Ahora son cerca de cuatro años desde el inicio no oficial del proceso de paz en curso entre las FARC y el gobierno colombiano (se hicieron planteamientos secretos a partir de octubre del 2010), y más de dos años desde la apertura oficial de las negociaciones sobre la base de un "Acuerdo General" firmado el 26 de agosto del 2012. Ha habido treinta rondas de negociaciones hasta la fecha, entre los negociadores del gobierno y las FARC en La Habana.

La Oficina de Washington sobre América Latina ha creado un sitio web, colombiapeace.org, que recoge los documentos e informes de medios de comunicación en un solo lugar, e incluso los ha dispuesto en un muy completo y permanente línea de tiempo (http://colombiapeace.org/timeline2014 /), que podemos utilizar para empezar a entender lo que está sucediendo con el proceso de paz.

El proceso está siendo apoyado por un conjunto inusualmente amplio de actores. El gobierno cubano está organizando las conversaciones. El gobierno de los Estados Unidos, las Naciones Unidas, la mayoría de los gobiernos de América Latina, el gobierno venezolano, todos apoyando. Se han hecho declaraciones efusivas. El Presidente Pepe Mujica de Uruguay llamó, el año pasado, al proceso de paz "Lo más importante que esta sucediendo en América Latina". En julio de 2013, la presidenta de Argentina, Cristina Fernández sugirió que el proceso podría ser impugnado "sólo por los idiotas, los que no aman a su país". En noviembre del 2013, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, fue más allá, al sugerir que "sólo los psicópatas" boicotearían el proceso.

Hablando de eso, a pesar del apoyo notablemente amplio para una solución negociada al conflicto, el ex presidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez se opone firmemente, al igual que su partido político (que perdió en las urnas a principios de este año, en una elección que hizo efectiva un referéndum sobre la continuación de las negociaciones de paz). Si los presidentes de Ecuador y Argentina estaban pensando en Uribe cuando mencionaron lo de "idiotas" y "psicópatas", no es claro. Sin embargo, los intentos de Uribe de echar a perder el proceso de paz van mucho más allá de las elecciones, un punto al que volveré.

Las negociaciones se han prolongado durante largo tiempo, pero teniendo en cuenta que el inicio del conflicto a veces tiene fecha de 1964, y otras veces inclusive 1948, es tal vez razonable esperar que lograr un acuerdo de paz llevaría unos cuantos años. Hasta el momento se han dado lugar tres proyectos de acuerdos, los cuales fueron publicados a finales de septiembre y serán publicados en la página web conjunta, mesadeconversaciones.com. Todos los acuerdos están vinculados, como era de esperar, dado el principio de que "nada está acordado hasta que todo esté acordado". Los proyectos de acuerdos son, la solución al problema a las drogas ilícitas, el desarrollo rural, y la participación política, son muchas las propuestas que fueron traídas a la mesa junto a los movimientos sociales, y en caso de aplicarse, podrían representar un progreso social, incluida la reforma de la tierra y la reforma agraria, la extensión de reservas de tierras campesinas (que ya son legales en la legislación colombiana a partir de 1994) y las garantías para la disidencia política.

Las conversaciones, su contenido y los debates públicos en torno a ellas, también han traído algunos elementos positivos a las políticas públicas. En los años que precedieron a las negociaciones, Colombia vio el surgimiento de un movimiento organizado de las víctimas del conflicto. El gobierno colombiano se ha centrado en las víctimas de las FARC, pero el punto de las negociaciones es que las delegaciones de las víctimas han llegado a las conversaciones, y que muchas de las víctimas se han movilizado por la paz. Las conversaciones han creado una atmósfera en la que las FARC han tomado la responsabilidad de los crímenes, se comprometieron a detener el secuestro de civiles para pedir rescate, y sus líderes se enfrentan a algunas de las víctimas de esos crímenes. El gobierno, que se ha visto obligado a enviar a algunos de sus políticos y militares a la cárcel en los últimos años por escándalos (a lo que volveré), también ha mostrado un grado de seriedad en las conversaciones. El año pasado, el presidente Santos cambió el alto mando militar, y como consecuencia de la huelga agraria, cambió también todo su gabinete. En sus declaraciones públicas sobre las conversaciones, Santos ha demostrado un grado de madurez política que los aliados de Estados Unidos rara vez tienen, admitiendo que es sólo con los enemigos con quien se puede hacer la paz: "Estamos tratando de dar a nuestros enemigos, en este caso las FARC, un puente, una manera digna de deponer las armas y entrar en la arena política. "Esto contrasta con las declaraciones del más famoso oponente de la paz, Uribe, que constantemente invoca a Al Qaeda (y probablemente pronto comparará a las FARC con ISIS).

Uribe es una amenaza formidable para el proceso de paz, porque él es un poderoso miembro del sistema político colombiano y su élite y, hay que admitir, con un apoyo popular significativo de la derecha. Un par de frases para recordar a los lectores quien es Uribe. Un documento publicado por el Archivo de Seguridad Nacional, informe de 1991, de los funcionarios de la DEA de los Estados Unidos en Colombia, llamaba a Uribe "Un político colombiano y senador dedicado a colaborar con el cartel de Medellín", "amigo personal y cercano de Pablo Escobar", "vinculado al negocio de narcotráfico en los EE.UU". Cuando fue presidente de Colombia, Uribe sobrevivió a una serie de escándalos, pero el escándalo más cercano a él es la "para-política”, o, a veces el escándalo del "para- uribismo", que estalló cuando los oficiales militares y los paramilitares hablaron con los medios de comunicación acerca de los pactos que hicieron con políticos para limpiar áreas de izquierdistas, sindicalistas, indígenas, y los líderes del movimiento campesino. Los paramilitares también fueron importantes narcotraficantes, la operación del negocio en una escala mucho mayor que la participación de las FARC en el cultivo ilícito. Uribe también fue presidente durante el escándalo de "falsos positivos", en la que el ejército colombiano mató a campesinos indefensos, los hizo posar con armas, y afirmó que habían matado guerrilleros de las FARC (el actual presidente, Santos, fue ministro de Defensa durante el escándalo).

Uribe ha basado su carrera política en ser oponente de la paz, y al hacerlo logró sus mayores éxitos políticos. La última vez que el gobierno colombiano y las FARC negociaron por la paz fue entre 1999-2002, en que se estuvo de acuerdo en una zona desmilitarizada bajo control de facto de las FARC, las conversaciones se centraron en San Vicente del Caguán. En este mismo período, en el 2000, EE.UU aprobó el Plan Colombia, miles de millones ($ 1.3 mil millones era dinero de EEUU, y la mayor parte era dinero de Colombia) para apoyar a los militares colombianos en su aparente lucha contra el narcotráfico. El Plan Colombia, y todos los programas de contrainsurgencia encubiertos que lo acompañaron, ayudaron a sabotear la iniciativa de paz. Cuando en el 2002 las FARC secuestraron a un senador importante, detectando un cambio en la opinión pública, el gobierno pasó a la ofensiva. Uribe capitalizó este cambio en su campaña presidencial de ese año, se presentó como el candidato anti-FARC, y ganó.

Por otra parte, Uribe no se opuso a los acuerdos de paz en un principio - él inició un proceso de paz con los paramilitares en el 2002, lo que, dado el respaldo del estado a los paramilitares (y el respaldo específico de base y aliados políticos de Uribe), era como un proceso de paz entre dos ramas de la misma organización. Este "proceso de paz" inició hace unos 12 años, y contó con algunos traspasos ceremoniales de armas viejas por parte de los paramilitares que luego fueron 'desmovilizados'. La violencia paramilitar contra los opositores del estado ha continuado más o menos la misma.

La postura de Uribe hacia las negociaciones en curso es directamente de sabotaje, tanto manifiesto como encubierto. El escándalo más reciente (en agosto de 2014) fue con un hacker, Andrés Sepúlveda, quien trabajó con los partidarios de Uribe para espiar a los negociadores en La Habana. Mientras Sepúlveda espió a las FARC, dijo, que otros militares y policía espiaron a los negociadores del Gobierno. El año pasado, Uribe tuiteó la ubicación desde donde dos negociadores de las FARC iban a ser recogidos - revelando sus conexiones continuas con los militares.

Otra amenaza importante para el proceso de paz podrían terminar siendo las encuestas de los medios. Con los años, las encuestas han mostrado una mayoría, a veces una pluralidad, a favor de un acuerdo de paz, pero también han mostrado mayorías a favor de que los líderes de las FARC vayan a la cárcel, y en contra de que líderes de las FARC entren en la política. Un principio actual de las negociaciones es que los que estaban profundamente involucrados en crímenes contra la humanidad tendrán que someterse a la justicia y pasar tiempo en la cárcel, mientras que la mayoría recibiría una condena condicional para poder entrar en la política. Las negociaciones casi se quedan sin tiempo esta vez, les hubiera pasado si Uribe y su partido ganaban las elecciones. Si las encuestas, que no siempre son confiables, empiezan a mostrar un alejamiento del apoyo a la paz de Colombia y los políticos las hacen caso, la oportunidad para la paz podría perderse.

Si las negociaciones tienen éxito, que sería un paso positivo para Colombia. El resultado podría incluir algunas reformas positivas agrarias, garantías para la oposición y la disidencia política (muy necesario en un país donde miles de personas han sido asesinadas cada año por su participación en sindicatos, organizaciones campesinas, movimientos indígenas, o partidos políticos de oposición), y el fin de secuestros de la población civil por parte de las FARC y los ataques indiscriminados. Se podría crear más oportunidades para la lucha y la reforma democrática.

Pero este proceso de paz no va a terminar con la violencia en Colombia, porque el sistema colombiano, y sus clientes de América del Norte, han venido actuando en estas dos guerras durante estas décadas: la guerra contra las FARC (y el ELN), y una guerra generalizada contra los pobres. Ha sido un largo tiempo desde que los pobres han sido representados por la guerrilla y su lucha armada. Hoy en día, tienen una enorme variedad en sus propias organizaciones, todas las cuales han sufrido una tremenda violencia a manos del Estado y paramilitares. Mientras que el gobierno colombiano reconoció esto, cuando el informe de Basta Ya fue publicado el año pasado como una "verdad incómoda", cuando Santos hablaba de "agencias estatales ‘coludidas con grupos armados ilegales, y los actos de omisión de las fuerzas de seguridad’ en algunas etapas del conflicto armado interno". Santos dijo en ese momento que "el Estado debe investigar y sancionar esta conducta con el fin de cumplir con los derechos de las víctimas de Verdad y Justicia". Pero las negociaciones no cubren realmente esta guerra, que continúa. Colombia todavía tiene millones de personas desplazadas internamente de sus tierras, las tierras que han sido reutilizadas por varias mega-plantaciones y otros mega-proyectos. Fueron desplazados a través de la masacre paramilitar. Colombia también sigue siendo un lugar mortal para líderes sindicales, activistas de los derechos humanos, indígenas, afrocolombianos, o líderes campesinos. En el 2008, en plena campaña electoral, Obama se opuso a un acuerdo de libre comercio con Colombia "porque la violencia contra los sindicatos en Colombia sería una burla de las mismas protecciones laborales que hemos insistido se incluyan en este tipo de acuerdos". Sigue habiendo decenas de asesinatos de sindicalistas cada año.

Pero el sitio más devastado por la guerra cuya paz no se está negociando es Buenaventura, una ciudad portuaria en la costa del Pacífico a través de la cual viaja la mayor parte de carga del país. La ciudad de Buenaventura es conocida actualmente por sus casas de pique, donde los paramilitares cortan en pedazos a la gente, todavía vivos, y que ha llevado a miles de personas a huir aterrorizados de la ciudad. Human Rights Watch tiene un informe sobre las casas de pique de marzo de 2014. Estos horrores no tienen nada que ver con el conflicto entre las FARC y el Estado. Estos actos son cometidos por los paramilitares supuestamente desmovilizados, y es por el control de importantes territorios en la ciudad portuaria. Un acuerdo de paz con las FARC, si se firma, no abordará el tema. A lo sumo, se podría dar un poco más de espacio para respirar a la sociedad colombiana que lucha contra la violencia.