Moreno, iniciado su gobierno, instauró un diálogo con diversos sectores anticorreistas que le enemistaron muy rápido con su antiguo copartidario, quien las consideró como concesiones a la derecha y un acto de traición con la Revolución Ciudadana[1].

El objetivo de Moreno al mostrarse en las antípodas de Correa como “dialoguista y menos antagonista”[2], concluyó en una disputa por un nuevo escenario de gobernabilidad y de orientación política de la Revolución Ciudadana, que incluye el llamado a modificar la Constitución de la República, la destitución y el procesamiento judicial del vicepresidente Jorge Glass (y otros funcionarios del anterior Gobierno) y la apertura del debate sobre la orientación económica y política del poder ejecutivo, al asumir como propias algunas de las tesis sostenidas por la oposición, como la entrega del manejo del dinero electrónico a la banca privada y la propia consulta popular, dos promesas de campaña de Guillermo Lasso[3].

Rafael Correa tuvo que regresar de su actual residencia en Bélgica para liderar la oposición a la consulta popular, por considerarla inconstitucional -al no contar con el visto bueno de la Corte Constitucional que debía dar vía libre al referéndum-, y para reunir a sus copartidarios en un proyecto en defensa de la “Revolución Ciudadana” oponiéndose a la gestión de Moreno[4]. Un gran desafío para el expresidente, que deberá construir una formación partidaria en la oposición, con el sol de su Gobierno a las espaldas y con un grupo importante de sus antiguos aliados en funciones de Gobierno.

La consulta popular se convirtió en el primer tablado programático de confrontación Moreno-Correa, que de seguro marcará cambios en el mapa político nacional. ¿Qué decisión tomará la militancia de Alianza País en esa polarización? ¿Moreno logrará consenso y gobernabilidad con todos los sectores de derechas e izquierdas que apoyan la consulta popular? ¿La ruptura entre Moreno y Correa supone cambios de fondo en el programa de gobierno? Estas son algunas de las interrogantes que afloran ante la inestabilidad del momento político. Los escenarios posibles se configurarán de acuerdo a los resultados de la consulta popular y del alineamiento de fuerzas en torno a Lenín Moreno o Rafael Correa, aunque no haya aún nada definido y sigan estando abiertos a la espera del acomodo de los intereses tanto de las fuerzas morenistas, del correismo y de la derecha.

La consulta popular y el referéndum preguntarán al electorado por siete temas, con el objetivo de modificar la Constitución Nacional en lo referente a los impuestos que gravan la especulación de la tierra urbana, los derechos de la niñez y la adolescencia, la reelección, las zonas intangibles de protección a la minería y sobre el Consejo de Participación Ciudadana (temas que serán analizados más adelante). Un total de cuarenta organizaciones se inscribieron ante el Consejo Nacional Electoral: treinta y seis promoverán el Sí (entre las que están el partido de gobierno y la alianza de derechas Creo, junto a varios sindicatos), mientras que cuatro organizaciones se han inscrito como promotoras del No[5].

Para entender los alcances y los posibles escenarios políticos que generarán la consulta popular y el referéndum, es preciso analizar los tres ejes/temas sobre los cuales están encasilladas las siete preguntas de este nuevo llamado a elecciones: a. económicos-ambientales, b. judiciales y c. electorales/políticos. Para abordarlas, es preciso decir de antemano que la actitud del presidente Moreno de coincidir con postulados de la derecha en la consulta, puede ser la comprobación empírica del postulado desarrollado por Max Weber: “Quien hace política pacta con los poderes diabólicos que acechan a todo poder”, porque al analizar con detalle las preguntas del referéndum y la consulta, resultan evidentes (descubiertos con cierta facilidad) los destinatarios o beneficiarios de cada una de ellas, en especial de aquellos que, teniendo poder económico, estuvieron fuera del Gobierno por más de diez años y mantuvieron una ansiosa oposición al acecho.

El eje económico-ambiental de la consulta: Son tres preguntas que entrelazan este eje y resultan orientadoras de los posibles escenarios políticos del Ecuador[6]. La sexta pregunta propone la derogación de la ley de plusvalía, decretada por el Gobierno anterior, con la cual se gravaron las ganancias extraordinarias del valor del suelo para facilitar la adquisición de terrenos a las constructoras inmobiliarias y al Estado, destinadas a viviendas o a obras públicas, evitando así la especulación causante del excesivo valor de las viviendas y de los sobrecostos de la obra pública[7]. Derogar esta ley beneficia a las pocas familias y empresas que poseen tierras y suelos urbanos, es una típica acción de amparo para el latifundio urbano que genera especulación inmobiliaria y financiera[8]. Con esta medida, el presidente Moreno beneficiará a los bancos y a otros dueños del suelo, y complacerá de paso a los sectores políticos de derecha opuestos a la ley desde el 2015[9].

La quinta y la séptima pregunta apuntan a utilizar un tema medular en la discusión económica y ambiental sobre la exploración petrolera y el proyecto Yasuni ITT, iniciada por el propio Gobierno de Correa en 2007, pero no serán determinantes en la modificación de la explotación petrolera, pues Moreno se ha comprometido a seguir explotando (700 mil barriles diarios) con proyecciones que incluyen los pozos ubicados en el Parque Natural Yasuni, en las otrora regiones protegidas del ITT (Ishpingo, Tiputini, Tambococha)[10]. Las preguntas de la consulta, por lo tanto, pretenden recoger el apoyo de ambientalistas, ONG (financiadas por los países del norte-global donde están las principales petroleras), indigenistas y otros sectores que defendían la no exploración de recursos fósiles a cambio del aporte económico internacional –que nunca llegó –[11]. Se trata de preguntas retóricas que no prometen cambios sustanciales, pues proponen sólo disminuir de 1030 a 300 hectáreas la explotación en el Yasuni ITT y aumentar en 50 mil hectáreas las zonas intangibles, en un área que supera un millón de hectáreas, de las cuales 700 mil ya son intangibles, dejando libres cerca de 272 mil hectáreas, con proyectos petroleros en marcha, que por su tecnología sólo requieren de entre 200 y 300 hectáreas para la explotación[12].

Los ejes judiciales de la consulta: tanto la primera como la cuarta pregunta se orientan a generar modificaciones judiciales contra la corrupción y contra la prescripción de delitos sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes[13].Son preguntas diseñadas para sumar apoyos transversales a la consulta, en cuanto son cuestiones morales de interpelación sobre la base del sistema de valores de la sociedad. ¿Quién no está en contra de la corrupción o se opone a perseguir los abusos contra la niñez? Ahora bien, son preguntas que no afectan realmente el ordenamiento jurídico del país, pues existen mecanismos constitucionales y del derecho internacional (que hace parte del bloque constitucional) para perseguir la corrupción y para no dejar prescribir los delitos sexuales contra la niñez y la adolescencia[14].

¿Son preguntas para motivar la votación del Sí, o tienen otra intencionalidad? La séptima pregunta, sobre la niñez, es clara y no hay mucho que decir: es una cuestión sensible para la sociedad y no había necesidad de hacer una consulta popular para ello, ya que la Asamblea Nacional tiene las potestades para tramitar leyes de este tipo y seguro hubiera sido aplaudida si llegara por consenso legislativo. La pregunta sobre la corrupción, en cambio, está escrita como parte de la retórica del presidente Moreno -y del opositor Guillermo Lasso- en contra de los dos Gobiernos de Rafael Correa, siguiendo el mismo camino de la ofensiva neoconservadora de endilgar al progresismo el mal de la corrupción como fórmula para someterlos al escrutinio público, a la persecución judicial e impedir su retorno al Gobierno. Ya judicializado y destituido el vicepresidente electo Jorge Glass, y aun cursando procesos en contra de otros funcionarios del Gobierno anterior, el discurso anticorrupción se convierte en un discurso anticorreista.

El debate sobre la corrupción debe ser transversal, y también debe definir acciones para quienes desde la órbita privada se enriquecen con el dinero público, como los empresarios que especulan con la tierra cuando conocen los proyectos de infraestructura estatal, o cuando cobran excesivamente la tierra para la construcción de viviendas, o quienes han construido su capital con la obra pública. La corrupción es un asunto serio, que no se resuelve con inhabilitar personas en los cargos públicos. El cohecho es un delito de doble cara que debe ser juzgado por igual. A los empresarios, la inhabilidad de cargos públicos los tiene sin cuidado, en cambio, como ha ocurrido en otros países, estas atribuciones e inhabilitaciones terminan siendo utilizadas como armas para perseguir adversarios políticos, constituyendo un esquema propicio para el Lawfare o la guerra jurídica, similar a la que se vive en la actualidad en Brasil y Argentina[15].

El eje electoral/político de la consulta: Lenín Moreno propone dos cuestiones que impactan en el sistema político, y que tienden a modificar el mapa político nacional. En la segunda pregunta propone la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana y de Control y la culminación del período de sus actuales miembros, generando una designación temporal del Consejo con atribuciones autárquicas sobre su funcionamiento. Luego, en la tercera pregunta, propone modificar la actual reelección indefinida para todos los cargos públicos, a cambio de una reelección por única vez[16].

Estas son las preguntas centrales de la consulta popular, y las que tienden a definir un nuevo escenario político de exclusión del sector social y político liderado por Rafael Correa. De ser aprobadas, beneficiarán de forma directa al presidente Moreno, porque al triunfar en la consulta logrará el objetivo de vetar una nueva postulación de Rafael Correa en el 2021, deslindándose de la herencia del Gobierno de la Revolución Ciudadana de Correa, cuestión que le abre posibilidades para construir una gobernabilidad parlamentaria pactada con la derecha y otros sectores minoritarios. Moreno se puede beneficiar también porque no se inhabilita para el 2021, y ampliará su capacidad de negociación con otros sectores al controlar el Consejo de Participación y Control, en el que podrá elegir gente de su confianza y actores políticos que le ofrezcan apoyo.

De triunfar el Sí en la consulta popular, los sectores de derecha quedarán fortalecidos al ser artífices de la consulta. Guillermo Lasso la considera como propia, porque la había prometido en la campaña con temas similares. Mostrarán como un triunfo la no reelección indefinida que “descorreiza” el debate electoral, la derogación de ley de plusvalía a la que se opusieron en el 2015 con todas sus fuerzas, y les deja en condiciones de pactar con Moreno la gobernabilidad que busca con la consulta, mucho más si Alianza País se debilita por la irrupción del partido de la Revolución Ciudadana liderado por Correa.

Escenarios e incertidumbres del futuro político

Un análisis factual del escenario político, puede concluir que es probable el triunfo de Moreno en la consulta popular y el referéndum, teniendo en cuenta el abanico de sectores políticos y del poder económico que lo apoyan motivados por las reformas constitucionales que se generarán, y porque se abre la posibilidad a otras reformas o contra-reformas en temas que no son materia del referéndum. Ello vuelve colosal, pero posible, la tarea de Rafael Correa en la campaña por el No. Aunque no cuente con los recursos para pauta publicitaria, los recorridos que está realizando por todo el país y la apuesta de construir un nuevo partido (el Tribunal Electoral falló a favor de Moreno y se queda con el nombre de Alianza País), pueden generar un cisma en los restos de Alianza País y concitar apoyos en el electorado beneficiado por la estabilidad económica y social de los diez años de gobierno del expresidente.

La apuesta de Lenín Moreno por lograr gobernabilidad a partir del referéndum y la consulta popular puede tener patas cortas, por cuanto un escenario posible es la creciente ofensiva de los sectores neoliberales para seguir socavando el modelo económico de la Revolución Ciudadana, pues tienen mayores intereses que los consignados en las siete preguntas de la consulta popular: quieren revertir la ley de medios, privatizar el banco central, quitar impuestos a las empresas, y quieren ver restablecido el poder político menguado en once años fuera del control del Estado. Los aliados de Moreno en la consulta pueden ser demoledores de su Gobierno.

Una gobernabilidad circunstancial que tendrá un nuevo adversario organizado y con poder de fuego. Independiente del resultado, Rafael Correa queda atado a liderar la consolidación de un espacio político que aglutine fuerzas locales, regionales, con escala nacional, para defender los postulados económico-políticos de la Revolución Ciudadana; también está conminado a militar del todo en la política y al Ecuador, ya que al no contar aún con un partido político estructurado, no tendrá como liderar a la distancia una resistencia eficaz ante las presiones judiciales, mediáticas y políticas del Gobierno y de la derecha. La tentación de descanso y reposo no son compatibles con la intensa disputa abierta en el propio corazón de las fuerzas que lograron durante once años cambiar al Ecuador con la Revolución Ciudadana.