Las palabras pronunciadas por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, en relación al porcentaje de migrantes presos por violación a la ley de droga, despertaron el rechazo de las comunidades migrantes en nuestro país y avivaron un debate sobre la estigmatización que este tipo de generalizaciones puede provocar. La funcionaria aseguró estar preocupada por la “concentración” de extranjeros que delinquen, pero las cifras muestran que del total de extranjeros que viven en Argentina, solo el 0,07% están presos por delitos vinculados al narcotráfico. Estas declaraciones son vertidas en un momento en el cual el gobierno nacional ha manifestado su intención de endurecer la ley migratoria aprobada en 2003 por el Congreso Nacional, que fue reglamentada en 2010.

En agosto de 2016, el gobierno había anun.ciado la firma de un acuerdo para crear un “Centro de Detención de Migrantes”, que más allá de los eufemismos, se trata de la primera cárcel para migrantes del país, similar a los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) europeos, que hoy están siendo cuestionados por los abusos a los derechos humanos que allí se cometen. Todo un cambio de paradigma, que criminaliza a los migrantes y defiende una política orientada a la expulsión. Además, la reforma propuesta busca impedir el ingreso de personas con antecedentes penales (así hayan cumplido su condena) y facilitar la deportación de aquellos que cometan delitos. Este proyecto de reforma de la ley cobró fuerza en la agenda mediática y política a fines de diciembre de 2016, luego de que un adolescente de 14 años fuera asesinado en el barrio porteño de Flores y el principal acusado del delito fue un joven de la misma edad descendiente de una familia de peruanos.

La postura del gobierno nacional se encuentra en sintonía con una corriente mundial que hace un tiempo viene planteando la necesidad de endurecer la gestión de las migraciones internacionales. Desde la directiva de retorno planteada por la Unión Europea (UE), allá por 2008, llamada también “Directiva de la Vergüenza”, que recibió numerosas críticas por contradecir derechos humanos fundamentales y elementos del estado de derecho, o la militarización de la gestión de las migraciones en el Mediterráneo, hasta el anuncio de la construcción de un muro entre México y Estados Unidos, anunciada por Donald Trump en su campaña y ratificada hace unos días al asumir su presidencia. Todas las iniciativas apuntan a reforzar la idea de la migración vinculada a la “seguridad“.

Es sobre el imaginario de un “otro” responsable de todos los males que las derechas articulan su discurso discriminatorio, pero en realidad lo que buscan son “chivos expiatorios” para los efectos generados por una economía global en recesión y la aplicación de medidas neoliberales, que han llevado a una concentración de la riqueza en manos de uno pocos, un mercado laboral cada vez más precario, la pérdida de derechos sociales.

El discurso del gobierno de Cambiemos no es para nada original y retoma el de la década del noventa, el cual afirmaba que el país era “víctima” de una supuesta “invasión silenciosa”(1) de ciudadanos provenientes de países limítrofes, sustentada en la todavía vigente en ese entonces, ley N°22.439, conocida como “ley Videla”, sancionada durante la última dictadura (1976-1983). Esta ley habilitaba la detención sin orden judicial, así como los allanamientos de hogares donde se sospechara que se encontraban migrantes irregulares, obligaba a denunciar a los extranjeros sin la documentación requerida para residir en el país. Al permanecer en situación migratoria irregular, las personas migrantes veían restringido el acceso a diversos derechos humanos en razón de las desigualdades que preveía la propia ley. El derecho a la salud, por ejemplo, sin negarse expresamente, en caso de migrantes sin residencia regular, en general se limitaba a la atención sanitaria de emergencia. De igual modo, el acceso a la educación de niños y niñas migrantes sin residencia regular se limitaba al nivel de educación primaria, ya que para estudios secundarios, terciarios o universitarios se exigía tener una residencia legal en el país (artículo 102 de la ley 22.439).

“En la Capital el delito se extranjerizó”, aseguraba el entonces director nacional de Migraciones, Hugo Franco. Por su parte, el entonces ministro del Interior sostenía: “Si no regulamos la cantidad de gente que entra al mercado de trabajo, aumenta la desocupación” y el presidente Carlos Menem (1989-1999) se refería a “indocumentados que se organizan en bandas”.

Aunque los datos estadísticos de la época contradecían estas afirmaciones, la idea se instaló con fuerza y fue base para la construcción del imaginario social que relaciona los migrantes con el “usufructo” de servicios públicos, el crecimiento de la delincuencia y la desocupación, fomentando la estigmatización de las comunidades provenientes, sobre todo, de los países limítrofes.

La ley 25.781 significó un cambio radical en la manera de contemplar el fenómeno migratorio, cambiando el paradigma para abordar la temática, dejando de lado el carácter restrictivo y persecutorio que tenía la “Ley Videla”, instalando una nueva política migratoria nacional cuyos cimientos son el respeto irrestricto a los derechos humanos y la construcción del migrante como un sujeto de derecho. La ley 25.781 establece que la migración es un derecho humano. En su artículo 4, la ley establece: “El derecho humano a la migración es inalienable de la persona y la República Argentina lo garantiza sobre la base de los principios de igualdad y universalidad”, obligando al Estado a garantizar condiciones dignas de vida, en este caso es el Estado el que “reconoce” el derecho a migrar e iguala derechos y obligaciones con los nacionales. La obligación de denuncia que pesaba sobre los organismos públicos en la ley anterior fue reemplazada por un deber de asistir a los y las migrantes para que puedan regularizar su situación migratoria.

El paradigma plasmado en la ley 25.781 se enfrenta hoy con numerosos inconvenientes en materia de inclusión de los migrantes. No solo por la utilización política que el gobierno intenta hacer en un año electoral, sino también porque los medios operan muchas veces como perpetradores de esa exclusión que al menos desde lo jurídico, se intenta combatir. Por ejemplo, en la tendencia a indicar la nacionalidad de quien es imputado en un delito grave o violento, siempre y cuando se trate de un extranjero -y sobre todo de determinadas nacionalidades-, haciendo hincapié en ese dato más que en el hecho en sí, a los efectos de abordar públicamente el asunto. En cambio si el sospechoso -imputado o acusado- es argentino, el dato de la nacionalidad parece no tener relevancia alguna. Este proceder estigmatiza, y crea la percepción que quienes delinquen son los extranjeros y no los argentinos. Y lo que es peor aún, se genera la idea de que los “extranjeros” vienen a delinquir a nuestro país.

1. Revista “La Primera de la Semana”, dirigida por Daniel Hadad, 4 de Abril de 2000. Bajo el título “La invasión silenciosa” la nota sugería que la alta desocupación que sufría el país se debía a la presencia de extranjeros indocumentados.