Generalmente opacado por sus vecinos más grandes, Uruguay es uno de los países de América Latina que en la última década ha registrado un desempeño económico destacado,  cuyo crecimiento -lento pero sostenido- se ha hecho extensivo a las mayorías. Esta realidad, sin embargo, no lo ha hecho inmune a las contradicciones y desafíos propios y regionales que se han presentado en el corto plazo.  Después de un primer salto cualitativo y cuantitativo ¿qué resta por mejorar?

Primero, hay fortalezas que subrayar:

–  Resiliencia antes choques externos.

– Senda de expansión económica estable. Entre 2003 y 2016 el Producto Interno Bruto (PIB) reportó un crecimiento promedio anual de 4,54%.

– Reducción de la dependencia comercial de Brasil y Argentina. El mercado de exportación se diversificó, hoy día el 77% del mismo se dirige hacia 15 destinos diferentes.

– Reducción de la pobreza. Desde el 2006 al 2015 la pobreza moderada se redujo en 22,8% y la indigencia es prácticamente inmedible de forma estadística.

– Aumento de la equidad. Los ingresos del 40% más pobre han aumentado mucho más rápido que el crecimiento promedio de los ingresos de toda la población.

– Políticas públicas inclusivas enfocadas en ampliar la cobertura de programas de protección social. Ejemplo: al menos el 80% de la población de más de 65 años está cubierta por el sistema de pensiones.

Si bien el 2017 no está siendo extraordinario en temas económicos, en la mayor parte de los casos, los pronósticos coincidieron con los resultados:

– En el primer trimestre el crecimiento del PIB alcanzó 4,3%, impulsado por una temporada turística récord.

– La proyección para el cierre de 2017 se mantiene en 3,2%, al igual que a inicios de año.

– Inflación. Si bien fluctuó entre 5% y 6%, se ha mantenido por debajo del límite superior del rango objetivo del Banco Central de Uruguay (7%).

– La tasa de déficit se mantuvo a raya en 3,6%, equivalente a unos USD 2.100 millones.

– El buen desempeño macroeconómico, sin embargo, se ha reflejado en menor medida en el mundo laboral, que para julio 2017 registró niveles de desempleo en 7,8%.

En segundo lugar, los pendientes:

Modernización

Después de 15 años de crecimiento sostenido, las instituciones de la administración pública uruguaya exhiben varias deficiencias en la gestión de algunos de sus procesos organizativos. De este modo, el desempeño macro necesita ser complementado con un fortalecimiento de la transparencia y eficiencia. Una transformación integral en este sentido, necesariamente pasa por la innovación de los mecanismos con los que se pueda agilizar el acceso a servicios electrónicos, optimizar su alcance y hacerlos más expeditos y asequibles a la población. En agosto pasado el Banco Mundial aprobó un préstamo al gobierno de Tabaré Vásquez por una suma de USD 12 millones a un plazo de 17,5 años, con un período de gracia de un lustro para la implementación de un plan de modernización del sector público y sus servicios,  con el que se busca continuar trabajando en la mejora de la calidad de los trámites electrónicos existentes y en alcanzar una cobertura total.

Cuentas públicas

Si bien el contexto deficitario no ahoga, aprieta un poco. A partir de ello, el gobierno aprobó un plan tributario con el cual tratará de sellar los baches sin sacrificar los bolsillos de los que menos tienen. Las modificaciones incluyen:

– Alza de la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Las tasas del IRPF aumentaron en cuatro puntos porcentuales para la franja de ingresos entre 50.100 y 100.200 pesos uruguayos, en cinco para las dos franjas de 100.201 a 250.500 pesos, y en seis para aquellas por encima de 250.501 pesos.

– Rebaja de 4 puntos del Impuesto sobre la Venta (IVA). Quedó en 18% para las compras realizadas con tarjetas de débito u otros medios electrónicos.

– Incorporación de impuestos a la actividad agrícola-ganadera, antes exentas de todo tipo de gravámenes.

En definitiva, se aumentaron los impuestos a los sectores más pudientes y se disminuyeron para los de menor capacidad adquisitiva. El objetivo es alcanzar una mejora en las cuentas públicas de al menos USD 520 millones euros, un 1% del PIB, para dejar el déficit en el 2,5% del Producto Interior Bruto en 2019. Habrá que esperar, aunque de momento el cambio resulta justo para las rentas más bajas.

Relaciones comerciales

Uruguay es uno de los países que actualmente está empujando al Tratado de Libre Comercio de Mercosur con la Unión Europea, pero además el gobierno del presidente Tabaré Vásquez ha formalizado su pedido de entrada en la Alianza del Pacífico. En ambos casos, la condena es a un intercambio asimétrico que podría hacer mucho daño al país, especialmente frente a desafíos claves en materia productiva y contribuir a empeorar los resultados socioeconómicos obtenidos por la economía uruguaya en los últimos años.