En los últimos días ha emanado un nuevo informe sobre violaciones a los Derechos Humanos en Venezuela, lo que ha desatado una fiebre de doble moral y oportunismo en nuestro país que llama profundamente la atención. 

Esto se ha manifestado sobre todo en algunos sectores del arco político chileno, verdaderamente hipermétropes, que no han dudado un segundo en salir a condenar las violaciones a los DD.HH. allá en Venezuela, a miles de kilómetros, pero que hasta ahora no han sido capaces de condenar las sistemáticas y flagrantes violaciones a los DD.HH., aquí en Chile, y señaladas por variadas organizaciones internacionales.

La vigencia de los Derechos Humanos es de carácter universal y por lo mismo condeno cualquier tipo de violación en el lugar que sea y venga de donde venga.

Y en esto, nadie puede dudar acerca de la responsabilidad de los Estados y de los gobiernos. Pero este tema tan complejo debe estar, de la misma manera, alejado de cualquier intento de utilizar políticamente el dolor de las víctimas por aquellos que son capaces de ver la paja en ojo ajeno sin ser capaces de ver la viga que tienen en el propio.

A lo largo de la historia de Chile, el sector político al cual pertenezco, ha sido víctima del exterminio físico y político por parte de gobiernos de distinto signo y por lo mismo valoro y promuevo siempre el respeto irrestricto a los DD.HH. y al derecho internacional como pilar fundamental de toda acción política.

En este contexto, no está de más destacar que el mismo gobierno de Venezuela a diferencia de otros gobiernos de la región, ha reconocido las violaciones a los Derechos Humanos cometidas en su territorio y por lo mismo ha acordado la instalación de una Misión Permanente de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU en ese país, la cual hace poco ha renovado su mandato y su trabajo conjunto con el gobierno para acompañar el proceso de superación de la grave crisis que hace ya años vive el país caribeño.

También es destacable que hasta el día de hoy la justicia venezolana, haya privado de libertad y condenado a varios cientos de agentes del Estado por las violaciones a los DD.HH., incluidos numerosos casos de tortura, ejecuciones extrajudiciales y otros que no han quedado impunes.

Ahora bien, la condena clara y taxativa a las violaciones a los Derechos Humanos en Venezuela, no debe confundirse con la complicidad que algunos manifiestan con la intervención extranjera que desde hace décadas se lleva a cabo sobre dicho país.

Ni menos con una aceptación cómplice del bloqueo ilegal y del robo del que ha sido víctima el pueblo por parte de países que, completamente apartados del multilateralismo y del Derecho Internacional, han buscado y siguen buscando generar una crisis humanitaria sin precedentes.

Con la misma fuerza, condeno las violaciones a los DD.HH. que se vienen dando hace ya décadas en Colombia, en Palestina, en el Sahara y en los últimos meses en Bolivia desde el Golpe de Estado contra el gobierno legítimo de Evo Morales, lugares que parecen ser invisibles para muchos de los que hoy nos señalan.

Por lo mismo, saludo el trabajo realizado por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, pues estipula el camino correcto, representado por el diálogo entre gobierno y la oposición democrática, por la convocatoria a elecciones legislativas para el seis de diciembre y el indulto a más de cien prisioneros que permanecían en las cárceles, a la espera de que más temprano que tarde se termine la intervención extranjera y las sanciones ilegales y puedan los venezolanos y venezolanas resolver sus problemas por la vía pacífica y alejados de toda confrontación.

De la misma manera, llamo a todas y todos los actores políticos chilenos a centrar sus esfuerzos en resolver las violaciones a los DD.HH. que suceden en Chile, a luchar por la verdad, la justicia, la reparación y la memoria de todas las víctimas de los crímenes cometidos en dictadura y también en el actual gobierno.

¿Acaso ya nos olvidamos de las golpizas, los mutilados o las muertes a manos de agentes del Estado desde el 18 de octubre de 2019?

¿Cuál es realmente el compromiso que tenemos con los derechos humanos, si en nuestro país no hay garantías para movilizarse por un Chile mejor?  

Tenemos un desafío como país, y que es mucho más urgente y necesario que pretender erigirnos en jueces de otros países con tantos o más problemas que nosotros mismos.

Ya este gobierno cometió ese error a principios de este periodo y sabemos en lo que desembocó. No es razonable que las autoridades chilenas sean tan ejecutivas para ver los problemas en otras latitudes, mientras dejan de atender las necesidades básicas, los dolores y las angustias de nuestro pueblo que es de verdad lo primero que nos debe unir.