Esta semana se destapó un nuevo escándalo de corrupción en México. ¿Otro? Sí. Aunque ya no sea novedad, sirva para entender dentro y fuera del país cómo opera el capitalismo a la mexicana.

Los implicados son la empresa constructora española OHL y el Gobierno del Estado de México. Directivos de este consorcio fueron evidenciados en conversaciones telefónicas donde aseguran que inflarán  los precios del cobro de peaje y de los costos de construcción del llamado Viaducto Elevado Bicentenario, una autopista concesionada a esta empresa por la autoridad estatal para aliviar la congestión automovilística del Distrito Federal hacia el norte del país.

Esta obra fue inaugurada por el actual presidente Enrique Peña Nieto en el año 2010, cuando era gobernador de esa entidad.

No son nada menores los actos de corrupción y fraude ahí expuestos. Ambas partes hablan de aumentar en un 30% el costo real del peaje y de cobrar la obra en 653 millones de dólares, cuando su  costo fue de 261 millones.

Además, dicen que no realizarán la segunda etapa de esta autopista hasta el año 2023, pero que la cobrarán por adelantado: “vamos a meter unos gastos de una fase que nunca vamos a construir”, dice uno de ellos en las escuchas.  Así mismo, cargar al erario gastos inexistentes.

Según revelan las llamadas telefónicas, la empresa logra esto sobornando a empleados del Gobierno del Edomex. Como al secretario de Comunicaciones de la administración estatal, Apolinar Mena, a quien OHL habría pagado unas vacaciones en un hotel de lujo en la zona de la Riviera Maya, en el caribe mexicano.

OHL es la principal constructora de autopistas en el centro de México. Su auge lo tuvo bajo la administración de Enrique Peña Nieto como gobernador del Estado de México entre los años 2005 y 2011. Es con él, que la empresa española “logra la mayor parte de sus ventas en las autopistas”, cita una nota del periódico El Financiero, uno de los principales periódicos especializados en economía en el país.

¿Serán castigados los funcionarios del Gobierno del Estado de México por esta razón? ¿Alguien emprenderá una investigación contra el presidente Peña Nieto para saber si incurrió en fraude y soborno? La respuesta es simple: No.

No, aunque Peña Nieto y su secretario de Hacienda, Luis Videgaray, -colaborador suyo durante su gestión como gobernador del Edomex-, fueron descubiertos como acreedores de mansiones en la Ciudad de México superiores en valor a los 7 millones de dólares como una ganga hecha a ellos por parte del empresario constructor, Armando Hinojosa Cantú, dueño del Grupo Higa, a su vez, empresa igualmente consentida del actual presidente mexicano en su periodo al frente del Estado de México.

No, aunque el Gobierno mexicano haya abierto a  empresas de la misma calaña que OHL la concesión de obras y proyectos de explotación en territorios protegidos, como playas y campos petroleros. No. Si  por eso emprendió una reforma laboral que liquida a los sindicatos y aprueba la contratación de mano de obra a bajo costo y sin prestaciones laborales.

OHL ha puesto sobre la mesa la cabeza de uno de los directivos implicados, Pablo Wallentin, director de relaciones institucionales del grupo. Pero ni el Gobierno de México ni del Estado de México han hablado de sanciones judiciales; tan sólo la congelación del precio de sus ganancias por el cobro del peaje en la propio Viaducto Bicentenario.

Lo que más le preocupa a la empresa es el valor de sus activos en el mercado. Se habla de una caída del 20 por ciento de sus valores en la Bolsa, y que la valuadora Moody’s bajaría puntos a su calificación como capitalista confiable.

Aunque el capitalismo hace estragos en todos lados, hay países como Chile, por ejemplo, donde la presidenta Michele Bachelet corrió a todo su gabinete frente a las críticas por corrupción y desconfianza. Pero en México, la impunidad es el común denominador. Probablemente –sólo imaginariamente-, Peña Nieto en el país andino ya habría sido juzgado como defraudador.

Pero el sistema mexicano es una red de complicidades tan amplia que, un crimen económico aquí, un delito político por allá, un genocidio por acullá, es mejor que quede sin castigo porque tendría implicaciones para tal cantidad de burgueses, que podría provocar una caída de naipes. Sería como jalar una madeja: una punta desenreda todo el estambre. No. Por eso cuidan mucho quién, cómo y por qué alguien cae. Claro, como toda telaraña de intereses, no está exenta de intrigas. Podría decirse que es el pan de cada día, la sal del sistema. El juego del poder en México implica trabajo fino. Quien, como en el caso de OHL, es evidenciado, es porque realmente hay algo que arreglar, un ajuste de cuentas, un mensaje, un chantaje, una venganza… nunca se sabe.

¿Castigo? No es parte del trato. Tendría que pasar algo realmente inevitable, o tendría que explotar una insurrección para que uno, dos, todos los culpables de la crisis tengan castigo.

* Publicado en Oficio Rojo