or mucho que el Estado colombiano ha intentado ocultar la muerte de niños Wayuu por causas asociadas a la desnutrición, estos siguen muriendo ante la mirada indiferente de quienes son los encargados de velar por sus derechos.

A pesar de los recursos millonarios que gira el Gobierno para la atención de la primera infancia en el Departamento de la Guajira, el hambre y la miseria siguen reinando en las comunidades; mientras en el ICBF Regional Guajira sigue adjudicando los contratos según sus conveniencias, sin contar con la consulta previa de las comunidades afectadas.   

Autoridades y Líderes indígenas indignados por estos hechos, desde el territorio ancestral llamado Katsaliamana, jurisdicción del Municipio de Uribía, el 7 de Diciembre 2016 se reunieron para denunciar ante el Estado colombiano y ante el mundo entero estas irregularidades en el seno de la institución que se encarga de velar y proteger a los niños. Como respuesta a estas denuncias, sólo recibieron amenazas de muerte por personas o grupos desconocidos al margen de la ley.

Muchos desistieron de sus ideales por temor a posibles represalias en contra de su vida, otros se quedaron resistiendo, como fuera el caso de la señora María del Rosario Ruiz Ipuana, Autoridad Tradicional y Ancestral del Territorio Indígena Katsaliamana. Ella en compañía de Jóvenes Profesionales y Dirigentes Indígenas, decidieron tomar y levantar la bandera de la nación Wayuu, para decirle al estado Colombiano y al ICBF, que sus Territorios Indígenas y la vida de sus niños es sagrada, por lo tanto no pueden comercializar o vender los cupos a organizaciones filiales a sus intereses políticos y económicos y que antes del ingreso de estas organizaciones foráneas a sus territorios  deben hacer consulta previa.

Ante esto el ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) ha venido manifestando que son un ente autónomo y como tal para ellos no aplica la CONSULTA PREVIA (Derecho Fundamental de los Pueblos Indígenas según la Ley 21 de 1991 por medio de la cual se aprueba el Convenio número 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, adoptado por la 76a. reunión de la Conferencia General de la O.I.T., Ginebra 1989). Por ende tampoco aplicarían los artículos de la Constitución Política de Colombia que amparan y protegen los derechos indígenas y tribales (artículo 246 y 287) o el Decreto ley 1953/2014 por el cual se crea un régimen especial con el fin de poner en funcionamiento los Territorios Indígenas respecto de la administración de los sistemas propios, hasta que el Congreso expida la ley de la que trata el artículo 329 de la Constitución Política.

Como lo han venido denunciando en reiteradas ocasiones los líderes indígenas “La única respuesta que han recibido son amenazas y atentados de muerte" como fuera el caso del señor José Silva, presidente actual del Movimiento, quien fue  víctima de un atentado cuando iba con su familia hacia su comunidad indígena, a bordo de su vehículo, siendo el automotor  impactado con disparo de arma de fuego en uno de los vidrios laterales; o cuando se dirigía hacia el municipio de Manaure, luego de notificar  a unas autoridades tradicionales la admisión de una tutela en contra de ICBF, cuando fue capturado de manera ilegal, por funcionarios de la Policía Nacional adscritos a la estación de Manaure.

A esta lista de amenazas y atentados se suma el caso de Ever Epieyu, Cristobal Cuadrado, Isila Pimienta Marin, entre otros,  miembros activos del Movimiento Nación Wayuu. La última amenaza del 2017, la recibió la señora Isila Pimienta Marin, el día 09/12/17, cuando en su residencia fue dejado un panfleto con mensajes amenazantes en contra de los integrantes del Movimiento  Nación Wayuu, por haber radicado en el Tribunal Superior de Riohacha un incidente de desacato a una acción de tutela que el movimiento ganó en contra del ICBF Regional Guajira, la cual les ordenaba hacer Consulta Previa en las Comunidades indígenas para el ingreso de los operadores a los territorios indígenas. Como en los casos arriba relacionados, llegaron primero las amenazas de muerte, pero la respuesta del Tribunal Superior con relación al Incidente de Desacato aún se espera.

Según informaciones aportadas por los dirigentes indígenas y afro-descendientes, existen alrededor de cinco tutelas falladas en primera y segunda instancia, que le ordenan a ICBF Regional Guajira hacer consulta previa para el ingreso de los operadores a los territorios étnicos en la Guajira, pero ninguno de estos ha sido acatado por esta institución.

¿Trafico de influencias o comercio ilegal de cupos?

Para la vigencia 2017, más de 67 organizaciones indígenas Territoriales, avaladas por las Autoridades Tradicionales, que venían operando con sentido de pertenencia, en cada una de sus zonas o territorios, fueron desvinculadas sin razón alguna, para darle ingreso a organizaciones filiales a los intereses políticos y económicos de la Dirección de ICBF Regional Guajira. El ingreso de estas organizaciones foráneas, no fue consultado con las autoridades tradicionales indígenas, por el contrario, fueron impuestos, o como lo diría uno de los tantos dirigentes indígenas amenazados “Se metieron a la brava y sin permiso, amenazando a las autoridades tradicionales”.  En la vigencia 2018 quedó sin operación una reconocida organización indígena, la única que estaba en ICBF por sus méritos y gestiones en beneficio de la niñez Wayuu; impulsora de la propuesta de Semillas de Vida en la cultura Wayuu.

Mientras los fallos y decisiones de la corte siguen engavetados en los despachos judiciales  del Palacio de Justicia de Riohacha, las autoridades tradicionales y los líderes indígenas siguen resistiendo y denunciando todas estas vulneraciones a sus derechos y a los derechos de sus niños, aún con el temor de ser amenazados o asesinados, ya que todo aquel que intente denunciar es asesinado, así como lo manifestó hace poco el artículo http://zonaguajira.com/2018/01/04/amenazas-lideres-wayuu-la-guajira-aumentaron-80-2017/: “…los casos de Rafael Lubo Aguilar, quien fue ultimado al parecer por haber denunciado  actos de corrupción en la educación. Otro de los líderes que habría sido amenazado de muerte durante el 2017, sería la docente Juana Almazo Uriana, quien fue hallada muerta en zona rural de Manaure. Las autoridades aún investigan  si su deceso se produjo luego de una fuerte denuncia que formulo en el sector del municipio de Uribía donde realizaba labores como educadora”. 

Las comunidades indígenas y las autoridades tradicionales le piden al Estado Colombiano y a los movimientos y organizaciones de derechos humanos a nivel internacional, garantías para poder hacer exigibles sus derechos fundamentales en sus territorios.