A pesar de que no cabe duda de la importancia que tiene el sector financiero como herramienta para apalancar el desarrollo y mejorar la distribución del ingreso, el establishment financiero ha sido el menos desafiado por las políticas progresistas implementadas a lo largo de la década ganada. Podría decirse, que se hicieron importantes esfuerzos en torno al principio de poner el sector productivo al servicio de la sociedad, de corregir la regresión distributiva, se hicieron avances en términos de nacionalización o apropiación doméstica en sectores estratégicos, en términos de regulación de monopolios y en lo que hace a la defensa de intereses nacionales, etc., sin embargo, los avances en términos de regulación del sector financiero fueron en extremo moderados.

Tres razones explican este hecho. Por un lado, la fortaleza prácticamente inexpugnable de un sistema financiero global localizado en pocas capitales (le permite contar con una fiel defensa de cancillerías, medios de comunicación y juzgados permeables) y concentrado en pocos actores, lo que le facilita la coordinación y le brinda recursos ilimitados para implementar instrumentos de represalia y disuasión (CIADI, ataques especulativos, absorción de créditos y fondos buitres). El desafío que este poder le imprime a la democracia global, lo muestra la actitud coordinada por la Troika en Europa (FMI, BCE y CE)[1], que actuando en defensa de los intereses del sector financiero, primero intentó disuadir la voluntad del pueblo griego amenazándolo con el infierno del aislamiento financiero si ganaba Syriza, y luego de su primer triunfo, lo represalió imponiéndole unas condiciones durísimas e “inaceptables” que quebraron la alianza que lo llevó al poder. Con este acto de intransigencia y autoritarismo financiero -por su ribete antidemocrático-, la banca aplicó una política extensiva de disuasión y le dejó en claro a los ciudadanos de Europa, en especial a los españoles, cuál sería el infierno que enfrentarían de votar por opciones contrarias a sus intereses.

Un segundo motivo es la dificultad para regular este sector, acrecentada con las nuevas TICs, como lo ha demostrado precisamente el descontrol que desencadenó la crisis en 2008, los imparables procesos de fugas de capitales, lavado de dinero y su capacidad para contribuir a las estrategias empresarias de elusión fiscal como lo muestra el caso global HSBC. Por lo dicho, no solo parece que la banca representa hoy un poder liberado del control democrático, sino que la democracia está bajo control de la banca.

El tercer motivo, es que la existencia de otras prioridades y el período de abundancia de recursos fiscales durante la década ganada en América Latina, no ha generado la necesidad imperiosa de iniciar una política en este sentido.

[1] FMI (Fondo Monetario Internacional), BCE (Banco Central Europeo) y CE (Comisión Europea).