de corrupción en varios países latinoamericanos, en España y Angola por pagos de coimas, también ha registrado fallos en los procesos de recuentos de voto, el caso más reciente fue en Sevilla (España) en 2015. El sistema electrónico de conteo instalado por Indra para las elecciones municipales de Sevilla tuvo un fallo y mantuvo bloqueado por varios días el recuento de sufragios en 44 mesas electorales.

Un año después, en 2016, el Consejo de la Judicatura de Ecuador demandó por 32 millones de dólares a Indra por incumplimiento de contrato. Indra fue contratada para implementar un sistema de administración de trámites judiciales, pero de acuerdo a una investigación de la Contraloría General de ese país hubo irregularidades en la implementación del servicio.

En Brasil, en el marco de la investigación sobre la operación Lava Jato, la Policía Federal allanó a fines de junio de 2016 la filial de Indra en San Pablo. La requisa tuvo como finalidad encontrar documentación confidencial por los presuntos pagos realizados a concejales y miembros de la Administración del Estado para conseguir posteriormente contratos por cerca de 600 millones de reales. En marzo de este año, la compañía española ha sido sancionada con la imposibilidad de contratar con la Administración brasileña por tiempo indeterminado, tras una investigación llevaba a cabo por las autoridades locales sobre una de las filiales del grupo. La sanción cuestiona la “declaración de inidoneidad” y tiene su origen en 2011, a raíz de un procedimiento administrativo iniciado por la Controladoría Geral do Distrito Federal contra Politec Participaçoes Ltda (Polipar), por presuntas irregularidades en un contrato de alquiler de inmueble suscrito en el año 2005 entre la Administración regional de Aguas Claras y Polipar.

Este año, en el contexto de la reforma política impulsada por el oficialismo en la Argentina, fue trasladada de la licitación para contratar la empresa encargada de realizar el cómputo de datos de cara a las elecciones legislativas de 2017. El pasaje de la Dirección Nacional Electoral al Correo no fue azaroso sino que se eligió este organismo por ser una S.A., razón por la cual dispone de menos controles y mayor flexibilidad para contratar. Desde el propio Gobierno confirmaron el triunfo de la española Indra al diario La Nación, incluso antes que la licitación hubiera tenido lugar, constituyendo prácticamente la confesión de un ilícito pues si se tratara de un proceso transparente debería ser imposible conocer al ganador de antemano.

Por su parte, el escándalo por los resultados provisorios en los últimos comicios argentinos ha vuelto a involucrar a Indra S.A. en la malversación de datos. Durante el proceso de conteo los datos fueron primero ralentizados y luego suspendidos, ingresando resultados de zonas favorables al oficialismo y evitando incluir los distritos en los que CFK –ex mandataria- obtenía una amplia ventaja, obteniendo así el impacto de una victoria de Cambiemos en los medios de comunicación. Sin embargo, el recuento provisorio no mantuvo correlación con el resultado final en -al menos- dos provincias, hecho que levantó suspicacias. Desde la oposición acusaron a Indra por el retraso en el conteo de votos. Antonio Liturgo, abogado que presentó la denuncia ante la Justicia Federal por presuntas irregularidades en el conteo y escrutinio provisorio, aseveró: "esta abrupta decisión de omitir la información y judicializar sin incorporar la documentación que acredita puede constituir una maniobra de fraude, incluso que la carga realizada por la empresa INDRA S.A. y el Correo Argentino ya hubieren modificado en perjuicio del verdadero resultado de la Elección en el actual porcentual mostrado a la ciudadanía".

Scytl Secure Electronic Voting, S.A.

Scytl fue fundada en 2001 en la Universidad Autónoma de Barcelona por el investigador Andreu Riera, pionero en el desarrollo del voto electrónico. Esta empresa fue la que ofreció la plataforma tecnológica que se utilizó en los comicios seccionales en Ecuador en febrero de 2014. El contrato firmado por el Consejo Nacional Electoral con la empresa incluía servicios de automatización de los procesos electorales, calificación de candidaturas, inscripción de tiendas políticas, escrutinio y entrega de datos. Sin embargo, desde el día de las elecciones se encolaron más de 24 mil actas, lo cual alteró el tiempo de respuesta del sistema informático. Razón por la cual, el Consejo Nacional Electoral decidió cancelar el contrato debido a la lentitud en la entrega de los resultados y a que el sistema informático no contó con la versatilidad para corregir los errores.

En sus orígenes, la empresa estaba dedicada al voto electrónico, hasta que en 2011 diversificaron las soluciones tecnológicas abriéndose al área del recuento electoral. Desde 2007, la compañía ha recibido el respaldo de varios fondos de capital de riesgo nacionales e internacionales, que controlan actualmente el 80% de sus acciones. Desde el 2014, la empresa no hace públicas sus cuentas en el Registro Mercantil, pero en 2013 facturó 38,6 millones y para el 2014 preveía 63 millones.

Tras las experiencias fallidas en el Congo, México y Ecuador, la compañía pasó a centralizar sus negocios en Estados Unidos -donde concentra el 20 % de la facturación- Canadá, Reino Unido y Australia. En 2015, 21 países usaban el voto por internet en sus elecciones, de los cuales 19 utilizaban la tecnología de Scytl.

En 2016, entabló una batalla legal luego de que el Ministerio del Interior concedió el contrato a Indra para las elecciones generales de España sin la realización de un concurso público. Scytl denunció que Indra había efectuado una sustancial rebaja de precio. En su defensa, Indra argumentó que el contrato exigía menor desarrollo de sistemas, lo que hizo descender los costos. En 2015, por primera vez Scytl había arrebatado a Indra el recuento de las elecciones generales españolas del 20 de diciembre. Hasta entonces, y desde 1978, todos los recuentos electorales en España habían estado a cargo de Indra. 

Smartmatic

Smartmatic es una empresa fundada por venezolanos. Antonio Mugica, director ejecutivo, estudió ingeniería electrónica en la Universidad Simón Bolívar y junto a Alfredo José Anzola y Roger Piñate, diseñaron un sistema en el que miles de insumos podían colocarse simultáneamente en una red.

En Venezuela, fue la española Indra quien comenzó el proceso de automatización llevado a cabo entre 1999 y 2003. En ese año, se inició el consorcio entre Smartmatic, Bizta Software y Cantv -la compañía estatal de telefonía-. En 2004, llevó adelante el conteo de su primera elección: el referéndum revocatorio, el cual tuvo como ganador a Hugo Chávez.

En 2010, la firma Smartmatic fue registrada en el estado de Florida, EEUU. Prontamente, la empresa tuvo su primera negociación con el Estado venezolano, con quien fundó una empresa de asociación estratégica con capital de un banco estatal, mientras durara la deuda contraída por el crédito financiero. Una vez finalizado el plazo, la empresa mixta se disolvió.

Recientemente y mediante un comunicado por parte de Antonio Mugica, Samartmatic cuestionó los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE) sobre la elección de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de los cuales formó parte de la seguridad del sistema de totalización.

Además, la empresa  Smartmatic participó en la asesoría técnica del sistema de voto electrónico empleado para las elecciones de la ANC de Venezuela, formando parte de todas las auditorías, colocando su clave para el cifrado de los archivos y protección de las aplicaciones que se desplegaron en la plataforma electoral. Mugica había emitido los resultados a través de su propia plataforma entre 2004 y 2015, un total de 14 comicios de los cuales acredita idoneidad.

En el año 2014, Smartmatic se fusionó con la compañía británica SGO Group. La operación fue financiada por Mark Malloch-Brown, ex subsecretario general de las Naciones Unidas y ex vicepresidente del Banco Mundial, quien actualmente se desempeña como miembro de la Cámara de los Lores de Gran Bretaña y miembro de la junta global de la Fundación de la Sociedad Abierta del billonario George Soros. 

En el año 1999, Malloch-Brown había oficiado de administrador del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), posición desde la cual se ofreció para colaborar con el diálogo entre el gobierno de Hugo Chávez y la oposición venezolana con el propósito de promover un referendo revocatorio.

Algunas consideraciones finales

La transparencia en los comicios requiere, en última instancia, que el ciudadano pueda confiar en el procedimiento, a pesar de que él no pueda o no quiera controlarlo. El ciudadano debe confiar en quienes tienen a su cargo el proceso electoral, es decir que el actor involucrado en el cómputo electoral no debe tener intereses creados en torno al resultado de las elecciones.

Sin embargo, las empresas son creadas con el fin de obtener lucro, ello supone un beneficio aún mayor de contabilizar en el resultado de una elección. En el recorrido de esta nota hemos intentado arrojar luz sobre las mutuas implicancias entre distintos Gobiernos y las compañías encargadas de realizar el cómputo electoral. Cabe preguntarnos, entonces, ¿por qué una empresa privada nos genera una sensación de mayor confiabilidad y transparencia que los organismos públicos?