El precio de la soberanía: reportaje desde la frontera con Colombia
Lo que más se contrabandea es combustible y alimentos. Es lo que más rinde. Un gandola de arroz -1250 fardos de 24 kilos- oscila al ser vendida en Colombia los 30 millones de bolívares.
El pueblo El Amparo quedó grabado en la memoria popular por la masacre de quince campesinos perpetrada en 1988 por un escuadrón de policías y militares. Los hechos se conocieron por los testimonios de sobrevivientes. Una muestra de una época, de la violencia sobre los pobres. ¿Cuántas masacres más ocurrieron antes y después y quedaron ocultas?
Si algo rodeó siempre la zona de frontera fue el silencio y la impunidad. Mitos también, desconocimiento de una realidad compleja, contradictoria, alejada de Caracas. Pegada a Colombia, al borde del río Arauca, con una vida organizada con otros tiempos y códigos. Donde el pequeño contrabando es desde hace mucho un modo de vida -en ambas direcciones. La diferencia central con la actualidad, es que no era parte de un plan que ponía en riesgo la soberanía alimentaria de Venezuela. Del país, sí. De El Amparo, no. Los negocios ahí están llenos de todo, al contrario de la cercana y mucho más grande ciudad de Guasdualito.
Para llegar al pueblo se deben pasar cinco alcabalas. Solo hay una ruta que une las dos localidades. El lugar es humilde: no hay lujo salvo los carros modelo 2016. Las casas son bajas, las calles gastadas, y todo es calma.
A primera vista. Porque lo importante es lo que no ve quien es ajeno a la arquitectura social de frontera. Las viviendas cerca del río, por ejemplo: tienen cada una un portón de unos cuatro metros de alto para almacenar lo que se va a pasar. Los negocios también: varios tienen el fondo de comercio que da directamente sobre el agua. Y en varios puntos del pueblo hay estacionamientos donde las gandolas esperen la llegada de la noche para iniciar el cruce a Colombia. Los mayoristas trabajan de noche y los minoristas de día. A estos se los ve regresando en familia del cruce del río con bolsas en las manos.
-Esto es una sociedad de cómplices: el que no es gasolinero es contrabandista, el que no es contrabandista es bachaquero, el que no es bachaquero es narcotraficante, y el que no es nada de eso es familia de alguno. Explica un compañero que conoce el laberinto fronterizo.
Una sociedad entonces. Que se defiende cuando la atacan. Como en noviembre del 2013 cuando dos fiscales del Indepabis fueron asesinados por sicarios en Guasdualito. Estaban haciendo su trabajo y eso, con tanto dinero en juego, puede pagarse caro.
***
Lo que más se contrabandea es combustible y alimentos. Es lo que más rinde. Un gandola de arroz -1250 fardos de 24 kilos- oscila al ser vendida en Colombia los 30 millones de bolívares. Se ha visto pasar, en grandes cantidades, todo tipo de mercancía: cemento, tractores, insumos para la producción, comida, ganado -en la zona frente a Puerto Contreras se reúne el ganado en un corral, y cuando llegan a unos 2/3 mil se los empuja al río para que crucen a nado. Hay del otro lado lo que no se consigue de este.
El asunto de la frontera es entonces más complejo que su cierre o apertura. Lleva casi un año cerrada formalmente y, en el caso de El Amparo -paso principal del estado junto con La Victoria-, en el transcurso de los meses de cierre se estableció un nuevo ordenamiento de pagos, costos y actores.
Como siempre: con mucho silencio e impunidad.
Cruzar el puente cerrado cuesta alrededor de diez mil bolívares, oscilando según las cantidades y tipos de mercancía. Las trochas, unas cuatrocientas a lo largo del río llegando a más en verano, también tienen su precio. Los cruces son en canoa, chalupa y bongo -este último mide 50 metros de largo y 4 de ancho.
El nuevo orden implicó que todo tenga precio, desde la primera alcabala hasta tocar tierra colombiana. También para quienes necesitan ir del otro lado a comprar un producto imprescindible, como medicamentos: el pago es obligatorio. Y faltan medicinas: en el hospital de Guasdualito los pacientes, debido en gran parte al saboteo interno, deben traer la gran mayoría de los insumos para curarse. En las farmacias, se sabe, cuesta mucho conseguirlos -algunos desaparecieron hace meses.
Por eso el debate sobre la frontera cuesta. Por el entramado de complicidad que genera puntos de unión entre todas las partes, la cultura fronteriza histórica, la inmenso y oculto de los carteles de contrabando, las preguntas que rodean a quienes fueron puestos para resguardar la soberanía nacional. La medida de cierre fue correcta, pero ¿había condiciones operativas para sostenerla en el tiempo sin protagonismo popular? La respuesta, vista desde El Amparo, es que no. La sociedad de cómplices, con sus jerarquías, se reconfiguró.
***
El Amparo no es toda la frontera. Se dice que Táchira y Zulia son zonas de mayor peso, y con eso, se minimiza el impacto del contrabando por Apure. No existen números precisos de las cantidades actuales, pero es, según quienes conocen la trama desde dentro, un paso central. A veces desmerecer algo es una estrategia para esconderlo. También existen reportaje de medios opositores -como la británica BBC- que tuvieron que reconocer que en Cúcuta por ejemplo bajó el contrabando de gasolina y ganado. Un asunto tan complejo no es lineal ni similar en cada punto.
Tampoco se puede analizar el escenario solamente de este lado. ¿No es tarea de Colombia detener a quienes entren ilegalmente a su espacio nacional? Pasan con puerta abierta -pago mediante. ¿No es responsabilidad del Gobierno de Manuel Santos terminar con la libertad destructora de las casas de cambio y las gasolineras de frontera? No hay improvisación en temas tan complejos: hay millones de dólares y una apuesta política central, la de llevar a Venezuela al caos social como parte de la estrategia contrarrevolucionaria.
La frontera ya no es problema de la frontera: es un eslabón del plan de asfixia nacional articulado internacionalmente. Que tiene escala en los puertos con las importaciones, en la distribución con el otorgamiento de guías de la Superintendencia Nacional de Gestión Agroalimentaria, las empresas de maletín, la comercialización, los grandes carteles -que tienen espacios en las altas esferas de tomas de decisiones de Gobierno. Hace falta mucho más que bachaqueros de barrio y una cultura fronteriza para poner en riesgo la soberanía alimentaria de un país. La trama de complicidades es inmensa.
El objetivo cultural puede ser transformar el país en un inmenso Amparo. Convertirlo en una red de complicidad donde todos sean parte y reine el silencio. Que pierdan los más humildes y ganen los más fuertes -la antítesis de la cultura chavista.
Lo que resulta seguro entre tanta impunidad es que, como predicaba Chávez, no se podrá resolver este problema sin la presencia de un pueblo protagónico. No como apéndice o momento televisivo, sino como actor real: comunal, miliciano, productivo, contralor, con poder. Porque la unión cívico-militar se sabe es pilar del chavismo. Pero la balanza está puesta en estos tiempos casi exclusivamente en lo militar. Y, visto desde una realidad como El Amparo y Guasdualito, eso solo puede traer más preguntas y dudas que respuestas. Las guerras populares se ganan -valga la redundancia- con el pueblo en la cabecera.
Si algo rodeó siempre la zona de frontera fue el silencio y la impunidad. Mitos también, desconocimiento de una realidad compleja, contradictoria, alejada de Caracas. Pegada a Colombia, al borde del río Arauca, con una vida organizada con otros tiempos y códigos. Donde el pequeño contrabando es desde hace mucho un modo de vida -en ambas direcciones. La diferencia central con la actualidad, es que no era parte de un plan que ponía en riesgo la soberanía alimentaria de Venezuela. Del país, sí. De El Amparo, no. Los negocios ahí están llenos de todo, al contrario de la cercana y mucho más grande ciudad de Guasdualito.
Para llegar al pueblo se deben pasar cinco alcabalas. Solo hay una ruta que une las dos localidades. El lugar es humilde: no hay lujo salvo los carros modelo 2016. Las casas son bajas, las calles gastadas, y todo es calma.
A primera vista. Porque lo importante es lo que no ve quien es ajeno a la arquitectura social de frontera. Las viviendas cerca del río, por ejemplo: tienen cada una un portón de unos cuatro metros de alto para almacenar lo que se va a pasar. Los negocios también: varios tienen el fondo de comercio que da directamente sobre el agua. Y en varios puntos del pueblo hay estacionamientos donde las gandolas esperen la llegada de la noche para iniciar el cruce a Colombia. Los mayoristas trabajan de noche y los minoristas de día. A estos se los ve regresando en familia del cruce del río con bolsas en las manos.
-Esto es una sociedad de cómplices: el que no es gasolinero es contrabandista, el que no es contrabandista es bachaquero, el que no es bachaquero es narcotraficante, y el que no es nada de eso es familia de alguno. Explica un compañero que conoce el laberinto fronterizo.
Una sociedad entonces. Que se defiende cuando la atacan. Como en noviembre del 2013 cuando dos fiscales del Indepabis fueron asesinados por sicarios en Guasdualito. Estaban haciendo su trabajo y eso, con tanto dinero en juego, puede pagarse caro.
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Lo que más se contrabandea es combustible y alimentos. Es lo que más rinde. Un gandola de arroz -1250 fardos de 24 kilos- oscila al ser vendida en Colombia los 30 millones de bolívares. Se ha visto pasar, en grandes cantidades, todo tipo de mercancía: cemento, tractores, insumos para la producción, comida, ganado -en la zona frente a Puerto Contreras se reúne el ganado en un corral, y cuando llegan a unos 2/3 mil se los empuja al río para que crucen a nado. Hay del otro lado lo que no se consigue de este.
El asunto de la frontera es entonces más complejo que su cierre o apertura. Lleva casi un año cerrada formalmente y, en el caso de El Amparo -paso principal del estado junto con La Victoria-, en el transcurso de los meses de cierre se estableció un nuevo ordenamiento de pagos, costos y actores.
Como siempre: con mucho silencio e impunidad.
Cruzar el puente cerrado cuesta alrededor de diez mil bolívares, oscilando según las cantidades y tipos de mercancía. Las trochas, unas cuatrocientas a lo largo del río llegando a más en verano, también tienen su precio. Los cruces son en canoa, chalupa y bongo -este último mide 50 metros de largo y 4 de ancho.
El nuevo orden implicó que todo tenga precio, desde la primera alcabala hasta tocar tierra colombiana. También para quienes necesitan ir del otro lado a comprar un producto imprescindible, como medicamentos: el pago es obligatorio. Y faltan medicinas: en el hospital de Guasdualito los pacientes, debido en gran parte al saboteo interno, deben traer la gran mayoría de los insumos para curarse. En las farmacias, se sabe, cuesta mucho conseguirlos -algunos desaparecieron hace meses.
Por eso el debate sobre la frontera cuesta. Por el entramado de complicidad que genera puntos de unión entre todas las partes, la cultura fronteriza histórica, la inmenso y oculto de los carteles de contrabando, las preguntas que rodean a quienes fueron puestos para resguardar la soberanía nacional. La medida de cierre fue correcta, pero ¿había condiciones operativas para sostenerla en el tiempo sin protagonismo popular? La respuesta, vista desde El Amparo, es que no. La sociedad de cómplices, con sus jerarquías, se reconfiguró.
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El Amparo no es toda la frontera. Se dice que Táchira y Zulia son zonas de mayor peso, y con eso, se minimiza el impacto del contrabando por Apure. No existen números precisos de las cantidades actuales, pero es, según quienes conocen la trama desde dentro, un paso central. A veces desmerecer algo es una estrategia para esconderlo. También existen reportaje de medios opositores -como la británica BBC- que tuvieron que reconocer que en Cúcuta por ejemplo bajó el contrabando de gasolina y ganado. Un asunto tan complejo no es lineal ni similar en cada punto.
Tampoco se puede analizar el escenario solamente de este lado. ¿No es tarea de Colombia detener a quienes entren ilegalmente a su espacio nacional? Pasan con puerta abierta -pago mediante. ¿No es responsabilidad del Gobierno de Manuel Santos terminar con la libertad destructora de las casas de cambio y las gasolineras de frontera? No hay improvisación en temas tan complejos: hay millones de dólares y una apuesta política central, la de llevar a Venezuela al caos social como parte de la estrategia contrarrevolucionaria.
La frontera ya no es problema de la frontera: es un eslabón del plan de asfixia nacional articulado internacionalmente. Que tiene escala en los puertos con las importaciones, en la distribución con el otorgamiento de guías de la Superintendencia Nacional de Gestión Agroalimentaria, las empresas de maletín, la comercialización, los grandes carteles -que tienen espacios en las altas esferas de tomas de decisiones de Gobierno. Hace falta mucho más que bachaqueros de barrio y una cultura fronteriza para poner en riesgo la soberanía alimentaria de un país. La trama de complicidades es inmensa.
El objetivo cultural puede ser transformar el país en un inmenso Amparo. Convertirlo en una red de complicidad donde todos sean parte y reine el silencio. Que pierdan los más humildes y ganen los más fuertes -la antítesis de la cultura chavista.
Lo que resulta seguro entre tanta impunidad es que, como predicaba Chávez, no se podrá resolver este problema sin la presencia de un pueblo protagónico. No como apéndice o momento televisivo, sino como actor real: comunal, miliciano, productivo, contralor, con poder. Porque la unión cívico-militar se sabe es pilar del chavismo. Pero la balanza está puesta en estos tiempos casi exclusivamente en lo militar. Y, visto desde una realidad como El Amparo y Guasdualito, eso solo puede traer más preguntas y dudas que respuestas. Las guerras populares se ganan -valga la redundancia- con el pueblo en la cabecera.