En el México actual se vislumbran tres de los factores que Nicos Poulantzas detectó como síntomas indicativos de todo proceso de fascistización: la radicalización de los partidos burgueses hacia formas de Estado de excepción, una distorsión característica entre poder formal y “poder real, y, por último, la ruptura del vínculo representantes-representados. Mediante una violencia estatal camuflada como guerra a las drogas, Felipe Calderón introdujo primero la excepción, luego la convirtió en rutina y después la transformó en regla. Todo régimen de excepción se origina en una crisis política o ideológica, o en ambas a la vez. México vive hoy una crisis profunda. Pero la crisis venía de atrás, y se ha profundizado en la coyuntura tras los hechos de Iguala.

Acorralado por las consignas masivas pronunciadas urbi et orbi: Fue el Estado, Fuera Peña Nieto, el Presidente de la República está enojado y el general secretario de la Defensa Nacional, también. Mala cosa. El coraje les ha nublado la visión y el entendimiento de lo que está aconteciendo en México, y llevado a emitir pronunciamientos irresponsables. También los puede empujar a tomar dramáticas decisiones equivocadas.

Como en crisis anteriores ha reaparecido el vocabulario maniqueo del poder, bordado con base en un manojo de contradicciones tales como paz/violencia, orden/anarquía, estado de derecho/caos desestabilizador. Se trata de una sintaxis enmohecida que contiene un tufo autoritario y represivo diazordacista; amenazador. La violencia no tiene nada de ambigua. La violencia es. Ahí están Auschwitz, Hiroshima, Tlatelolco. O la violencia de Iguala, con sus torturados, asesinados y los 43 detenidos-desaparecidos. Pero también, en la vida cotidiana, en la relación opresor-oprimido, la violencia supone el sometimiento de éste por aquél.

Ante las circunstancias de la hora cabe recordar que no se puede desprender la violencia de su contexto político, erigirla aisladamente, presentarla como un monstruo abominable y predicar en torno a ella las viejas mentiras. Exponentes de la antigua forma de hacer política, el presidente Peña, su gabinete y los tarifados papagayos mediáticos pronuncian palabras sin contenido social que no pueden apoyarse en realidades; usan un lenguaje caducado y hablan de la violencia como si fuese algo distinto del poder del Estado y de las artes de la política. Olvidan −o pretenden olvidar− que la ley y el orden son el disfraz de la violencia del sistema. La definición que ellos aplican a una conducta que consideran como antisocial, desestabilizadora, vandálica, es la racionalización de todo un proceso de descomposición de la sociedad, que ellos mismos −gobierno y medios− han llevado a cabo, enmascarado en una ideología justificadora de las situaciones violentas que han creado.

Remedo del antiguo régimen, el nuevo PRI trata de convencernos de que la subversión es siempre el peligro latente que justifica el orden social a cualquier precio. La subversión, o sea, la “acción de trastornar, revolver, desordenar, destruir…”, siempre ha sido definida en términos negativos. El subversivo es el enemigo de la sociedad. Sin embargo, por paradójico que parezca, la gran subversiva de nuestro tiempo es la plutocracia. Los verdaderos antisociales y antihistóricos son los que mandan, los poderes fácticos, los grandes capitalistas agremiados en el Consejo Coordinador Empresarial, que el pasado 29 de octubre impulsaron un pacto para el fortalecimiento del Estado mexicano, con su llamado a acometer con energía el reto de garantizar seguridad y la vigencia plena del estado de derecho, en nombre de la modernización y el progreso. Palabrería hueca, simple retórica. El poder, el poder real, está empecinado en que nada cambie. O hacen algunos cambios que les aseguren mantener las formas de poder que detentan. Cambiar algo para que todo quede como está. Y para eso cuenta con la violencia organizada; con la fuerza bruta.

La vieja política ha cambiado de afeites muchas veces, pero no ha modificado su rostro. En ocasiones como la presente se hace visible la violencia estructural del sistema. Hasta ahora, Peña Nieto había podido absorber los conflictos por medio del acondicionamiento sociológico, la propaganda y la manipulación. El régimen había exhibido parcialmente la violencia latente; había usado el miedo y la violencia institucionalizada como herramientas para el disciplinamiento social, logrando una cierta adhesión pasiva de sectores de población que más bien se asemejaba a una sumisión servil.

Ortega y Gasset llamaba a la violencia la razón desesperada. Sin embargo, la violencia practicada desde el poder para conservar las injustas estructuras en beneficio de unos pocos, es producto de la falta de razón. De la sin razón. La violencia institucionalizada es la irracionalidad social exacerbada. Atrapado, desenmascarado por los hechos de Tlatlaya e Iguala, el régimen ha quedado desnudo. Las llamadas fuerzas del orden, exhibidas. Con base en recursos demagógicos, sofismas y mentiras, Peña y sus acólitos en los medios pretenden dividir a México entre buenos y malos, pacíficos y violentos. Llaman orden al desorden, paz al miedo, justicia al hambre y desarrollo al desempleo. Buscan seducir, persuadir, ablandar, y usan agentes provocadores y propaganda negra como bandera falsa para legitimar detenciones arbitrarias y sembrar un terror paralizante entre los jóvenes. Quieren desactivar el descontento, la protesta, la rebeldía; la digna rabia y la contraviolencia de los de abajo, que ante la violencia estructural y su corolario, la violencia institucionalizada, esgrimen la razón desesperada.

La revuelta juvenil expresa que cada día son más los que comprenden que el caos y la anarquía se han institucionalizado, y se rebelan contra ese estado de cosas. Los jóvenes saben, instintivamente, que hay algo que se llama derecho a la vida y que cuando no es contemplado hay algo que se llama derecho a la resistencia.

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2014/11/24/opinion/020a1pol