Las previsiones apuntan a un rápido envejecimiento de la población brasileña. Si bien en 2018, alrededor de 9,2 por ciento de los 208 millones de habitantes, tenía más de 65 años, para 2060 se espera que la cifra ascienda a 25,5 por ciento.

Sumado a ello, la esperanza de vida de los nacidos en la nación sudamericana aumentó a 75,5 años, así lo revelan datos publicados por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas.

El actual gobierno, presidido por Jair Bolsonaro, bajo el argumento de que el país está en quiebra, crisis, con un profundo déficit en la jubilación y la asistencia, impulsa una Nueva Reforma Jubilatoria, que prevé un ahorro de 265.000 millones de dólares en 10 años, según el mandatario.

Los analistas consideran que esos argumentos son similares a las sombras del Mito de las Cavernas del filósofo griego Platón. La verdad, aseveran, el país constituye la octava mayor economía mundial y posee enormes riquezas naturales y financieras.

La situación, a su juicio, podría mejorar con el combate efectivo a la evasión fiscal, el cobro a los ricos deudores y el fin de las exoneraciones injustificadas. En la actualidad, Brasil es uno de los países con mayor nivel de desigualdad de distribución de ingresos en América Latina.

Para la auditora brasileña María Lucia Fattorelli, en declaraciones exclusivas a Telesur, la reforma incluye un modelo de capitalización cuyo único beneficiario es el sector financiero y destruye la plataforma de seguridad social, construida desde la Constitución Federal de 1988.

“El actual modelo, pese a que todos participan y tienen derechos, debe ser mejorado porque el valor de los beneficios es todavía muy pequeño y millones de personas están desasistidas y en condiciones de pobreza. Sin embargo, la propuesta de Bolsonaro ignora los problemas sociales y representa un retroceso”, asegura.

Una propuesta sexista y racista

Ahora bien, ¿qué propone la Nueva Reforma Jubilatoria? La medida pretende aumentar la edad de retiro y el tiempo de contribución. “No es una reforma. Esa palabra implica avances. Es el desmonte de la seguridad, de la jubilación. Eso impactará profundamente en quien vive hoy de su trabajo”, advierte la Diputada Federal, Taliria Petroni en declaraciones a Telesur.

Argumenta, que el mercado laboral brasileño se caracteriza por la informalidad. “Proponer una contribución de 20 años como mínimo impide que, por ejemplo, no se jubile 46 por ciento de la población negra.  En 2018, 50 por ciento de las mujeres que se jubilaron por edad, no contribuyeron ni 16 años”

La activista, integrante también de la Comisión de Constitución y Justicia del Congreso Nacional, considera que las nuevas reglas reproducen un carácter sexista, racista y relacionado, infelizmente, con el pasado colonial.  

“La lógica de la repartición hoy es uno de los instrumentos fundamentales para incidir sobre las diferencias históricas. Por tanto, desmontar eso derriba la jubilación pública, universal y solidaria e impide a una amplia mayoría del pueblo el acceso al retiro, a la seguridad y a la asistencia sanitaria”, confirma.

Bajo la ley actual, las mujeres con 30 años de contribución y los hombres con 35, sin edad mínima, pueden jubilarse. Tradicionalmente, los trabajadores amparados por este sistema lo hacen, en promedio, a los 54 años.

Otro de los apartados de la legislación establece la combinación de edad y años de contribución. Por tanto, las mujeres con 60 años y los hombres con 65, y ambos con 15 años de contribución poseen las condiciones para disfrutar de su retiro.

En la nombrada Propuesta de Enmienda Constitucional, desaparece el retiro por tiempo de contribución y las mujeres tendrán que jubilarse con 62 años y los hombres con 65.

De igual manera, el tiempo mínimo de contribución ascenderá a 20 años y los trabajadores solo recibirán 60 por ciento del valor de beneficio. Para tener acceso a la jubilación integral, el obrero brasileño tendrá que contribuir por, al menos, cuatro décadas.

A juicio de los dirigentes sindicales, quienes protagonizarán el 14 de junio próximo una huelga general contra los retrocesos sociales, la propuesta de Bolsonaro y su gurú, el actual Ministro de Economía, Paulo Guedes, es cruel con el pueblo y acaba con la ayuda por enfermedad y el auxilio por maternidad; así como, con las pensiones de los trabajadores.

Exportación de un modelo fallido

La propuesta jubilatoria del ejecutivo de Bolsonaro pretende reproducir el modelo de capitalización individual, fallido en otros países del área. En Chile ocurrió un verdadero desastre previsional, afirma a Telesur el investigador chileno Recaredo Gálvez.

“Durante la dictadura de Augusto Pinochet se eliminó la seguridad social y se privatizaron las instituciones vinculadas con ese apartado. Fue así como logramos que hoy exista salud y jubilación privadas; y otros elementos significativos como la vivienda y la educación no están del todo garantizados”.

Indica, además, que empresas con fines de lucro denominadas Administradoras de Fondos de Pensión son las que, de manera exclusiva, se encargan de gestionar los ahorros de los trabajadores chilenos y destinan esas reservas a inversiones en capitales nacionales o extranjeros.

“Los únicos beneficiados son quienes están dentro del capital financiero y de los grandes grupos económicos, sobre todo, aquellos que controlan instituciones bancarias. Las personas que cotizaron toda su vida en el modelo de capitalización individual, no alcanzan siquiera a la mitad del sueldo mínimo y en promedio las pensiones no rebasan 20 por ciento del último salario”, señala.

Gálvez manifiesta que el intento de implementar ese sistema en Brasil demuestra como el interés del capital financiero, tanto en América Latina como a nivel global, recae sobre los ahorros jubilatorios. República Dominicana y El Salvador también transformaron su sistema jubilatorio en un modelo de capitalización.

Un estudio publicado en noviembre de 2018 por la Organización Internacional del Trabajo demostró que 18 de 30 países receptores de ese sistema, entre 1981 y 2014, regresaron a modelos públicos o redujeron el monto destinado a la capitalización.

Banco central independiente

La economista brasileña Sandra Quintela, recuerda a Telesur que la Reforma Jubilatoria se suma a la Reforma Laboral de 2017 y al congelamiento de los gastos públicos, promovidos durante el mandato de Michel Temer para conformar lo que ella considera “el paquete del mal”.

“Esa contrarreforma está conectada también con el desmantelamiento de otros servicios públicos, entre ellos, la salud y educación, y conforma un gran proyecto que el gobierno mismo denomina como ambicioso proceso de privatizaciones”.

Por su parte, María Lucia Fattorelli puntualiza que en una década más de 754 mil millones de reales salieron del presupuesto federal para remunerar la sobra de caja de los bancos. “Si corregimos ese valor, estará ahí el trillón de reales que Guedes quiere obtener a costa de la jubilación de los trabajadores”

Alega, además, que no existe crisis financiera en el país, y el desempleo y el aumento de la miseria resultan del manejo monetario del Banco Central. A su juicio, quieren esta estructura independiente para implementar políticas nocivas que profundizan la desigualdad social.

“Tenemos más de un billón de reales en la caja del Banco Central, dinero que esas entidades no consiguen prestar por los altos intereses de mercado impuestos a industrias, establecimientos comerciales y personas. Son las más altas del mundo y alcanzan niveles increíbles”

Las elevadas tasas impiden el financiamiento de inversiones generadoras de empleo y renta, y provocan la quiebra de industrias  que necesitan capital de trabajo para sufragar su producción.

El Banco Central acepta esa sobra de caja de los bancos y, a cambio, les entrega títulos de la deuda pública y el derecho de recibir remuneración por ello. Esa montaña de recursos, equivalente a casi 20 por ciento del PIB, queda paralizada en el Banco Central, ata a la economía del país, genera gastos diarios y deuda pública.

María Lucia Fattorelli enfatiza que si el gobierno no enfrenta ese mecanismo causante de un enorme perjuicio para las cuentas públicas, no servirán las privatizaciones del patrimonio público, pues es una deuda impagable que no detiene su crecimiento.