Desde hace 22 meses Nestora Salgado García habita en el infierno. Encerrada en el penal de máxima seguridad Cefereso 4 Noroeste de Tepic, Nayarit, ocupa una pequeña celda destinada a los delincuentes de alta peligrosidad que ella combatió. Pasa 23 horas en su celda al día sin casi ver la luz del día y prácticamente incomunicada. Dispone de apenas cinco o 10 minutos para hablar por teléfono a veces.

Nestora necesita medicinas, tratamiento médico y ejercicio diario. En 2004 vio de cerca la muerte en un accidente de automóvil. Estuvo tres meses paralizada. Como secuela de ese percance, padece una neuropatía cervical aguda y mueve las manos con dificultad. Precisa atención médica adecuada y fármacos, pero no los recibe. Y, en los raros casos en que la visitan doctores, no quieren tocarla. Requiere de alimentación adecuada, pero la comida que le dan, con frecuencia echada a perder, es una porquería. Durante los primeros seis meses de su encarcelamiento sólo le permitieron beber agua de la llave.

La cárcel de Tepic es “el penal del destierro”, le escribió a Nestora su compañero Marco Antonio Suástegui Muñoz, vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), quien durante 10 meses vivió la pesadilla de estar encerrado allí mismo. “Nos deja quemando cinta”, le dijo en la misiva.

La condición de la señora Salgado García se ha agravado sensiblemente a raíz de la huelga de hambre que comenzó el pasado 5 de mayo para protestar por su injusto encarcelamiento. Desde esa fecha no prueba bocado. A sus hijas les dijo, según contó Paula Mónaco en este diario: “Si es necesario morir, pues así será, porque estoy muerta en vida”. Según su esposo, José Luis Ávila, a su mujer “se le agotó la paciencia”.

Es tan delicada su situación, que el congresista de Estados Unidos Adam Smith y la senadora Patty Murray consideran “inaceptable” que Nestora siga en prisión en un entorno que no garantiza ni su vida ni su integridad. Recriminaron que la salud de la detenida sigue deteriorándose sin que medie alguna acción del gobierno mexicano.

No obstante el peligro que corre, a las autoridades mexicanas no parece importarles lo que suceda a la luchadora social. Han hecho caso omiso del fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el que se demanda al gobierno federal que le ofrezca la atención médica necesaria. Apenas el pasado sábado, Roberto Campa, subsecretario de Gobernación, aseguró que el estado de salud de la presa era bueno.

A Nestora Salgado la encerraron porque, como aseguró Marco Antonio Suástegui, “estaba haciendo justicia y brindando seguridad a su pueblo, cosa que el gobierno actualmente no nos puede brindar”. Ella fue elegida en asamblea comandanta de la Policía Ciudadana (PC) de Olinalá. En los 10 meses que estuvo al frente de esta institución, la tasa de criminalidad disminuyó 90 por ciento y no se produjo homicidio alguno.

La comandanta está presa acusada por delitos que no cometió. Tanto así que el 31 de marzo de 2014 el magistrado del primer tribunal unitario del vigésimo primer circuito, José Luis Arroyo Alcántara, desechó las acusaciones por secuestro y delincuencia organizada, pues, determinó que Salgado actuó conforme a las facultades de la Policía Comunitaria reconocidas por la propia ley de Guerrero. Su éxito en el combate contra los malosos fue tan grande, que el entonces gobernador Ángel Aguirre corrió a tomarse una foto con ella y la puso de ejemplo de lo que había que hacer. Calificó de “heroica” la lucha de los habitantes de Olinalá.

Sin embargo, poco tiempo duraron los halagos gubernamentales. Nestora cometió el “error” de señalar al “lobo”. Ella acostumbraba a decir que, “para empezar con la seguridad, tenemos que limpiar el corral. Estamos en un corral y no sabemos quién es el lobo. Debemos empezar por investigar quién es el lobo”. Y, cuando lo averiguó, no dudó en denunciarlo.

Primero, divulgó las amenazas que los socios de políticos corruptos hacían a los empresarios locales para que se retiraran de la venta de materiales y mercancías, para monopolizar el mercado local. Después publicó un comunicado de prensa en el que denunció la implicación del alcalde y de otros funcionarios gubernamentales en el tráfico de drogas. La afrenta resultó intolerable para los narcopolíticos. La comandanta fue detenida y trasladada en un avión a una cárcel de máxima seguridad, a 3 mil kilómetros de su pueblo.

Desde el primer momento de su encierro, el proceso estuvo lleno de anormalidades. Su traslado al Cefereso no fue producto de una orden judicial, sino de una solicitud ilegal a la autoridad federal, hecha horas antes de la detención, por parte del secretario de Seguridad Pública de Guerrero, Sergio Lara Montellanos. Para el traslado, ni siquiera se le tomó parecer al juez.

La comandanta no es el único policía comunitaria guerrerense injustamente preso por luchar contra la inseguridad pública y el crimen organizado. Otros 12 miembros de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC) están encarcelados, varios en penales de alta seguridad, acusados de delitos como secuestro, portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, terrorismo y lesiones. A ninguno se le ha seguido el debido proceso.

Nestora Salgado García pudo haber vivido sin problemas el sueño americano. En 1991, con 20 años de edad, sin futuro en su tierra, emigró sin papeles a Estados Unidos. Trabajó arduamente en el estado de Washington de recamarera, sirvienta, niñera y mesera. Sin renunciar a ser mexicana, legalizó su situación migratoria y adquirió la ciudadanía estadunidense. Pero decidió regresar a su pueblo, Olinalá, y dirigir allí la lucha contra el crimen organizado y los narcopolíticos. Por ello ha debido pagar un precio muy caro. Hoy su vida corre peligro.

Pd. El gobierno federal acordó trasladar a la coordinadiora de la Policía Comunitaria de Olinalá a un centro del fuero común. Ni en ese penal ni en ningún otro debe estar Nestora.

Twitter: @lhan55