Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”, resume la profunda convicción del presidente Andrés Manuel López Obrador de arrancar de raíz a la impunidad. El caso del colapso de la Línea 12 constituye una excelente oportunidad para poner en práctica este valioso ideal.

Durante el viejo régimen, se utilizaban chivos expiatorios para evitar responsabilizar a los hombres más cercanos al Presidente.

Felipe Calderón hizo todo lo posible por evitar que la responsabilidad por la muerte de 25 niños y 24 niñas en la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora el 5 de junio de 2009 fuera atribuida a su primer círculo. Frente a la exigencia popular de llamar a cuentas tanto a Marcia Gómez del Campo, prima de Margarita Zavala y una de las dueñas de la guardería, como a Juan Molinar Horcasitas, quien como titular del IMSS le había otorgado el permiso a la guardería, Calderón presionó a las autoridades judiciales para que culparan únicamente a funcionarios de segundo nivel.

En su libro más reciente, Felipe, el oscuro, Olga Wornat documenta cómo Zavala “movió los hilos del Poder Judicial” para que su prima Marcia fuera “exonerada de toda responsabilidad judicial por la tragedia”. Y el actual ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, ha denunciado públicamente que recibió presiones directas de parte de Calderón en favor de la impunidad de Molinar.

Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto todos fuimos testigos de un operativo similar en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el 26 de septiembre de 2014. Desde el primer momento, Peña Nieto quiso desviar la responsabilidad hacia grupos criminales locales y agentes policiacos municipales.

Sólo la vasta movilización social y popular bajo la poderosa consigna de “¡fue el Estado!” logró que se empezara a investigar la probable responsabilidad de autoridades estatales y federales, incluyendo al cansado procurador de Peña Nieto, Jesús Murillo Karam, y altos mandos tanto de la entonces Policía Federal como del Ejército Mexicano.

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Hoy, en el contexto del colapso de la Línea 12 que mató a 27 e hirió a 79 personas a las 10:22 de la noche el 3 de mayo de 2021, se han sostenido tres diferentes hipótesis.

En primer lugar, los opositores saltaron como aves de rapiña para echarle la culpa a la actual jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. Según los neofascistas, la principal causa del accidente sería la falta de mantenimiento y vigilancia de parte del gobierno de Morena. Estas voces irracionales también buscaron culpar al mismo López Obrador por su supuesta “protección” para Sheinbaum.

De acuerdo con una segunda teoría, la culpa más bien la tendría el ex jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera, ya que su administración realizó la revisión de todas las líneas del Metro después del mortífero terremoto del 19 de septiembre de 2017. Desde este punto de vista, el gobierno de Mancera sería negligente por haber dado de alta la Línea 12 aún a pesar de la existencia de daños estructurales, los cuales cuatro años después supuestamente serían la causa por el colapso del tramo entre las estaciones Tezonco y Olivos.

Finalmente, otras voces han señalado al actual canciller, Marcelo Ebrard, ya que la obra de la Línea 12 fue realizada enteramente durante su sexenio como jefe de Gobierno del Distrito Federal. Para sustentar esta hipótesis, se ha mencionado la acreditación de diversas irregularidades administrativas y técnicas durante la obra (https://bit.ly/3p87l3O), así como las prisas durante la última etapa de la construcción con el fin de garantizar la inauguración de la obra antes de que Ebrard terminara su periodo al frente de la ciudad.

Ahora bien, el pasado jueves, 14 de octubre, la valiente y plenamente autónoma fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, presentó un resumen público de los resultados de sus indagatorias que concluye de manera clara y contundente que la tragedia no fue resultado de fallas de “inspección y mantenimiento” sino de “deficiencias de origen” (https://bit.ly/3n5K3sA).

El siguiente paso será determinar exactamente quiénes fueron responsables por estas deficiencias de origen durante el sexenio de Ebrard y hasta qué punto el mismo canciller, así como su entonces secretario de Finanzas, el hoy controvertido Mario Delgado, o el propio empresario Carlos Slim, tendrían alguna responsabilidad con respecto a la supervisión y la conducción de la obra.

Los heridos y los familiares de los caídos merecen justicia plena y los ciudadanos debemos tener acceso a toda la verdad.